Brasil y el mundo quedaron atónitos con la disparada de la deforestación y las quemas en la Amazonia durante estos primeros meses del Gobierno de Bolsonaro. El INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Especiales) informa, que de enero a agosto del presente año, la deforestación alcanzó las 533,1 mil hectáreas, lo que correspondió a un aumento del 71% respecto al mismo período de 2018. En lo que se refiere a las quemas, en el mismo período el aumento fue del 83%, con 72.843 focos de incendio.
Las quemas que consumen la Amazonia inciden, sobre todo, en las áreas recientemente deforestadas y forman parte de un ciclo que se cierra con la implantación de pasturas, muchas veces sobre áreas públicas. Ese proceso devastador, fuertemente contenido en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), resurge ahora como un reflejo de la insensatez política, del obscurantismo científico y de las opciones políticas del gobierno de Bolsonaro. Los datos del INPE fueron cuestionados, los órganos de fiscalización perdieron autonomía, los agentes de la devastación se sienten autorizados por el presidente y se han vaciado las políticas de combate a la deforestación.
Cuando fue electo, en 2003, el Presidente Lula hizo una opción estratégica de revertir el modelo de desarrollo predatorio que predominaba en aquella región, adoptando una política que combinó el combate a la deforestación con la inducción de un nuevo patrón de crecimiento económico en bases sostenibles.
Esta política fue mantenida por la presidenta Dilma y los resultados comprueban su eficacia. En el período de 2004 a 2015 la deforestación anual pasó de 27,8 mil km² a 6,2 mil km², una reducción del 77%. La caída de la deforestación estuvo acompañada del crecimiento de la ganadería y de la producción agrícola. El efectivo vacuno regional creció a tasas del 2,1% al año, pasando de 64 millones de cabezas de res en 2003 a 84,2 millones de cabezas en 2015 (31,4% en el período). En el mismo período, la producción de los cultivos temporales creció a una tasas media anual del 5,8% al año, saltando de 49,4 millones de toneladas a 102,2 millones (un crecimiento del 107%). Esos resultados contribuyeron para la reducción del 42,3% de las emisiones de CO2 equivalente durante los gobiernos del PT, indicando cabalmente la posibilidad de conciliación entre los objetivos ambientales y económicos del desarrollo.
Gracias a la política de los gobiernos del PT de enfrentamiento de la deforestación, Brasil hizo un decisivo aporte al desafío climático, conquistando protagonismo y liderazgo en el ámbito de la agenda global por la sostenibilidad. Ese proceso reafirmó la soberanía nacional, amplió los espacios de la cooperación internacional y de la participación de la sociedad civil en las instancias de formulación y ejecución de las acciones adoptadas.
Ahora, el gobierno de Bolsonaro enviste contra las políticas e instituciones ambientales que heredó de los gobiernos anteriores, incluidos los que antecedieron al PT, poniendo en riesgo la mantención de la mayor selva tropical planeta. Frente a los ruegos internos y externos por un cambio de rumbo en su devastadora e incendiaria política, exalta una nacionalismo reaccionario, conspiratorio y anacrónico. En lugar de fiscalizar y punir a los responsables de la deforestación y de las quemas –que actúan envalentonados y motivados por la permisividad de su política antiambiental– ataca a las organizaciones de la sociedad civil, a los aliados internacionales y afronta los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. El desmantelamiento promovido en las políticas de reducción de la deforestación y de preservación de la Amazonia, a partir del vaciamiento de organismos como el Ibama y la Funai, sumado a la polémica con el INPE, representa un peligro para los compromisos internacionales asumidos por Brasil.
A principio de año, Bolsonaro ya había anunciado que Brasil no sería más la sede de la Conferencia del Clima de la ONU, la COP-25, amenazando incluso con salir del Acuerdo de París, yendo a contramano del esfuerzo mundial para contener el cambio climático.
Brasil, que en los gobiernos del PT pasó a liderar esos esfuerzos, ahora perdió el apoyo de Alemania (que congeló 155 millones de reales) y de Noruega (133 millones de reales) para el Fondo Amazónico, responsable de financiar la fiscalización de la deforestación ilegal. Ambos países lideraban las donaciones desde el pacto firmado en 2008.
En medio de la grave crisis económica que vive Brasil, Bolsonaro tampoco parece tener miedo de poner en riesgo el acuerdo recién firmado entre Unión Europea y Mercosur, para el cual la preservación de la Amazonia es una condición. Tras meses tensionando con la diplomacia francesa, Macron decidió poner el tema a debate en la próxima reunión de cúpula del G7, de la cual Brasil no participará.
Ante tal cuadro de retrocesos, el Partido de los Trabajadores se suma al amplio movimiento en defensa de la Amazonia deflagrado por la sociedad civil, la clase política y la comunidad científica en todas partes, convencido de que la verdadera amenaza a la soberanía nacional no está en la grandeza de defender la contribución de la Amazonia para el conjunto de la humanidad, sino en las políticas entreguistas y en el desmantelamiento de las instituciones que está poniendo en práctica el gobierno de Bolsonaro.
Por Nilto Tatto. El autor es Diputado, Secretario de Medio Ambiente del PT y Coordinador del Frente Parlamentario Ambientalista del Congreso Nacional de Brasil.
Brasilia, 26 agosto 2019
Crónica Digital.
