La Comisión de Agricultura del Senado de Chile decidió hoy reactivar la votación de un proyecto de reformas a un caduco Código de Aguas, para enfrentar la seria crisis hídrica que padece el país.
La tramitación de la reforma a esa legislación, que data de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se encontraba estancada en el Senado desde hace dos años por los reparos interpuestos por sectores políticos cercanos a los intereses empresariales.
La intención de acelerar ese trámite tiene como trasfondo la fuerte sequía que ya llevó al gobierno a declarar emergencia agrícola en las regiones de OHiggins, Coquimbo, Valparaíso y en 17 comunas rurales de la Metropolitana, a lo que pudieran sumarse otras igualmente afectadas por la falta de agua.
Las modificaciones que se pretende aprobar al Código persiguen garantizar el uso de ese recurso para consumo humano y pequeños agricultores y flexibilizar al menos el ferreo control que tienen sobre el agua las empresas privadas.
El presidente de esa Comisión, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, destacó que en Chile hay numerosas zonas donde las personas no tienen acceso a sistemas de agua potable, precisamente por esta explotación por parte de entidades privadas, de ahí la necesidad de garantizar un adecuado empleo del líquido.
Por eso, en la Comisión de Agricultura estamos aprobando en particular el proyecto que reforma el Código para garantizar un adecuado uso de este recurso», explicó.
Por su parte, la senadora Adriana Muñoz, del partido por la Democracia, cuestionó que en comentos en que el país prepara una cumbre mundial sobre cambio climático para diciembre, no haya incluido el tema del abastecimiento del agua en la agenda del evento.
Según reportó Radio Biobío, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván flores, quien había pedido al presidente Sebastián Piñera declarar a Chile en emergencia climática, solicitó este miércoles al Senado acelerar la aprobación de las reformas al Código de Aguas, que ya se aprobaron en la Cámara baja.
Asimismo, sentenció que es necesario «garantizar a la ciudadanía cómo vamos a administrar el agua para todos, primero las personas, después la producción y, muy posterior, la propiedad o quienes quieran intentar adueñarse de ella».
Sectores cada vez más amplios del país reclaman que se asegure en la Constitución el uso del agua como un bien público y que no quede en manos privadas como ocurre actualmente.
Asimismo piden que la explotación del líquido por las empresas sea por tiempo definido, no a perpetuidad, lo que es rechazado por las grandes empresas agrícolas, las principales consumidoras, que alegan que ello atenta contra el derecho de propiedad.
Santiago de Chile, 29 de agosto 2019
Crónica Digital /PL
