Por Manuel Riesco
Esto es el fin, mis amigos, es el fin. Se confirmen o no, los recursos de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y la enfermera Beatriz Valenzuela de Punta Arenas, No+AFP y La Casa Común, acogidos por las cortes de apelaciones respectivas, ponen fin a la ilusión de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales. Disfrazada de “capitalización individual” ha justificado su expropiación por parte del gran empresariado. Para restablecer el sagrado derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus salarios lo principal es recuperar las cotizaciones corrientes. Esta parte del salario está destinada exclusivamente a sostener dignamente a los trabajadores jubilados. El Estado las impone obligatoriamente sólo a trabajadores activos para garantizar que cumplan este deber ineludible con sus mayores. Jamás pueden ser desviadas hacia otros fines, menos a beneficio de los empresarios. En su nivel actual permiten reconstruir el sistema público de seguro social que las destinará exclusivamente a elevar hoy todas las pensiones a un nivel digno, y reajustarlas a futuro al ritmo de los salarios. En cuanto al fondo acumulado, tanto el registrado a nombre de trabajadores jubilados como también el de afiliados activos, debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños. Se repara así parcialmente el abuso cometido.
El fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones, tiene bien poco que ver con éstas. Sólo sirve de registro para calcular su mísero monto, que se deteriora constantemente en relación a los salarios. El dinero para financiar el aún más reducido aporte mensual que las AFP hacen a las pensiones que pagan, lo financian con parte menor de las cotizaciones corrientes, es decir, las que recaudan cada mes. El resto lo pone el fisco con subsidios en dinero contante y sonante. Si se agrega el gasto público en pensiones no contributivas y otras prestaciones previsionales, el Estado termina financiando hoy cuatro quintas partes del gasto nacional en pensiones.
Por este motivo, si se recuperan las cotizaciones corrientes para pagar con ellas las pensiones contributivas, en pocos años se puede devolver a sus legítimos propietarios todo el fondo acumulado. Debe devolverse tanto el fondo registrado en cuentas individuales de trabajadoras y trabajadores jubilados, como especialmente aquel registrado en las cuentas de los trabajadores activos. Estas últimas superan en casi diez veces el número de las primeras y su crecimiento anual triplica el de aquellas. Todo ello sin menoscabo severo de la capacidad del reconstruido sistema público de seguro social de otorgar hoy y mañana pensiones dignas a los jubilados, financiadas exclusivamente con las recuperadas cotizaciones corrientes. Poniendo fin además a la irracionalidad actual de endeudar al fisco para “ahorrar“, reduciendo el déficit fiscal y mejorando la calificación de riesgo del país.
Devolver a sus legítimos propietarios este fondo rapiñado a sus salarios, íntegramente y lo más pronto posible, reparará en parte el abuso gigantesco del gran empresariado que se lo ha apropiado por décadas y pretende mantenerlo en su poder, cada vez más grande, hasta el día del juicio final. Sin embargo, ello no puede hacerse antes de recuperar las cotizaciones corrientes, para reconstruir con ellas el sistema público de seguro social que fue destruido por la dictadura. Esto es lo principal, puesto que se trata de restablecer el derecho a una vejez digna para todas las trabajadoras y trabajadores jubilados.
No es el momento de precisar la forma en que se puede efectuar la devolución del fondo. Ya habrá tiempo para ello, buenas ideas sobran al respecto y CENDA puede aportar algunas al debate. La manera de devolver los fondos a sus propietarios se resolverá democráticamente, de modo responsable y justo para todos los afiliados, considerando el afianzamiento del nuevo sistema de seguro social.
Lo importante en este momento es sentar el principio que una vez recuperadas las cotizaciones corrientes y reconstruido con ellas el sistema público de seguro social, el fondo acumulado debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños, tanto jubilados como activos.
Desde el punto de vista previsional no tiene sentido mantener en mercados financieros, es decir, en manos del gran empresariado nacional y extranjero, este enorme fondo que equivale hoy a más de veinte años de cotizaciones. Ello sólo beneficia a los grandes empresarios que se han apoderado del dinero y a sus gestores financieros. Las reservas técnicas de los sistemas públicos de seguro social nunca exceden dos o tres años de cotizaciones, a lo sumo. Son necesarias para garantizar su solvencia en los periodos de recesión económica en que el flujo de cotizaciones corrientes no crece.
Las reservas técnicas no se entregan a los mercados financieros, usualmente se mantienen en bonos del propio gobierno o inversiones que benefician directamente a trabajadores. Por ejemplo, ofrecer créditos a los afiliados para aliviar sus agobiantes deudas con intereses usuarios. Es dinero de los trabajadores y jamás se puede entregar a los empresarios. Se trata sólo de una reserva, no la supuesta base del pago de pensiones. Éstas se financian siempre y en todas partes con cotizaciones e impuestos corrientes. También en Chile hoy,
El fin del sistema de AFP y la recuperación de las cotizaciones corrientes para pagar pensiones dignas ahora, restablece el imperio sagrado del derecho de propiedad de los trabajadores sobre la totalidad de sus remuneraciones, hoy conculcado por los recortes destinados al ahorro forzoso. La base del pacto social es que los salarios deben ser respetados escrupulosamente, jamás pueden desviarse al disfrute de los empresarios. Sólo pueden utilizarse para el sostén directo y digno de trabajadores y sus familias, incluida la parte requerida por sus viejos. Esta última es la que ha venido siendo desviada al ahorro forzoso, sinónimo de expropiación a perpetuidad por el gran empresariado, al tiempo que se condena a la miseria a trabajadores jubilados.
Terminar con las AFP y el ahorro forzoso permite al Estado recuperar las cotizaciones previsionales corrientes, para pagar con ellas pensiones dignas a partir de ahora. Éstas son un impuesto a los trabajadores activos cuyo objetivo esencial es garantizar que cumplan su obligación ineludible de sostener a sus mayores, trabajadoras y trabajadores jubilados. Mediante un sistema de seguro social público que lo destine exclusivamente a pagar pensiones. Como el que operó en Chile desde 1924 hasta 1981 y los existen desde hace un siglo en todos los países, siendo especialmente generosos en los más desarrollados, con una mayor proporción de adultos mayores.
Las cotizaciones actuales duplican el costo de las pensiones contributivas, hoy gestionadas por el sistema AFP. Evidentemente permiten al Estado elevarlas a un nivel digno hoy. También sostenerlas mañana sin necesidad de subirlas durante un buen tiempo, ni tampoco la edad de jubilación. La condición de sostenibilidad de estos seguros sociales es simple, elegante y evidente por sí misma: el número de adultos mayores debe crecer un poco menos que el producto interno bruto (PIB). Dada esa condición, el seguro social puede financiar indefinidamente pensiones reajustadas al ritmo de los salarios, sólo con cotizaciones corrientes, sin aumentar su tasa, edad de jubilación, ni proporción de jubilados en el sistema no contributivo, Chile satisface con holgura esta condición.
Al terminar el ahorro forzoso y recuperar el flujo de cotizaciones que mes a mes allí se desvían, el Estado se ahorra además los cuantiosos subsidios que hoy destina a complementar y bonificar las bajísimas jubilaciones AFP. Sin perjuicio de la necesidad de destinar parte de estos recursos fiscales a elevar asimismo las pensiones más bajas del sistema antiguo y las solidarias, igualmente se trata de beneficio fiscal enorme, superior a los $2 billones/año. Se reduce así el déficit y acaba la irracionalidad de endeudar al fisco para “ahorrar”. Este argumento ha resultado definitivo para las autoridades de Hacienda de los países que pusieron fin al ahorro forzoso en años recientes, incluidos varios europeos a cuyos gobiernos no se puede catalogar de izquierdistas, como Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Rusia, entre otros. Todos redujeron su déficit fiscal y endeudamiento, mejorando su calificación de riesgo.
Sería lindo si el Tribunal Constitucional reconociera la propiedad de jubilados sobre ahorros supuestamente suyos. Un gran avance, pero quedaría pendiente devolver del mismo modo el ahorro forzoso de los trabajadores activos, que es la parte principal. A condición naturalmente, que antes se ponga fin al sistema de AFP y el Estado recupere las cotizaciones. El flujo corriente de éstas le permiten duplicar hoy las pensiones de los trabajadores jubilados y reajustarlas a futuro al ritmo de los salarios, mediante un reconstruido seguro social público. Esto es lo más importante porque se trata de la seguridad social de todas y todos los trabajadores de Chile.
Los empresarios empiezan a manifestarse dispuestos a devolver los fondos a los jubilados, como en Perú. Saben perfectamente que ello disminuiría la presión por terminar con las AFP y el abuso del ahorro forzoso continuaría casi igual, sin importar que los viejos a poco andar se queden sin un peso. Las AFP regentan un corralito de 1,4 millones de alcancías con el ahorro forzoso de jubilados y un corralazo que encierra las que pertenecen a 10,8 millones de afiliados activos. Cada año los jubilados aumentan en 90 mil, en cambio los activos en 250 mil. De este modo, el número de alcancías en los corrales crece siempre, aunque las primeras se devuelvan al momento de jubilar. El ahorro registrado en dichas alcancías crece aún más rápido, puesto que mejoran además los salarios y se agregan algunas ganancias netas del fondo. Todo ello significa que el grueso del fondo acumulado no se va a devolver jamás, aunque restituyan los del corralito de jubilados.
En dichas alcancías no hay un solo peso. Solo papeles que registran diligentemente a quien se ha traspasado de inmediato el dinero respectivo por intermedio del sistema financiero nacional y extranjero. La parte del león se la han embolsado cuatro grandes grupos económicos que controlan este negocio, cuyos propietarios pertenecen a las familias más acaudaladas y poderosas del país. Ellos se han embolsado “primas únicas” de seguros previsionales equivalentes a una cuarta parte de todas las cotizaciones durante cuatro décadas, y por otro lado mantienen en su poder una cuarta parte del dinero invertido por el fondo de pensiones en empresas nacionales.
Al final, el fondo AFP importa tan poco para el pago de pensiones, que si se recuperan las cotizaciones corrientes se podrían elevar muy significativamente las pensiones y reducir el déficit fiscal, incluso devolviendo de inmediato todo el ahorro forzoso acumulado a sus dueños legítimos, afiliados pasivos y activos. En lo inmediato ello no afectaría mucho el equilibrio de ingresos y gastos del así reconstruido sistema de seguro social, puesto que éste se financia exclusivamente con el flujo de cotizaciones corrientes.
Si se devolviera hoy todo el fondo, el único aporte del finado sistema AFP al pago de pensiones serían aquellas adeudadas por las compañías de seguros. Éstas se embolsaron los fondos completos de quienes contrataron rentas vitalicias, obligación que deberán seguir cumpliendo hasta su extinción. Como se han quedado con casi la mitad de todas las cotizaciones desde el inicio del sistema, dichas compañías deberán continuar pagando más de $2 billones/año en pensiones, durante un par de décadas. El aporte neto actual de las AFP mismas al pago de pensiones, que terminaría si los fondos se devuelven a sus dueños, es muy reducido, apenas $0,5 billones/año tras descontar los subsidios fiscales directos respectivos, comisiones de administración y “fantasmas”.
SIn embargo, una vez reconstruido el sistema de seguro social en base a las cotizaciones corrientes y con ellas elevadas a un nivel digno todas las pensiones, incluidas las de los actuales pensionados vitalicios, la devolución íntegra del fondo de todos modos deberá cursar a lo largo de algunos años. Ello es conveniente para no deteriorar el valor de sus inversiones en el país ni generar trastornos en la economía.
Ello permite considerar varias alternativas de devolución. Por ejemplo, acelerar la devolución de la parte del fondo acumulado en las AFP, como aporte mayor que el actual a las reajustadas pensiones de los jubilados por retiro programado, las que igual se elevarán en promedio a casi el doble. Al mismo tiempo, ayuda a pagar deudas sociales acumuladas, como jubilar trescientos mil personas, casi todas mujeres, que han excedido su edad legal de retiro, reduciendo así los 70 años de su promedio efectivo, a la edad legal, que tampoco se puede tocar. El devolver parte del fondo de este modo permite liberar parte de las cotizaciones corrientes para elevar inicialmente aún más las pensiones de todos, sin elevar la tasa de cotización por un buen tiempo.
Sin perjuicio de lo anterior, parece posible y es conveniente como reparación, autorizar a todos los afiliados, incluidos los activos, a retirar de inmediato una parte de los fondos registrados a su nombre. Por ejemplo las ganancias netas obtenidas por rentabilidad que hoy representan aproximadamente un tercio de los fondos acumulados en cada cuenta.
En pocas palabras, el fondo de pensiones debe devolverse, íntegramente y lo antes posible, a sus legítimos dueños, trabajadoras y trabajadores jubilados y activos a nombre de quiénes está registrado. Ello no puede ocurrir, sin embargo, antes de recuperar el flujo corriente de cotizaciones previsionales y reconstruir el sistema de seguro social, que permite al Estado recaudar dicho impuesto a los trabajadores activos y destinarlo íntegramente a financiar pensiones dignas a los trabajadores jubilados. Eso es lo principal. Se garantiza de ese modo que cada generación de trabajadores cumplan con su deber ineludible de sostener dignamente a sus mayores. Éstos recuperan así su derecho a pensiones dignas que guarden una proporción adecuada y estable con las remuneraciones de los trabajadores activos. Finalmente, el Estado recupera los cuantiosos subsidios que hoy destina a las jubilaciones AFP, con lo cual puede mejorar otras pensiones y, especialmente, terminar con la irracional práctica de endeudar al fisco para supuestamente “ahorrar” el segundo impuesto regular que más dinero recauda.
La economía se verá asimismo beneficiada. La devolución del fondo de pensiones a sus dueños puede hacerse de modo programado, a lo largo de unos pocos años, de modo de no afectar el valor de las inversiones y mejorar más aún los beneficios para todos del nuevo sistema de seguro social. Permite asimismo graduar su impacto en el consumo, que por otra parte representa un importante estímulo económico. La disminución del déficit y endeudamiento fiscal y consecuente mejora en la calificación de riesgo del país, reducirá en lugar de incrementar el costo de financiar nuevos proyectos, tal como ha ocurrido en otros países que terminaron el ahorro forzoso.
Sin duda, el mayor impacto positivo será una notable mejora en la distribución del ingreso. Destinar íntegramente el flujo corriente de cotizaciones al pago de pensiones, mediante un reconstruido sistema público de seguro social, significa trasladar a trabajadoras y trabajadores jubilados el excedente de cotizaciones y subsidios menos el pago de pensiones, que representa más de tres puntos porcentuales del PIB por año, indefinidamente. Adicionalmente, devolver íntegramente el fondo de pensiones acumulado a sus propietarios representa varios puntos porcentuales del PIB adicionales por año, a lo largo de varios años.
Estas inmensas riquezas deberán devolverse a quiénes pertenecen, los catorce millones de trabajadores de afiliados a los sistemas de pensiones, casi toda la población del país mayor de 16 años. Tres millones están jubilados, la mitad por AFP y el resto en los sistemas públicos, dos tercios de ellas son mujeres. Once millones son trabajadoras y trabajadores activos. Ellos son el nuevo rostro del pueblo de Chile y merecen esta reparación por el abuso a que han sido sometidos por décadas.
Todas y todos los trabajadores y jubilados se beneficiarán, excepto los que reciben hoy pensiones públicas adecuadas. El Estado podrá mejorar las pensiones públicas más bajas con los subsidios directos que hoy entrega a las AFP, y al mismo tiempo ahorrar los subsidios indirectos, como los planes de retiro, que son aún más cuantiosos.
Los grandes empresarios han venido abusando de los trabajadores durante cuatro décadas, apropiándose de sus ahorros forzosos a costa de endeudar al fisco y mantener a los trabajadores jubilados en la miseria. Especialmente los cuatro grupos económicos chilenos que controlan este negocio. Ellos deberán ahora reparar el daño causado devolviendo dichos ahorros íntegramente sus legítimos dueños, con los intereses y gananciales correspondientes. Sería bueno que expresen además sus agradecimientos por el disfrute de los fondos de los trabajadores durante tanto tiempo. Asimismo, que presentaran sus sentidas excusas por el abuso inferido, especialmente a toda una generación de trabajadores jubilados, muchos de ellos fallecido, que han mantenido en la miseria a lo largo de décadas.
Puede que a más de alguno no le resulte tan fácil devolver estos recursos de este modo, pero ello es el resultado exclusivo de su tozudez y codicia. CENDA, por ejemplo, propuso el año 2006 en la Comisión Marcel traspasar la administración de cuentas, cotizaciones y pensiones al INP, y dejar las AFP exclusivamente como gestoras de inversiones, abriendo ese mercado a muchos otros oferentes. Un sistema parecido al existente en Suecia para la pequeña parte de las cotizaciones que se destinan allí al ahorro. En ese momento propuso asimismo restablecer gradualmente un pilar de reparto, destinando a ese fin inicialmente dos de los 13 puntos porcentuales cotizados, lo cual permitía subir considerablemente las pensiones y se elevaba gradualmente.
Tras la crisis del 2007 y la subsecuente debacle del fondo de pensiones, que en un año perdió todas las ganancias del cuarto de siglo precedente, CENDA propuso terminar con el ahorro forzoso. Sin embargo, inicialmente sugirió dejar el fondo existente como reserva. Durante la asesoría de CENDA a la Profesora Leokadia Oreziak para preparar la propuesta “C” de la Comisión Bravo, ella sugirió que era absurdo mantener este fondo inmenso, que hoy excede los veinte años de cotizaciones, cuando a lo más las reservas técnicas de los sistemas de seguro social para tiempos de recesión equivalen uno o dos años de cotizaciones. “Es dinero que los trabajadores han prestado a los empresarios —dijo entonces la Profesora Oreziak— y deben devolverlo íntegramente antes de subir las cotizaciones, que son un impuesto a los trabajadores”. Así quedó conformada la propuesta “C”, que desde el primer momento destina el flujo de cotizaciones corrientes a pagar pensiones, a lo que se agregan las devoluciones a los jubilados del dinero ahorrado en cuentas AFP y reservas de compañías de seguros, en cuotas según el mismo esquema actual, hasta su extinción. Todas estas moderadas propuestas graduales fueron descalificadas y rechazadas en su momento por las AFP y el gran empresariado. Pues bien, ahora tendrán que devolver el fondo completo en un tiempo mucho menor.
Como contrapartida, los empresarios podrán mirar de frente a sus trabajadores, en la tranquilidad que estarán cumpliendo su obligación de no tocar sus remuneraciones, especialmente aquella parte de las mismas que corresponde usar exclusivamente para mantener a los trabajadores jubilados. Al mismo tiempo, estarán cumpliendo su deber de financiar íntegramente el ahorro nacional con cargo a las ganancias y rentas que se apropian.
Sería bonito si terminado este abuso, el gran empresariado chileno asumiera del mismo modo su obligación de financiar, íntegramente y con cargo a los excedentes del producto social que se apropian, todos los gastos del sistema educacional. Estaría bueno asimismo que pusieran fin a su abusiva costumbre de recortar salarios con intereses usurarios y hacer negocios con la salud de los trabajadores.
En cualquier caso, de todo esto resultará un país mucho mejor.
Por Manuel Riesco,
Vicepresidente CENDA
Santiago de Chile, 10 de octubre 2019
Crónica Digital
