Diputados del PPD llama al gobierno a destrabar elección de gobernadores

A un año de que se realicen las elecciones de Gobernadores Regionales, las cuales están fijadas para octubre de 2020, la Bancada de Diputados del PPD, encabezada por Ricardo Celis, manifestó su preocupación ante la escasa reacción del gobierno por efectuar las modificaciones legales que permitan su adecuada implementación.

«Creemos que el gobierno no le ha puesto sentido de urgencia a este tema, lo que nos tiene sumamente preocupados, debido a que el tiempo avanza rápidamente, sin que veamos respuestas concretas. En ese sentido, nos inquieta que aún no se tome en cuenta el informe del Comité de Expertos, formado para entregar propuestas sobre ajustes legales», afirmó el diputado Celis.

El parlamentario señaló que «además lamentamos que el Gobierno esté manifestando poca voluntad para el envío de una Ley Corta que mejore la Ley de Transferencias de Competencias. Asimismo, nos preocupa que el gobierno no haya cumplido y no esté disponible a cumplir su compromiso adquirido en diversas instancias de enviar la Ley de Rentas Regionales a fin de focalizar los recursos que cada región produce en los objetivos de cada región». 

«Instamos al gobierno a tomar a la brevedad posible, el desafío de avanzar hacia un verdadero proceso de descentralización nacional, como una gran tarea nacional, destinada a enaltecer y reconocer el gran aporte que realiza cada una de las regiones del país al desarrollo y engrandecimiento de Chile», indicó el legislador.

Por su parte, el diputado PPD y Presidente de la Bancada Regionalista de la Cámara, Rodrigo González, agregó que «nos inquieta que no se haya entregado respuesta a la carta que 8 organizaciones que forman parte de la alianza por la descentralización enviaran en julio del presente año, y en la cual se especifican los puntos que consideran necesarios para perfeccionar la calidad y transparencia de la política, profundizando nuestra democracia e impulsando decisiones que irán en favor de las economías regionales y locales».

«Las Bancadas Regionalistas de la Cámara y el Senado han decidido ante esta actitud vacilante y poco clara del gobierno enviar dos mociones para modificar la ley de Contraloría y la Constitución, para que sea el contralor quien resuelva contiendas de competencias, de tal manera de brindar a los futuros gobernadores el mejor escenario para ejercer sus labores, cuya función fundamental va a ser representar por primera vez a las regiones con sus interesas frente a un gobierno central que reiteradamente desconoce la realidad de las regiones», concluyó el diputado González.

Santiago de Chile, 10 de octubre 2019
Crónica Digital

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Por Manuel Riesco Esto es el fin, mis amigos, es el fin. Se confirmen o no, los recursos de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y la enfermera Beatriz Valenzuela de Punta Arenas, No+AFP y La Casa Común, acogidos por las cortes de apelaciones respectivas, ponen fin a la ilusión de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales. Disfrazada de “capitalización individual” ha justificado su expropiación por parte del gran empresariado. Para restablecer el sagrado derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus salarios lo principal es recuperar las cotizaciones corrientes. Esta parte del salario está destinada exclusivamente a sostener dignamente a los trabajadores jubilados. El Estado las impone obligatoriamente sólo a trabajadores activos para garantizar que cumplan este deber ineludible con sus mayores. Jamás pueden ser desviadas hacia otros fines, menos a beneficio de los empresarios. En su nivel actual permiten reconstruir el sistema público de seguro social que las destinará exclusivamente a elevar hoy todas las pensiones a un nivel digno, y reajustarlas a futuro al ritmo de los salarios. En cuanto al fondo acumulado, tanto el registrado a nombre de trabajadores jubilados como también el de afiliados activos, debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños. Se repara así parcialmente el abuso cometido.  El fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones, tiene bien poco que ver con éstas. Sólo sirve de registro para calcular su mísero monto, que se deteriora constantemente en relación a los salarios. El dinero para financiar el aún más reducido aporte mensual que las AFP hacen a las pensiones que pagan, lo financian con parte menor de las cotizaciones corrientes, es decir, las que recaudan cada mes. El resto lo pone el fisco con subsidios en dinero contante y sonante. Si se agrega el gasto público en pensiones no contributivas y otras prestaciones previsionales, el Estado termina financiando hoy cuatro quintas partes del gasto nacional en pensiones.  Por este motivo, si se recuperan las cotizaciones corrientes para pagar con ellas las pensiones contributivas, en pocos años se puede devolver a sus legítimos propietarios todo el fondo acumulado. Debe devolverse tanto el fondo registrado en cuentas individuales de trabajadoras y trabajadores jubilados, como especialmente aquel registrado en las cuentas de los trabajadores activos. Estas últimas superan en casi diez veces el número de las primeras y su crecimiento anual triplica el de aquellas. Todo ello sin menoscabo severo de la capacidad del reconstruido sistema público de seguro social de otorgar hoy y mañana pensiones dignas a los jubilados, financiadas exclusivamente con las recuperadas cotizaciones corrientes. Poniendo fin además a la irracionalidad actual de endeudar al fisco para “ahorrar“, reduciendo el déficit fiscal y mejorando la calificación de riesgo del país. Devolver a sus legítimos propietarios este fondo rapiñado a sus salarios, íntegramente y lo más pronto posible, reparará en parte el abuso gigantesco del gran empresariado que se lo ha apropiado por décadas y pretende mantenerlo en su poder, cada vez más grande, hasta el […]

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