Guerra de Don Tatán

El Presidente ha perdido los estribos. La Tercera Revolución de la Chaucha lo ha sacado de quicio. Ha declarado la guerra a su pueblo. Siguiendo viejo manual represivo retiró fuerza pública de lugares saqueados para criminalizar justa protesta de millones de ciudadanos indignados por 30 años de abuso. Su estrategia está condenada al fracaso. El pueblo no se va a arredrar.Así no hay nada que hablar. Si persiste en esa insensatez, el parlamento y el poder judicial tendrán que hacer uso de sus facultades constitucionales para forzar al ejecutivo a restablecer la institucionalidad y los derechos de las personas. Ello resulta indispensable para el funcionamiento del país y los negocios. Confiamos que se trate de un brote pasajero y recapacite pronto. Lo que requiere el país es un gran acuerdo nacional para encauzar de modo constructivo la inmensa energía liberada por el mayor estallido social que haya vivido el país. Dicho acuerdo debe ir al fondo del asunto y resolver lo que lo provoca: La justa indignación del pueblo por los abusos y distorsiones heredados de la dictadura y agravados en democracia. Hay que poner fin a los primeros y corregir las segundas. Ni más ni menos. 

Lo primero es tratar al indignado pueblo con respeto. No son “su clase media” como entiende el Presidente, sino de catorce millones de dignos y altivos trabajadores y trabajadoras, tres millones jubilados y los once millones de activos que mueven el país y producen toda su riqueza, incluida la del propio Presidente.

Puede resultar de utilidad para poner las cosas en su justa dimensión, enumerar las principales medidas que resultan indispensables para abordar los problemas de fondo que provocan la justa indignación popular y trancan el continuado desarrollo del país. El sistema político debe proceder cuanto antes a:

  1. Anunciar la estatización del Transantiago y la construcción de una gran red de corredores exclusivos que en breve cubra toda la capital. Sin escatimar recursos ni perjuicio a los actuales planes de extensión del Metro.
  2. Retirar la reforma tributaria en trámite, anunciando que será reemplazada a la brevedad por otra que incluya fuertes incrementos de impuestos al 0,1% de familias más acomodadas y royalty a las exportaciones mineras y otros recursos naturales, que recupere la renta de los mismos para el pueblo.
  3. Retirar la reforma previsional en trámite, anunciando que será reemplazada a la brevedad por otra que ponga fin al ahorro forzoso AFP, recupere las cotizaciones previsionales para reconstruir un sistema público de seguro social que eleve desde ya las pensiones a un nivel digno y las reajuste a futuro al ritmo de los salarios, y comprometa la devolución íntegra del fondo de pensiones acumulado a sus legítimos propietarios, lo antes posible. 
  4.  Anunciar el término del sistema ISAPRE y la reconstrucción de un sistema nacional de salud pública gratuita y de calidad, invitando a incorporarse al mismo a todos los actores del sistema actual que reciben fondos públicos.
  5. Anunciar una nueva reforma educacional que reconstruya rápidamente el sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles, regiones y barrios, invitando a todos los actores que hoy reciben subsidios públicos a incorporarse al mismo.
  6. Anunciar la condonación inmediata de las deudas estudiantiles, la refinanciación de las deudas de consumo popular a una tasa de interés similar a la de grandes empresas, y la prohibición de cobrar intereses usuarios en el futuro.
  7. Anunciar un proyecto de renacionalización del agua, que en lo sucesivo estará garantizada para el consumo humano, priorizada para la pequeña y mediana agricultura, y reponer acuíferos agotados. Una medida complementaria consiste en la reestatización de las empresas distribuidoras.
  8. Anunciar que todos los contratos de explotación del litio serán reservados a empresas del Estado o controladas por éste, invitando a actuales empresas a asociarse, como propuso Comisión Litio. Al mismo tiempo, que SQM será renacionalizada.
  9. Anunciar derogación de ley concesiones mineras, recuperando el Estado propiedad de yacimientos, reservando explotación de gran minería del cobre a CODELCO e invitando a empresas que hoy los explotan a asociarse con participación minoritaria. 
  10. Anunciar que todos los minerales exportados deberán ser refinados en el país, con energía solar y agua desalinizada. Asimismo, que insumos y equipos de la minería deberán tener significativa y creciente integración nacional.
  11. Anunciar que todas las instituciones del Estado estarán en lo sucesivo sometidas de modo efectivo a las autoridades elegidas por el pueblo. Particularmente las instituciones armadas, tribunal constitucional y banco central.
  12. Estas reformas, requieren una  nueva constitución, para lo cual se convoca a elegir una asamblea constituyente.

Estas propuestas ponen fin a los abusos y corrigen las distorsiones heredadas de la dictadura que se han agravado en democracia. Resumen en lo fundamental la demanda del pueblo y su sólo anuncio por parte del sistema político restablecerá la paz social. Es la manera de encauzar de manera constructiva y pacífica la inmensa fuerza del estallido en curso.

Sin duda darán por resultado en un país verdaderamente moderno, democrático y mucho mejor. 

Manuel Riesco

Santiago de Chile, 21 de octubre 2019
Crónica Digital

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Organizaciones sociales llaman al gobierno a restituir institucionalidad democrática

Lun Oct 21 , 2019
Las principales organizaciones sindicales emplazan al Gobierno para que restituya la institucionalidad democrática del país y dé una salida a la crisis más grande desde el fin de la dictadura militar, y amenazan con hacer efectiva una huelga general. Aquí puedes leer la declaración que realizaron: COMUNICADO PÚBLICO Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la salida de la dictadura militar. El estallido social detonado por las alzas de la locomoción colectiva a puesto en evidencia la rabia contenida y el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas, alzas permanentes de los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales entre otras. Frente a esto, el Gobierno esta llevando a cabo un verdadero “auto Golpe”, recurriendo a la mayor de las practicas antidemocráticas que es usar a las FF.AA. para imponer “paz social” por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de trabajo, etc. El gobierno con su actuar, tiene paralizado al país con el clima de violencia instalado con la presencia de los militares en las calles. Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio, con su actitud es claro que no está en condiciones de seguir dirigiendo al país. Por tanto, en primer lugar, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo su integridad, ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello. Las organizaciones sindicales presentes, en una reunión de Unidad Sindical de urgencia, demandamos al gobierno restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia y devolver los militares a sus cuarteles. Solo depuesto el Estado de Emergencia, habrá condiciones que permitan iniciar de manera real, un diálogo social y político, con organizaciones representativas de los trabajadores y movimientos sociales, que le de respuesta a las demandas que son las que han generado este estado de indignación social. Las organizaciones presentes, manifestamos nuestra decisión de convocar a una gran Huelga General que vacié las calles del país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta al actual estado de crisis de la institucionalidad democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles 23 de octubre. Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a que de una vez recojan y legislen considerando las demandas populares y actúen por el bien del país con criterios de unidad en torno a las exigencias y gravedad del momento. En lo inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una huelga parlamentaria. Estamos ciertos que los primeros responsables de la violencia es esta elite arrogante e insensible que durante décadas ha abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los derechos más elementales; ellos no son ejemplo de nada, son los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos hoy. […]

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