La firma de un acuerdo para la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz adoptado en Venezuela muestra la vocación pacifista de un Estado que ve su soberanía amenazada.
Falsos positivos, intentos de atentado, amenazas y la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para justificar una intervención militar extranjera son algunas de las acciones más visibles de una política agresiva liderada por Estados Unidos que como espada de Damocles cuelga sobre esta nación.
Luego de que el 11 de septiembre el representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, Gustavo Tarre, propuso la activación del TIAR contra Venezuela, quedó al descubierto los verdaderos intereses de la administración estadounidense de Donald Trump contra el país.
Sólo la dignidad y los principios de un grupo de naciones, echó por tierra las intenciones de la Casa Blanca de encontrar en la comunidad internacional el apoyo para iniciar su cruzada y justificar sus planes guerreristas, con numerosas voces que se alzan por estos días desde los más recónditos lugares del planeta para manifestar su rechazo contra ese instrumento.
La Cancillería venezolana inmediatamente denunció la “despreciable decisión de un pequeño grupo de gobiernos de la región que, alineados con los intereses del Gobierno supremacista de Estados Unidos, invocó la activación de un instrumento tan desastroso de la historia de nuestro continente”.
Recordó la historia del TIAR en América Latina y el Caribe, impuesto por Washington en la época de la llamada Guerra Fría, cuyo propósito era legitimar las intervenciones militares por razones ideológicas, como ocurrió en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961, en República Dominicana en 1965, en Granada en 1983 y en Panamá en 1989.
En un comunicado oficial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó categóricamente “la espuria e írrita activación del Tratado, provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar, cuyo propósito es derrocar al Gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro, Presidente constitucional de Venezuela”.
“El TIAR es un instrumento anacrónico y falaz, un subterfugio diseñado por el imperio norteamericano para garantizar sus propios intereses hegemónicos. Sin embargo, durante la Guerra de las Malvinas en 1982, los Estados Unidos no vacilaron en traicionar a Argentina y alinearse con el Reino Unido, evidenciando de este modo la pérdida de legitimidad y vigencia de este pacto” refiere el texto.
En el comunicado, se recuerda además que fueron esas las razones que llevaron al Comandante Hugo Chávez, a retirar al país de ese ente, junto con los Estados miembros de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (alba).
Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela en declaraciones a Prensa Latina calificó el instrumento de “obsoleto, intervencionista y agresivo que ha pasado al basurero de la historia como método de intervención contra los pueblos”.
Naciones como México, Bolivia, Rusia y otras; movimientos sociales, partidos políticos y personalidades mundiales denunciaron el verdadero interés de la OEA y Estados Unidos con la activación de ese tratado.
Cuba emitió una declaración rechazando la calificación de Venezuela como “una amenaza para la paz y la seguridad en el hemisferio”, y destacó que es la Doctrina intervencionista Monroe utilizada por la Casa Blanca y la hostilidad hacia Caracas lo que realmente ponen en riesgo la paz y la seguridad regional.
“Nuevamente, la desprestigiada OEA es el vehículo para esta ignominia donde un grupo digno de gobiernos se opuso a esta decisión”, refiere el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En tanto, el presidente del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur, Daniel Caggiani, consideró que era una acción violatoria del derecho internacional.
El TIAR, firmado en Brasil en 1947, establece que un ataque armado a un Estado americano será considerado como una agresión contra todos los países de la región, en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer frente en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
Una vez más, se sataniza a una nación y se le califica de “amenaza”, en un burdo intento por justificar una agresión armada, como otrora se hizo contra Iraq, Libia y otros países, declaró a esta agencia el periodista venezolano Iván Padilla, al analizar el hecho.
Por Yadira Cruz Valera.
Caracas, 18 de septiembre 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
