Un enorme revuelo provocaron las declaraciones del senador Alejandro Navarro Brain en el Encuentro del Foro de Sao Paulo desarrollado en Caracas. “Tenemos una Constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar. Labrada a sangre y fuego en dictadura, y que aún los chilenos no hemos podido acabarla y cambiarla”, declaró. Estos comentarios desencadenaron cuestionamientos de los partidos de la derecha y la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Pidieron la revocación del congresista como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Hace casi 40 años hubo un notable chileno que pagó con su vida consideraciones similares sobre la Constitución. Se llamaba Eduardo Frei Montalva y había sido Presidente de Chile.
El 10 de agosto de 1980, en discurso transmitido por cadena nacional, Augusto Pinochet anunció la realización de un plebiscito para imponer una nueva Constitución Política: sería el siguiente 11 de septiembre, cuando ya se cumplían siete años del golpe de Estado. Eduardo Frei se indignó. Su inmediata convicción fue que el texto constitucional y el mecanismo determinado para imponerlo carecían de toda legitimidad democrática.
El 27 de agosto Frei encabezó un acto multitudinario en el Teatro Caupolicán de Santiago para expresar su rechazo a la Constitución de la tiranía, en lo que fue el único acto público opositor tolerado durante el mes previo al plebiscito. “Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos. Esta es una ocasión solemne. Representamos hoy día la continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría”, comenzó.
Explicó: “Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante (Pinochet), fue después modificada por el Consejo de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban un sector muy limitado de la ciudadanía. La Junta Militar, por último, revisó esos textos para terminar elaborando uno que empeora aún más las proposiciones que le fueron presentadas”.
Señaló que, durante el período previo a la entrada en plena vigencia de la Constitución (es decir, en 1990), la dictadura podría “dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen la Constitución propuesta, las que se refieren, entre otras materias decisivas, al Tribunal Constitucional, al sistema electoral y al Tribunal Calificador; a la organización de los partidos políticos; al funcionamiento del Congreso; al Poder Judicial; a la Contraloría General de la República; al Banco Central; y a las entidades regionales y municipales. Es decir, quedará en sus manos conformar las instituciones más importantes de la vida de la nación”.
“Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla”, denunció.
Al mismo tiempo, Frei aseveró que “este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad”. Dijo que no era válido, “porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia”; “porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo”; “porque no existen registros electorales”; “porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el Jefe de Estado”; “porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario, y después del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo”; “porque están proscritos los partidos políticos y, en consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación”; “porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas”; “porque no existe libertad de información ni de expresión”; “porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros”.
“Una minoría impone así a la inmensa mayoría del pueblo una fórmula política, económica y social”, resumió. Añadió más adelante: “Aprobar esta Constitución (…) es una opción que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti–Historia. Nuestro país ha seguido en sus 170 años de vida republicana un proceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar la democracia, asegurar la libertad y el imperio del derecho e integrar a todas las clases sociales en un progresivo desarrollo”. En este sentido, acusó: “El proyecto en plebiscito refleja el espíritu que inspira a sus autores: ellos no creen realmente que el pueblo chileno tenga capacidad para pensar, opinar, decidir y elegir”.
Frei propuso entonces una alternativa para “encontrar un camino que nos permita ser lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias”. Propuso la inmediata organización de “un gobierno de transición cívico militar”, para que, una vez constituido, “se elija por votación popular una Asamblea Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión”.
“La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz y en orden; que se respeten sus derechos; que desaparezca el temor que corrompe las almas. Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoría comprende que es necesario un consenso fundamental que permita rehacer toda nuestra vida política”, afirmó.
Advirtió con toda claridad que si los planteamientos formulados “no se contestan o se rechazan, este plebiscito no será válido, y tampoco lo serán sus resultados”.
En la misma oportunidad, insistió “a pesar de la reciente negativa, que se nos permita presentar esta opinión a través de la Televisión Nacional que mi gobierno instaló a través de todo Chile para uso de todos los chilenos. No la pedimos para cualquier ocasión. En las elecciones de 1970 todos los candidatos pudieron aparecer en los canales de televisión. Este plebiscito es tanto o más importante que una elección presidencial. Más aun, pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el Jefe del Estado. Estos debates son comunes en todas las democracias (…) Si se aceptara esta proposición que formulo se respondería a la tradición democrática de Chile y se contribuiría a esclarecer el significado de las distintas opciones que se presentan y la naturaleza del plebiscito a que se nos convoca”. Por cierto, la tiranía jamás respondió.
Concluyó señalando que la conciencia democrática “seguirá creciendo después del 11, y su marcha profunda no podrá ser detenida”.
El 22 de enero de 1982, Eduardo Frei Montalva abandonó este mundo. Hoy se sabe que fue un homicidio, cuyo móvil guarda relación con el protagonismo opositor que comenzó a desempeñar desde que desconoció la validez del plebiscito para imponer la Constitución y la legitimidad del texto constitucional, desde cuando clamó por una salida democrática y Asamblea Constituyente en el Teatro Caupolicán.
Esa noche del 27 de agosto de 1980, en el coliseo de la calle San Diego, lo escuchaba un joven empresario de 31 años, que asistió acompañando a su padre. Se llamaba Sebastián Piñera Echeñique.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista.
Santiago, 1 de agosto 2019.
Crónica Digital.
La Transición a la Democracia en Chile finalizará cuando realmente los sectores democráticos desarrollen las condiciones para instalar una auténtica Asamblea Constituyente en la que participen todos, absolutamente todos los sectores de la sociedad y sea capaz de redactar una nueva Constitución. Ley Fundamental que debe ser profundamente democrática, participativa, multiénica y pluricultural y aprobada en un plebiscito por el voto popular. Una Constitución que establezca con nitidez que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
Chile jamás podrá dictar pautas Democráticas y de Humanismo y mucho menos, ser reconocido como un país de Derecho y Justicia mientras sostenga una Constitución dictada por una dictadura que avasalló los DDHH de un pueblo y pone entredicho la Independencia y la Soberanía.