La Independencia Nacional debiera ser celebrada con la jura de la Independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818. O bien en conmemoración de la Batalla de Maipú, el 5 de abril del mismo año. Incluso ambas fechas pudieran ser motivo de conmemoración. De hecho, el establecimiento del 18 de septiembre para la celebración oficial de las Fiestas Patrias se consolidó más de un siglo después de la formación de la Junta de Gobierno en 1810.
La Junta de Gobierno de Chile, oficialmente denominada “Junta Provisional Gubernativa del Reino”, fue el cuerpo colegiado formado para administrar la Capitanía General de Chile y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses del Rey Fernando VII de España luego de su captura por Napoleón Bonaparte.
El Cabildo que dio origen a la Junta de Gobierno fue iniciado por la renuncia de Mateo de Toro y Zambrano a su cargo de último Gobernador del Reino de Chile, responsabilidad que había asumido el 16 de julio de ese año, debido a la dimisión de Francisco García Carrasco. Luego, el procurador José Miguel Infante manifestó a la asamblea que lo más conveniente para los intereses del rey era la creación de una Junta de Gobierno. La propuesta fue aceptada por aclamación de los asistentes, bajo la consigna de “¡Junta queremos!”.
Así, se acordó organizar una Junta Provisional Gubernativa del Reino formada por nueve miembros, todos en nombre del rey Fernando VII. ¿Su presidente? El mismo Mateo de Toro y Zambrano, que había sido la última autoridad realista (al servicio de la Monarquía hispana) en la Capitanía General de Chile.
El propósito de la Junta, según el Acta del Cabildo de Santiago del 18 de septiembre de 1810, era inequívoco: “A ejemplo de lo que hizo el señor Gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el Gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observancia de las leyes y la conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado monarca, el señor don Fernando Séptimo (…) defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia (…) Los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del señor Don Fernando Séptimo, a quien estará siempre sujeta”.
El juramento de la Junta es elocuente: “¿Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor; conservar y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al Supremo Consejero de Regencia como representante de la majestad Real?”…
La inspiración de la iniciativa fue la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino de España, formada en septiembre de 1808 en Aranjuez para ejercer los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación napoleónica. En ella había representantes de las juntas que se habían formado en las provincias españolas, como reacción a la ocupación gala de la península. Ello se replicó en las colonias hispanas de América, como en el caso de Chile.
Pasó a llamarse Consejo de Regencia de España e Indias en 1810 y era el nombre que tenía al momento de la formación de la Junta chilena.
¿Tuvo alguna influencia en la Independencia Nacional? Por cierto, pues fue la primera forma de gobierno surgida en forma autónoma en Chile desde su conquista por parte del imperio español, permitiendo por primera vez el protagonismo político de la aristocracia criolla en la vida pública. Aunque se constituyó como forma de defensa de la Monarquía española, abrió espacio para las ideas autonomistas y generó las condiciones para iniciar un ciclo de reformas que desencadenó finalmente el proceso independentista.
En verdad, el Acta de Independencia de Chile, fechada en Concepción el 1 de enero de 1818, fue firmada y aprobada por el Director Supremo Bernardo O’Higgins en Talca el 2 de febrero siguiente, y oficialmente proclamada y jurada en Santiago el 12 de febrero del mismo año, en el primer aniversario de la batalla de Chacabuco. A pesar de aquello, la guerra revolucionaria de los patriotas contra el ejército realista se prolongó y fue resuelta en forma definitiva en favor de la causa independentista el 5 de abril de ese año, como resultado de la victoria patriota en Maipú.
El 12 de febrero fue establecido como festivo el 5 de febrero de 1821 por el “Reglamento para solemnizar el Aniversario de la Declaración de Independencia”, publicado entonces el Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno.
No existe registro oficial de la proclamación del 18 de septiembre como día festivo, pese a lo cual era recordado el hecho de 1810, en particular a partir de un decreto de 1823.
Las fechas del 12 de febrero y el 5 de febrero tuvieron problemas para su implementación por su cercanía y/o coincidencia con fiestas religiosas (Cuaresma y Semana Santa). A ese respecto, es necesario recordar que durante un largo período luego de la Independencia se mantuvo en pie una de las instituciones de la época colonial (el reconocimiento de la Iglesia Católica Romana como religión oficial del Estado).
Un decreto del 14 de agosto de 1824 oficializó el 12 de febrero y el 18 de septiembre como festivos, eliminando el 5 de abril, mientras que un decreto del 8 de febrero de 1837 eliminó además el 12 de febrero.
La decisión fue fustigada ácidamente por connotadas figuras. El compositor José Zapiola criticaba que se festejara la fecha de la jura de fidelidad al monarca español y no aquellas en que Chile había obtenido su libertad en los campos de batalla: ¡Pobre 12 de febrero, pobre 5 de abril, que nos disteis patria e independencia: ¡inclinaos ante el godo 18 de septiembre, que no nos dio nada!”. Por su parte, el escritor Vicente Pérez Rosales, autor de “Recuerdos del Pasado”, escribió en la obra: “Cada vez que celebramos en Chile los días patrios de septiembre, acuden sin esfuerzo a mi memoria las solemnidades con que celebraban los patriotas del año de 1824 el ya casi olvidado 12 de febrero, día que, cual ningún otro, ostenta títulos que le hacen merecedor al más justo y cumplido acatamiento del hombre chileno (…) El 12 de febrero del año 1817 el Ejército Libertador, después de resolver con pericial arrojo el problema del paso de los Andes a la vista del enemigo, nos dio en Chacabuco la libertad que el 12 de febrero del siguiente año sancionó el país con la solemne Jura de nuestra Independencia”.
Desde la asunción de José Joaquín Prieto en 1831 hasta Pedro Montt en 1906, el 18 de septiembre era la fecha para el cambio de mando de los Presidentes de la República.
Finalmente, la Ley N° 2977 del 1 de febrero de 1915 definió el 18 de septiembre como “conmemoración de la Independencia Nacional” y el día 19 como “celebración de todas las glorias del Ejército”. Ramón Barros Luco era entonces Presidente de la República y fue uno de sus legados de larga duración.
Imagen: Wikipedia.
Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista.
Santiago, 18 de septiembre 2019
Crónica Digital.
