Colegio de Periodistas: Nueva Constitución, debe consagrar el derecho a la comunicación

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Por el derecho a la comunicación y a la información, convocamos a los periodistas de la Región Metropolitana a reunirnos este sábado 23 de noviembre a las 15:30 horas, en Amunátegui 31, 5 Piso para intercambiar ideas y sistematizar nuestras propuestas e iniciativas  que fijen nuestra participación en el proceso constituyente sobre la base del llamamiento que realizamos a continuación:

El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile asumió desde primer momento las legítimas demandas de manera clara y masiva se han expresado en las calles, y que buscan superar las injusticias originadas por un modelo que no garantiza los derechos básicos de las y los chilenos.

Rechazamos tajantemente, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante estas manifestaciones y exigimos al Gobierno terminar con esta actitud represiva y criminalizadora de las protestas; por tal razón, hemos denunciado las agresiones a quienes ejercen el periodismo.

En este escenario, instamos a las y los periodistas a mantener los más altos estándares de responsabilidad y ética a la hora de informar recordando, especialmente, nuestro compromiso con los derechos humanos, con la sociedad y los principios democráticos.

Destacamos y felicitamos la labor de los y las periodistas -colegiados o no- corresponsales extranjeros, reporteros gráficos y camarógrafos quienes, en esta situación tan adversa, han cumplido con valentía su rol, y se han enfrentado a quienes pretenden limitar el derecho a la información, incluso desde las propias jefaturas de los medios de comunicación, según han denunciado algunos profesionales. A todos y todas,  nuestra solidaridad.

Como trabajadores de las comunicaciones, debemos reflexionar, de manera amplia, profunda y con sentido crítico nuestra labor, evaluar si hemos contribuido  a denunciar las injusticias que hoy reclaman las y los chilenos, considerando aquellas realidades que no hemos mostrado suficientemente en nuestros medios, manteniendo, así, una sensación de invisibilización por amplios sectores de la sociedad.

El Consejo Metropolitano, considera que una de las mayores trabas para contar con información más plural y diversa en Chile, es la alta concentración de los medios de comunicación en pocas manos.

Como Colegio de Periodistas de Chile, desde hace varios congresos nacionales, hemos llamado a cambiar la Constitución y hemos exigido que en ella se consagre el derecho a la comunicación y a la información considerando las libertades de expresión y de prensa, que emanan de ese derecho principal.

Consideramos, como puntos esenciales para la democratización de las comunicaciones, que en la  nueva institucionalidad, se reconozca a los medios sociales, comunitarios y/o sin fines de lucro, como tercer sector junto a los públicos de propiedad estatal y comerciales con regulaciones anti concentración; la implementación de un subsidio estatal que permita a TVN cumplir su rol de televisión pública mediante la entrega de contenidos culturales, que incorporen el pluralismo político, social, de género y de pueblos originarios; la redistribución de la publicidad estatal para apoyar el desarrollo de medios locales, provinciales o regionales; y la definición del espectro electromagnético como bien público de libre disposición.

Este Consejo Regional Metropolitano hará todos los esfuerzos para que los puntos descritos estén presentes en una nueva constitución, con la más amplia participación de las organizaciones sociales y generaremos diversas iniciativas en este sentido, que serán oportunamente informadas a las y los periodistas colegiados, así como a toda la ciudadanía.

Reiteramos nuestra invitación para el sábado 23 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en Amunátegui 31, 5 Piso, por el derecho a la comunicación y a la información en el proceso constituyente.

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Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país. “La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual. Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial. La decisión del presidente Piñera de […]

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