Por Manuel Cabieses Donoso * (para Prensa Latina)
El senador «opositor» Jaime Quintana es un creador de palabras que producen remezones políticos. El 2014, en calidad de vocero de la Nueva Mayoría, aseveró que el gobierno de Michelle Bachelet utilizaría una retroexcavadora «porque -afirmó- hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura».
La derecha entró en pánico y desató una contraofensiva que no cesó hasta convencerse de que la presidenta Bachelet no se proponía hacer algo diferente a lo que venían haciendo los gobiernos desde 1990: cuidar el modelo neoliberal instaurado por la dictadura.
Quintana, que entretanto ascendió a presidente del Senado, creó ahora otro misil político: «Es el momento de ceder, ceder no es perder» fue la voz de orden que en 48 horas realineó las fuerzas políticas en defensa del sistema.
El presidente Piñera había «cedido» la noche anterior. Pedía paz social y admitía abrir camino a una nueva Constitución vía un Congreso Constituyente. De ahí en adelante todo fue por un tubo. La casta política se apropió de la protesta social carente de conducción y produjo un pacto que da inicio a un proceso constituyente tutelado por los mismos de siempre.
La velocidad del juego político a partir del puntapié inicial de La Moneda, se reflejó en la desventurada conducta de la oposición.
Al día siguiente del mensaje presidencial los trece partidos opositores -desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, pasando por el PPD del senador Quintana-, contestaron con una solemne declaración que rechazaba «la propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno, (porque) se aleja de la demanda popular».
Agregaban: «En este momento el camino para construir el futuro es Plebiscito, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución».
Pero aún no se secaba la tinta de la declaración opositora cuando Quintana
pronunció la frase clave: «hay que ceder», y en 48 horas se consumó la audaz jugada política.
¿Qué obligó a agachar el moño a la oposición? La clave podría estar en la advertencia que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo el día 13. Aseguró urbi et orbe: «solo quedan uno o dos días» para un acuerdo que ponga término al levantamiento popular.
Su perentoria notificación fue recogida de inmediato por la Democracia Cristiana (DC) y poco después por el resto de la oposición. Al día siguiente, 14 de noviembre, dirigentes y parlamentarios de gobierno y oposición (salvo comunistas y humanistas), se acuartelaron en las oficinas del Senado en Santiago.
En permanente coordinación con La Moneda, que ofició de chef de la cocina política, la ardua y republicana tarea culminó con un vagido a las dos de la madrugada del viernes 15. Nacía un acuerdo transversal que promete un plebiscito para abril del 2020 que dará inicio al proceso constituyente.
No está asegurado que sea una «Convención» elegida por el pueblo u otra fórmula de un 50 por ciento designado por el Congreso. Pero lo más grave consiste en que el articulado de la nueva Carta debe ser aprobado por dos tercios de los constituyentes.
Al más puro estilo de la Constitución del 80, instala un cerrojo que permitiría a la minoría conservadora vetar todo cambio efectivo. Asegura la vigencia de la economía de mercado, la desnacionalización del cobre y el litio, la privatización del agua, etc., etc. En suma, estamos ante una estafa colosal que se burla del gran esfuerzo desplegado por el pueblo para hacer oír sus demandas.
¿Qué precipitó el relámpago de movidas políticas que desató el senador Quintana? Una hipótesis es que en escena asomó el convidado de piedra: las Fuerzas Armadas. La escalada de saqueos e incendios -una violencia sin brújula con intervención de bandas organizadas-, hacía suponer que Piñera anunciaría el estado de excepción, quizás el estado de sitio, la noche del día 12.
Se conjeturó que las FF.AA. habrían pedido garantías para asumir la responsabilidad de una probable masacre. Piñera -paradojas de un presidente derechista- no es santo de la devoción de las FF.AA. No pertenece a la «familia militar».
En su primer gobierno clausuró el penal Cordillera, cárcel-hotel que la Concertación destinó a oficiales acusados de graves violaciones de los derechos humanos. En su segundo gobierno Piñera descabezó los altos mandos del Ejército y Carabineros. Decenas de generales -entre ellos tres ex comandantes en jefe- están procesados por corrupción y otros delitos.
El rumor del peligro golpista -real o supuesto- surgió cuando el presidente de Renovación Nacional, sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de Carabineros y ex funcionario de Gendarmería, mantiene relación privilegiada con las instituciones armadas.
La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante una suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales -que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social- fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana.
Horas después del anuncio del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza.
La ausencia de conducción política -que el movimiento no ha sido capaz de crear- y la actividad provocadora de grupos cuyas acciones han enajenado el apoyo de amplios sectores sociales, podrían coronar con éxito la estafa del gatopardismo político, condenando al pueblo a una nueva frustración… hasta la próxima explosión social.
(*) Destacado periodista chileno, director fundador de la revista Punto Final.
Santiago de Chile, 19 de noviembre 2019
Crónica Digital /PL
