Diputado Barrera pidió medidas cautelares por represión indiscriminada contra la población civil

El jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, pidió a la Comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que oficie a la Comisión Interamericana de DDHH, en la que solicite una medida cautelar para que cese la represión indiscriminada con escopetas lanza lacrimógenas, contra los población que se mantiene movilizada en el país hace más de un mes.

El legislador, integrante de la comisión,  citó el dramático caso de Fabiola Campillay, madre de un niño de 8 años, que quedó ciega luego que fuera impactada por una bomba lacrimógena a corta distancia lanzada por carabineros en San Bernardo y que se suma a la situación de Gustavo Gatica, quien perdió sus ojos por efecto de los perdigones.

“Me gustaría que oficiemos a la CIDH solicitando una medida cautelar y el cese de la represión indiscriminada y el daño a las personas que se manifiestan pacíficamente y transitan por las calles de Chile” precisó.

Si bien la medida generó la oposición de la derecha que cuestionó la pertinencia, la Comisión determinó enviar el oficio al Presidente de la República Sebastián Piñera para que ponga fin a la represión.

“Si esto no correspondiera y si la CIDH no lo acoge, sería un antecedente para esta causa. Creo que es importante, porque no quiero que siga pasando esta situación. No quiero que haya más gente herida. Entonces ¿nos vamos a quedar callados? ¿No vamos a hacer nada al respecto? ¿No vamos a dar una señal, independiente de dónde estemos? Si no quieren está bien. Ojalá mañana no haya otro herido, otra persona con un ojo menos por una bomba lacrimógena en la cara, pudiendo nosotros hacer algo” puntualizó el diputado Barrera, quien de todas maneras pedirá a la Cámara de Diputados que oficie al organismo internacional.

Santiago de Chile, 28 de noivembre 2019
Crónica Digital

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Jue Nov 28 , 2019
Una querella por los delitos de omisión de denuncia y prevaricación administrativa fue presentada por el abogado Fernando Leal, con el fin de restablecer la honra del gendarme Rodrigo Luna, entre otros funcionarios, luego de ser acusados de estar involucrados en la entrega de títulos falsos al interior de la institución. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger a tramitación una querella criminal en contra de todos los involucrados en los delitos de omisión de denuncia y prevaricación administrativa, luego que un funcionario de Gendamería se coludiera, presuntamente, para faltar a la verdad y dañar la honra de Rodrigo Luna, miembro y dirigente de la institución que fuera acusado de estar involucrado en la entrega de títulos académicos falsos a miembros del organismo. De acuerdo a los antecedentes reunidos para inculpar a Luna y a dos gendarmes más (Leandro Tegler y Alex Catalán), cerca de 300 funcionarios presentaron -entre los años 2012 y 2015- certificados de título emitidos por las universidades La República, Sek y el Instituto Valle Central, en sus sedes de Santiago y Talca, los que resultaron ser falsos, según la causa que dirigió el fiscal de Alta Complejidad Metropolitano Centro-Norte, Jaime Retamal. Todo esto habría sido realizado por medio de un masivo cobro de asignaciones profesionales indebidas, presuntamente realizado por los inculpados. No obstante, el abogado querellante Fernando Leal, aseguró que en esta trama estuvieron implicados “distintos actores vinculados al actual director nacional de Gendamería (Christian Alveal). Asimismo, esos mismos antecedentes en su minuto los ocupó el Ministerio Público para perseguir al señor Luna”. “Tanto Luna como Tegler, han sido víctimas de una persecusión sin precedentes en su calidad de dirigentes gremiales de la institución, se les acusó de hechos falsos, se conspiró para hacer pasar esas imputaciones como verdaderas, se robaron partes de un expediente sumarial que los exculpaba, se construyó un montaje burdo y criminal para denostarlos y hacerlos desaparecer de Gendarmería. Se les dañó en su honra, en su integridad psíquica, en su patrimonio, en sus derechos humanos”, aseguró Leal. Por tanto, en el escrito admitido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, aparecen como imputados de falso testimonio, “el gendarme 1° Daniel López Muñoz, el coronel (R) Patricio Olivares Araya, el teniente coronel Alberto Figueroa Quezada, el coronel (R) Freddy Larenas Durán, el coronel (R) Juan Manríquez Sepúlveda y el coronel (R) Juan Letelier Araneda, además de los civiles Christian Savelli Lara y Elizabeth Ubilla”. Conjuntamente, Leal ha insistido en que Luna no tenía responsabilidad en los hechos que se le imputaban en el proceso administrativo iniciado en su contra, toda vez que la carpeta de investigación habría sido alterada al arrancarse de ésta antecedentes que demostraban su inocencia y la del resto de los involucrados, con el fin de “dar sustento a la persecución penal en contra de mi representado”, como dicta la querella. A raíz de lo anterior, se despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, y se citará a declarar […]

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