Con una exitosa huelga general y un inédito acuerdo entre políticos para avanzar hacia una nueva Constitución, Chile vivió otra semana de sobresaltos y movilización popular.
El martes, cientos de miles de personas se movilizaron en respaldo a un paro nacional convocado por la Mesa de Unidad Social como parte del amplio movimiento de protestas que sacude al país.
En esta capital, más de cien mil personas marcharon desde la Plaza Baquedano, y demostraciones igualmente masivas se realizaron en Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Punta Arenas y otras ciudades, lo que llevó a la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores a calificar como todo un éxito el paro.
Según los organizadores, paralizaron labores gran parte de los puertos, de los trabajos en las minas, el comercio, casi la mitad de la banca y el 80 por ciento de la enseñanza pública y la salud, en lo que resultó otra fuerte señala al gobierno para que escuche y atienda las demandas de la población.
La realización pacífica de las marchas fue reconocida incluso por el gobierno, pero al caer la tarde sacudió al país una ola de saqueos, incendios y otros desmanes protagonizados por delincuentes y en muchas ocasiones ante la escasa o nula presencia policial llevó al presidente Sebastián Piñera a llamar de urgencia a La Moneda a sus ministros del Interior y Defensa.
La intempestiva reunión levantó una enorme expectativa ante la posibilidad de que se decretara nuevamente el estado de excepción, pero finalmente, Piñera se limitó a llamar a toda la sociedad a pactar por la paz, la justica y una nueva Constitución.
Muchos analistas consideraron incomprensible el llamado del mandatario porque en definitiva no presentó ninguna iniciativa nueva en busca de una solución a la crisis, y solo anunció medidas concretas encaminadas a reforzar el cuerpo de Carabineros y aumentar la represión.
Pero sin dudas la creciente presión de las indetenibles protestas populares, el desconcierto de la derecha y el cada vez más restringido margen de maniobra del mandatario para manejar la crisis, llevó a que La Moneda y la coalición gobernante cedieran en sus posiciones.
Prueba de ese desgaste, fue la firma, tras una maratónica reunión el jueves y amplios cabildeos previos, de un acuerdo para redactar una nueva Constitución para Chile, con la aprobación a regañadientes de los partidos oficialistas y una parte de la oposición.
El denominado «Acuerdo por la paz y una nueva constitución», abre el camino a una Carta Magna que sustituya a la actual, sin dudas un paso muy importante, pero no exento de puntos débiles.
Por ello los partidos Comunista, Progresista, Humanista, Convergencia Social y la Federación Ecologista verde Social, entre otros, se restaron del entendimiento aunque admitieron aspectos positivos en este paso.
En líneas generales, el texto de 12 puntos incluye un plebiscito ciudadano para abril de 2020, en el cual se consultará por la opción de una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional.
El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía deberá redactar la nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito ratificatorio mediante sufragio universal y obligatorio.
Sin embargo, las reticencias de los que se distanciaron del entendimiento se refieren al sexto punto, según el cual el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios, un mecanismo que existe en la actual constitución y que ha impedido que se le puedan hacer sustanciales cambios.
Esto es considerado una trampa de la derecha para mantener sus posiciones, pero aun con esa insuficiencia, todos coinciden en que lo logrado es resultado del enorme movimiento popular que despertó el 18 de octubre y que debe permanecer alerta para que su anhelo de una nueva ley fundamental llegue a buen puerto.
Santiago de Chile, 16 de noviembre 2019
Crónica Digital /PL
