En la noche del viernes se registraron fuertes disturbios entre las fuerzas de seguridad y alborotadores, que por quinta jornada consecutiva salieron a las calles para mostrar su indignación por la decisión del Tribunal Supremo de imputar por sedición a dirigentes separatistas.
Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces de la máxima instancia judicial del país europeo decretaron el pasado lunes penas de prisión de entre nueve y 13 años para nueve de los 12 implicados en la fracasada tentativa de secesión de hace dos años.
La peor sanción recayó en el exvicepresidente de la Generalitat (autogobierno catalán) Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación de fondos públicos.
El Supremo consideró que el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia, y la ulterior declaración unilateral de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.
Sólo en Barcelona, capital de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, 152 personas resultaron heridas, entre ellas varios agentes del orden, mientras el resto de lesionados se reportaron en Gerona, Tarragona y Lérida, las otras tres provincias catalanas.
La multitudinaria protesta pacífica protagonizada la víspera en la llamada ciudad condal por el movimiento independentista de Cataluña se vio empañada por nuevos episodios de violencia.
Más de medio millón de personas -según la Guardia Urbana barcelonesa- colapsaron el viernes la turística urbe como colofón de una semana de masivas movilizaciones en rechazo a la prisión de nueve políticos y activistas sociales.
Las protestas, tranquilas durante el día, tomaron un cariz violento todas las noches desde el pasado lunes, cuando el Supremo publicó la sentencia de la mediática causa.
El fallo provocó la ira de los partidarios de la ruptura con España, que el lunes colapsaron el aeropuerto de Barcelona, la capital catalana, y los días sucesivos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en una suerte de batalla campal.
Los agitadores, que las entidades independentistas desvinculan de sus tradicionales movilizaciones pacíficas, tenían la intención de avanzar hacia la Jefatura de la Policía Nacional española en Barcelona.
La crisis en Cataluña tiene lugar a pocas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre en España, y puso bajo presión al presidente del Gobierno saliente, el socialdemócrata Pedro Sánchez, a quien la oposición de derecha reclama medidas drásticas contra el independentismo.
Ante los altercados en la próspera autonomía, Sánchez subrayó ayer que el Estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación y avisó que ‘no habrá impunidad’ frente a los hechos ‘vandálicos’ de los últimos días.
‘La ponderación contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones, eso es lo que va a hacer el Gobierno de España’, insistió el mandatario interino.
Madrid, 19 octubre 2019
Crónica Digital /PL
