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Centros de Estudio de oposición formulan propuesta alternativa a “Agenda Social” de Piñera

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Una contundente propuesta alternativa a la “agenda social” planteada por el Gobierno de Sebastián Piñera presentaron hoy los centros de estudio de la oposición, agrupados en torno a la Comisión de Políticas Públicas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los cuales señalaron que “frente a la grave crisis económica, social y política que vive nuestro país, expresamos nuestra disposición con los trabajadores y las trabajadoras de Chile, para encontrar caminos de superación a las causas estructurales que han producido el actual estado de malestar e indignación del pueblo chileno”.

El documento fue presentado durante un punto de prensa en la sede central de la CUT por Fernando Carmona (Fundación Instituto de Estudios Laborales), Pía Castelli (Fundación Por la Democracia), Eugenio Rivera (Fundación Chile 21), Patricia Silva (Instituto Igualdad), Guillermo Scherping (Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz), Felipe Ruiz (Fundación Nodo XXI) y Víctor Osorio Reyes (Fundación Progresa). El texto también fue suscrito por la Fundación Creando Salud.

La propuesta expresa, entonces, un punto de vista compartido por los centros de estudio e investigación vinculados con fuerzas opositoras como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Amplio.

Los centros de estudio expresan su convicción de “que la única salida a esta grave crisis es la construcción de un NUEVO PACTO SOCIAL, originado desde la más amplia participación política de todos los actores sociales. Sólo con dicha participación será posible encauzar la indignación y el malestar hacia un legítimo nuevo marco constitucional, sobre el cual se construya otro Chile. Después del 25 de octubre de 2019, ha quedado claro que no es posible un ‘nuevo acuerdo cupular desde la elite’. La sociedad se cansó de la política en la medida de lo posible, las manifestaciones han corrido la frontera de lo que es posible”.

Asimismo señalaron que el “actual momento de eclosión social” ha sido denominado “momento constituyente”, en el que no es posible que las demandas ciudadanas una vez más “sean desoídas por las élites políticas de todos los colores”, como ya ha ocurrido en otras oportunidades.

Tras la presentación de los representantes de los centros de estudio, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, manifestó su reconocimiento al esfuerzo realizado y, asimismo, destacó la amplitud de los centros de estudios que se articularon en torno al documento.

Por su evidente importancia para el momento que vive el país, Crónica Digital pone a disposición el documento presentado hoy a la opinión pública.

Por Iván Gutiérrez Lozano.

Santiago, 29 de octubre 2019.

Crónica Digital / Prensa Latina.

 

DECLARACIÓN PÚBLICA – COMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUT

Los CENTROS DE ESTUDIO abajo firmantes, agrupados en la Comisión de Políticas Públicas de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, frente a la grave crisis económica, social y política que vive nuestro país, queremos expresar nuestra disposición con los trabajadores y las trabajadoras de Chile, para encontrar caminos de superación a las causas estructurales que han producido el actual estado de malestar e indignación del pueblo chileno. Tenemos la convicción que la única salida a esta grave crisis es la construcción de un NUEVO PACTO SOCIAL, originado desde la más amplia participación política de todos los actores sociales. Sólo con dicha participación será posible encauzar la indignación y el malestar hacia un legítimo marco constitucional, sobre el cual se construya otro Chile. Después del 25 de octubre de 2019, ha quedado claro que no es posible un “nuevo acuerdo cupular desde la elite”. La sociedad se cansó de la política en la medida de lo posible, las manifestaciones han corrido la frontera de lo que es posible.

El descontento que las y los chilenos hemos expresado estos últimos días es el punto más álgido de una movilización social acumulada desde años y que se ha manifestado por diversas razones: la revolución pingüina del 2006 con el fin a la LOCE; el movimiento estudiantil del 2011 con sus consignas de No al Lucro y por Educación Pública, Gratuita y de Calidad; las diferentes movilizaciones territoriales de los últimos años como las de Aysén y Freirina (2012), Tocopilla (2013) y Chiloé (2016); el movimiento NO+AFP con sus marchas multitudinarias durante 2016 y el millón de personas que votaron en su plebiscito auto convocado en 2017 y el Mayo Feminista de 2018 y sus movilizaciones durante 2019, con una marcha gigante el 8M. Todas estas movilizaciones, fueron sin duda la antesala de la MARCHA MÁS GRANDE DE NUESTRA HISTORIA realizada el 25 de octubre pasado y expresión de las demandas de nuestro pueblo por un Chile distinto: más justo, democrático y equitativo.

Ahora bien, es importante destacar que dichas marchas, movimientos y huelgas no sólo han sido realizadas bajo quejas y consignas, sino que han implicado un proceso continuo de debate y construcción de propuestas en diversas áreas y que hoy encuentran su caja de resonancia en los auto convocados cabildos ciudadanos. Estos cabildos son una expresión concreta de ejercicio de poder político desde la base de la sociedad chilena y que el propio pueblo está generando para discutir las ideas del Chile distinto que demanda.  Por ello, en el actual momento de eclosión social (que algunos denominan momento constituyente) no es posible que nuevamente dichas ideas sean desoídas por las élites políticas de todos los colores, como ha ocurrido sistemáticamente en otras oportunidades.

Las razones están ampliamente registradas en el estudio del PNUD de 2017, DESIGUALES, que muestra y documenta en profundidad los elementos fundamentales que han caracterizado el modelo de desarrollo económico y social de Chile post dictadura.

La postergación económica de una gran mayoría se combina con una exclusión creciente de la ciudadanía en la construcción del proyecto de país, con un resultado creciente de marginalización y segregación social. La silenciosa pero persistente retirada del Estado en la vida cotidiana de las personas y familias fue generando una brecha creciente que se manifiesta en territorios en los que se van concentrando carencias insoportables para jóvenes y adultos jóvenes que viven bajo estándares mínimos en materia de ingresos y de acceso a bienes públicos.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UN NUEVO PACTO SOCIAL

Los elementos estructurales podríamos resumirlos como aquellos que conjugan los derechos de una nueva Constitución que busca asegurar la dignidad por medio de la garantía de los derechos, con un modelo de desarrollo que se basa en una distribución justa de la riqueza. Ambos elementos deben ser conjugados por un nuevo tipo de Estado.

Por ello, los Centros de Estudio y Fundaciones abajo firmantes manifestamos nuestra total disposición con las voces que demandan una Nueva Constitución, nacida del diálogo y la participación sustantiva de todos los actores sociales que hasta ahora han sido excluidos del debate público y que sea el paraguas legítimo de un verdadero pacto social democrático. Si el pueblo chileno define que para ello se requiere avanzar hacia una Asamblea Constituyente, expresamos nuestra voluntad de impulsar su realización y la discusión de algunos aspectos que consideramos relevantes.

Un nuevo modelo de desarrollo para el país debe transformar la forma en que el valor se produce y distribuye y para hacerlo es necesario cambiar el sistema institucional sobre el que ocurre la dinámica de creación de valor. Dado que los asentamientos institucionales que permiten a un régimen de acumulación perdurar en el tiempo son espejo de la distribución del poder, es necesario avanzar en cambios institucionales que en primera instancia revistan de poder al Estado para que éste pueda de forma efectiva realizar las reorientaciones de recursos necesarias para la transformación de la base productiva. Para esto, un cambio constitucional es clave. La inclusión de más organizaciones incumbentes debe ser utilizada por el Estado para fortalecer su posición de fuerza. El fortalecimiento del poder relativo del Estado debe estar acompañado de un fortalecimiento del poder del trabajo frente al del capital. Para esto es vital avanzar en un alza sustancial de los salarios reales (subida de salarios nominales y fortalecimiento de derechos sociales). De esta forma, la transformación de la base sobre la que se produce el valor estará orientada a construir una que no descansará en la redistribución, sino que una en la que endógenamente genere y distribuya la riqueza de forma justa.

Un efecto de la nueva Constitución y una condición del nuevo modelo de desarrollo es democratizar efectivamente el Estado, favoreciendo una real incidencia de la ciudadanía en sus decisiones. Necesitamos un Estado activo en impulsar inversiones en infraestructura, expandiendo la banca de desarrollo, fomentando nuevos sectores y cadenas de valor intensivas en tecnología, impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación, expandiendo las capacidades regionales y territoriales de desarrollo. Es el Estado el que tiene el deber insustituible de regular para impedir la corrupción y el abuso de poder en cualquiera de sus formas.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

–Políticas de Libertad Sindical

El principio universal de libertad sindical acoge como derechos fundamentales los de sindicación, de negociación colectiva y de huelga, existiendo al respecto un acuerdo internacional de que la vigencia de estos derechos constituye una exigencia de los sistemas de gobiernos democráticos y pluralistas. Por ello necesitamos una Constitución que consagre el trabajo y la negociación colectiva ramal.

Es de primer orden garantizar ampliamente la libertad sindical, es decir reconocer el derecho a negociación ramal, garantizar el derecho a huelga de manera amplia y sin reemplazo de ningún tipo y, además, fortalecer los procesos de sindicalización.

–Política de Ingresos

El apremio presupuestario es agobiante para el 50% de los hogares chilenos que viven con ingresos inferiores a los necesarios para estar sobre la línea de pobreza, con el agravante de que la inmensa mayoría son personas que cuentan con contratos de trabajo a jornada completa, o bien que son adultos mayores que luego de una vida de trabajo no cuentan con pensiones adecuadas frente a la ausencia de un sistema de seguridad social.

La política de ingresos ya cuenta con estándares objetivos a alcanzar manejados por varias instituciones que trabajan con la comunidad prestando valiosa asistencia social. En materia de ingreso familiar se requiere de un ingreso líquido de $500.000, que de acuerdo a las encuestas permanentes que se realizan en Chile son provistas por un ocupado por hogar, razón suficiente para plantear que las rentas del trabajo activo y pasivo deben fijarse en los siguientes niveles:

1)         Salario Mínimo bruto mensual de $620.000 con incrementos anuales de $90.000 al primero de enero de 2020, 2021 y 2022.

2)         Pensión Básica Universal que supere el per cápita del umbral de la línea de pobreza para quedar en $165.000 mensuales, libres de impuestos y de cotizaciones sociales.

3)         Estructuralmente el modelo de pensiones debe definir una tasa de reemplazo objetivo, que en su nivel mínimo debe estar vinculada al salario mínimo de la economía.

–Política de Provisión de Bienes Públicos

Bienes públicos que afectan el consumo de los hogares y su poder adquisitivo están en el centro de la insatisfacción y frustración. En este ámbito, dos bienes de uso cotidiano presentan claras deficiencias en cuanto a acceso: transporte público y salud.

En materia de transporte público, la tarifa social debiese ser el centro de la acción de sofisticación del modelo de gestión del sistema de transporte en las ciudades de Chile. Un criterio fundamental debe considerar el gasto que representa para los trabajadores de sueldo mínimo la concurrencia a sus lugares de trabajo. La actual tarifa en Santiago de 800 pesos por viaje representa un gasto mensual que supera los $46.000 pesos cuando hay hijos estudiantes. El costo del servicio no debiese representar más allá del 7 a 8% del ingreso líquido del trabajador: es decir, un sistema de tarifa integrada no podría superar los 650 pesos de hoy, considerando el nuevo umbral del ingreso mínimo.

En materia de salud, la mayor parte de la población (70%) se atiende en el sistema público de atención primaria y hospitalaria. Las restricciones operacionales son insostenibles. Se requiere que todo el 7% vaya a un seguro único de salud administrado por Fonasa y un fortalecimiento del presupuesto operacional que no imponga restricciones presupuestarias que ahorcan por la vía de los insumos y la disponibilidad de horas profesionales, a las que se agregan restricciones de días cama y pabellones inoperantes.

En cuanto a los medicamentos, la instauración de un modelo regulatorio integral es necesario. La red de salud puede complementarse con la red de farmacias municipales para realizar compras a gran escala que reduzcan fuertemente los costos de medicamentos. Si se instala un modelo de recetas digitalizadas se puede aplicar tecnología de información del estilo Big Data y conocer exactamente los requerimientos de medicamentos que necesitan los enfermos crónicos en cada territorio, contando así con un sistema de distribución optimizado y que responda, especialmente, a las necesidades de los adultos mayores. En cuanto a regulación del mercado de remedios, se puede diseñar un modelo de paridad de importación que ponga nuestros precios en el estándar de países de la OCDE, que con las tecnologías de información podría ser rápidamente puesto en práctica y luego consensuar en un umbral de márgenes de comercialización máximos.

En servicios de educación, no cabe duda de que la educación fiscal debe ser la primera prioridad por cuanto esos establecimientos deben ser el pilar de la educación de calidad en el país. Debe existir un aumento del aporte estatal a la educación pública en sus niveles de sala cuna, preescolar, básica, media y superior. Debe cuanto antes establecerse un plan que proporcione un incremento sustantivo de recursos en este sector para que despliegue un modelo educativo que permita dar saltos en la calidad de la educación y en el desarrollo de ciencia y tecnología al servicio del desarrollo del país.

Reforma al sistema de pensiones es una necesidad urgente, pero que requiere de un nuevo enfoque de seguridad social y no de seguros de vida que es el modelo hoy imperante. Para que el cambio sea bien hecho es necesario contar con un debate muy amplio que pueda evaluar una solución que sea real para el mundo del trabajo de los chilenos, terminando con el sistema de administración privada (AFP), bajo un sistema de seguridad social tripartito, publico, solidario y de reparto. El actual proyecto del gobierno no está a la altura de lo que se requiere, pues sigue ahondando en materia de seguros y se aparta de las soluciones requeridas.

En materia de seguridad se requiere de un aumento sustantivo de las dotaciones de carabineros y de la PDI, que se podría enfrentar con una reasignación de recursos desde el presupuesto de Defensa hacia Interior para contar con un despliegue territorial que responda a los estándares OCDE en materia de cobertura por habitantes.

–Política de Servicios de Utilidad Pública

Los servicios básicos han sido completamente privatizados y hoy son empresas que tienen rentabilidades financieras y económicas que superan con creces los estándares de la OCDE en materia de provisión de servicios de electricidad, agua y telefonía.

El actual modelo regulatorio no está dando el ancho, y bajo una sofisticada estructura de fijación tarifaria está validando rentabilidades que superan el 10 o 12%, cuando en un estándar internacional esas rentas debiesen estar en torno al 5 o 6% anual.

La tarifa domiciliaria nuevamente debiese considerarse de manera primordial, y para ello es necesario cambiar el modelo de fijación tarifaria, considerando subsidios cruzados entre tipos de usuarios y rentabilidades acordes con los estándares internacionales.

–Hacia una Nueva Estructura de Financiamiento

Hoy el debate tributario ha entregado suficiente claridad en cuanto a que el sistema de recaudación de impuestos debe sufrir ajustes significativos. Nuestra economía se encuentra en el tramo de ingresos medios en el contexto internacional, y puede abordar sistemas tributarios más complejos y abandonar la excesiva complacencia hacia las rentas del capital con que ha operado desde la dictadura y la mayor crisis económica registrada en la historia del país entre 1982 y 1984.

Un sistema completamente desintegrado es lo que el país necesita de modo que todos los agentes económicos, es decir empresas y personas, sean contribuyentes directos del Tesoro Público, terminando con el sistema integrado o semi–integrado de impuestos a la renta.

Así, la propuesta es que en el caso del impuesto corporativo se cuente con 3 tramos: pequeñas empresas, medianas y grandes. El SII ya tiene en sus bases de datos implementada esta segmentación, y posee además toda la tecnología e información para evitar la simulación orientada a defraudar la recaudación. Por ello es vital contar con una norma antielusión que sea fortalecida.

En cuanto a la estructura progresiva se requerirá recaudar más. Por lo tanto, se hace necesario agregar al menos un tramo adicional de impuesto con tasa marginal de 40% para rentas que superen los 100 millones de pesos anuales.

El mecanismo que se aplica en varios países de la OCDE es el impuesto patrimonial para las fortunas que superan, por ejemplo, los 100 millones de dólares, y que aportan entonces un impuesto anual que fluctúa entre el 1 y el 2%. Sin embargo, este tipo de herramienta requiere de un cambio de la Constitución.

FINALMENTE:

Los centros de estudios firmantes buscamos acompañar y no suplantar a los movimientos sociales, ayudando a que se pueda expresar con la mayor potencia la masa crítica que hoy se encuentra movilizada en el país. Buscamos ser puntos de encuentro y puentes para las tan sentidas demandas sociales estructurales y coyunturales.

Fundación Por la Democracia.

Fundación Chile 21.

Instituto Igualdad.

Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz.

Fundación Nodo XXI.

Fundación Creando Salud.

Fundación Instituto de Estudios Laborales.

Fundación Progresa.

 

1 Comentario

  1. No estoy de acuerdo con aumentar la dotación de FFAA. Es la más grande de AL. Se debería hacer una transparente re estructuración y sacar lo podrido en todos los niveles (aunque a mi entender, la gente que la conforma en su mayoría lo está) . Respecto a las pensiones.Siempre se habla del pilar solidario… y qué de las personas que dieron una vida trabajando (40 años) y reciben 200.000 pesos? Creo que eso es lo primordial se deben arreglar TODAS las pensiones, y con énfasis a los que dieron toda una vida de trabajo( con imposiciones) . Y el CAE? que tiene a cientos de jóvenes y familias con esta pesada mochila que debieron asumirla, ya que no tenian otra alternativa para dar un mejor futuro a sus hijos? Y muchas veces priorizando a un hijo ante que los otros.

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