Los más de 180 mil habitantes de la ciudad de Osorno entraron en el quinto día sin agua potable con un creciente malestar que saca a flote el problema de la propiedad del líquido en Chile.
La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) anunció que hoy martes comenzará a bombear el agua tras realizar la renovación de los filtros dañados por una fuerte contaminación, pero advirtió que solo mañana se restablecerá el servicio.
El jueves pasado más de mil litros de petróleo fueron a parar a una planta potabilizadora y al río Rahue, de donde esta se abastece.
Ante la lentitud de Essal de aplicar las medidas para mitigar la emergencia, el Gobierno se vio obligado a decretar alerta sanitaria y mover recursos para abastecer de forma alternativa a la población.
En la ciudad fueron suspendidas las clases, el principal hospital de Osorno tuvo que remitir a los pacientes a otras instituciones y atender solo a los de terapia intensiva, y hoteles, bares y restaurantes cerraron sus puertas.
A causa de los muchos problemas ocasionados por el corte del abastecimiento cientos de personas marcharon por el centro de la ciudad demandando “el agua como derecho, no como negocio” y “fuera Essal, el agua estatal”.
Según trascendió, la empresa privada Essal acumula en los últimos años el pago de más de tres mil millones de pesos chilenos (alrededor del cinco millones de dólares) por 85 multas debido al mal servicio.
La crisis sacó a la palestra el tema de la propiedad del agua en Chile, único país donde este recurso está en manos privadas, y coincide con los análisis en el Senado de unas modificaciones al Código de Aguas, propuestas en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que pretenden corregir en alguna medida esa situación.
Sin embargo, organizaciones empresariales pusieron ya el grito en el cielo porque, según plantean, tales modificaciones vulnerarían “el derecho de la propiedad”, pues proponen que los derechos permanentes pasen a ser concesiones, incluyen la caducidad de estos y cambian el término de propiedad por el de titularidad.
Especialistas consultados por el conservador diario El Mercurio señalan que efectivamente esa legislación debilita la propiedad privada sobre el agua, pero Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales, advierte que a corto y mediano plazos será necesario regular de forma aun más drástica el uso del vital líquido.
Explica que a medida que disminuye la disponibilidad de agua en el país quienes controlen ese recurso aumentarán enormemente su precio y gran parte de la población no podrá acceder a ese recurso, lo cual es un derecho establecido mundialmente.
Concluye que en Chile es necesario velar ‘no solamente porque sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad, el cual, por consiguiente, también se vería afectado si falta agua’.
Por Rafael Calcines Armas.
Santiago, 16 de julio de 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.