Gobierno y movimiento social dialogan por primera vez

Representantes de la Mesa de Unidad Social, que aglutina al movimiento popular en Chile, fueron escuchados hoy por primera vez por el Gobierno tras más de 40 días de protestas contra el modelo social imperante.

 

Durante más de dos horas y media se prolongó la reunión, efectuada en el palacio de La Moneda, en la cual dirigentes del movimiento presentaron al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tres puntos esenciales.

Según se conoció estos se centraron en el cese de la violencia contra las manifestaciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos, una nueva Constitución y un pliego de medidas sociales en beneficio para la mayoría de los ciudadanos.

Tras el encuentro, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que la disposición a continuar dialogando depende de que el ejecutivo asuma la ambiciosa agenda que plantea el movimiento social.

Dijo que el ministro Blumel se comprometió a gestionar la agenda que se le planteó, con las distintas carteras para analizar esas medidas.

Explicó que también se le señaló como una señal concreta del Gobierno que se detenga la tramitación de los proyectos de ley que no responden a los reclamos del movimiento social.

Por su parte, Mario Aguiar, presidente del Colegio de Profesores, aseguró que se le explicó al ministro que la Mesa de Unidad Social no está dispuesta a una negociación a espaldas de la ciudadanía y que el Gobierno tiene que dar respuesta, aunque consideró positivo este primer diálogo.

Asimismo, sobre el tema de los derechos humanos calificó de totalmente insuficiente que el Gobierno declare que está a su favor y, en cambio, continúen ocurriendo torturas, mutilaciones y violaciones y que sigan libres quienes cometieron esos delitos.

Aguiar acudió a la reunión con una venda sobre su ojo izquierdo en muestra de protesta por todos los casos de personas que han sufrido serias lesiones oculares a causa de la represión policial.

El dirigente gremial puntualizó que en Chile habrá paz social en la medida en que haya justicia social, que es lo que necesita el país de inmediato y que se deje de reprimir a los manifestantes pacíficos, mientras en cambio permiten actuar a los delincuentes que saquean.

Explicó que las demandas expuestas incluyen una asamblea constituyente y una agenda social que comprende salario mínimo de 500 mil pesos chilenos, pensiones al nivel de ese sueldo mínimo y salud y educación garantizadas y de calidad, entre otras.

A la reunión también asistió un grupo de dirigentes de los trabajadores portuarios, el movimiento No más AFP (aseguradoras del Fondo de Pensiones), el Colegio Médico y de organizaciones de pobladores.

Posteriormente, el ministro Blumel en declaraciones a la prensa valoró positivamente el encuentro, en el cual ‘pudimos dialogar sobre los temas fundamentales que tenemos hoy día en la discusión pública, fundamentalmente los temas de las reformas sociales que la ciudadanía pide’.

Aseguró que ‘fue una buena reunión’, que se plantearon los problemas ‘con muchísima franqueza’, y consideró que ‘el diálogo en democracia es la fórmula para poder avanzar en superar los momentos complejos y difíciles que hemos tenido en nuestro país en las últimas semanas’.

Con respecto al tema de la represión y las violaciones de los derechos humanos, Blumel repitió el argumento de que el Gobierno está comprometido con el orden público ‘que es un valor fundamental que va de la mano con el respeto por los Derechos Humanos’ y que en caso de que se vulneren esos derechos ‘la justicia va a investigar’.

Santiago de Chile, 28 de noviembre 2019
Crónica Digital /PL

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Hasta que valga la pena vivir: buscando la dignidad en el Acuerdo Constituyente

Jue Nov 28 , 2019
Si una nueva Constitución replica el esquema de las élites, sean de izquierda o de derecha, solamente habremos ganado quitar la firma del dictador del texto, pero seguiríamos hundidos y hundidas en su mismo sueño: la desigualdad como esquema y el terror como cemento de lo social. “Hasta que valga la pena vivir” es, probablemente, uno de los escritos que más me han emocionado durante estas cinco semanas de movilizaciones, porque, creo, logra resumir la profunda humanidad que hay tras estas movilizaciones. Todo esto es un asunto de dignidad. Y es lógico, en el país más desigual, la gente lo que quiere es volver a sentirse valiosa por el simple hecho de ser persona. Eso es la dignidad. La lucha nunca fue, solamente, por el precio del pasaje del metro, tampoco lo es, simplemente, por la necesidad de escribir de nuevo la Constitución. El precio del pasaje y la nueva constitución son importantes en tanto pueden o no, devolver la dignidad a la gente. Es tan fundamental y humano este reclamo, que su legitimidad está consagrado en el primer artículo de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos Por eso, no fue por majaderos, ni tozudos, ni ultrones, ni trotskistas que decidimos no firmar el “Acuerdo de Paz y Nueva Constitución”. Fue porque sentimos y pensamos que, ni en el fondo ni en la forma este acuerdo logra responder a esto que, creemos, es lo esencial de la demanda: la dignidad. Creemos que el nuevo contrato social que se escribirá en el entrelineas de cada renglón de la nueva Carta, debe, necesariamente hacerse cargo de esto, y que, por tanto, es fundamental, para que las personas vuelvan a sentirse personas y parte del Nosotros, sentirse también representadas en las decisiones. Por eso es que hemos planteado una serie de medidas, que permitan dignificar a las personas en el Acuerdo Constituyente que fue suscrito. El reconocimiento del otro y de si mismo, se juega en la capacidad de representación de las diferencias. Si una nueva constitución replica el esquema de las élites, sean de izquierda o de derecha, solamente habremos ganado quitar la firma del dictador del texto, pero seguiríamos hundidos y hundidas en su mismo sueño: la desigualdad como esquema y el terror como cemento de lo social. Por eso es que creemos fundamental corregir la capacidad de representación en el acuerdo. Primero, rebajando la edad para sufragar a los 16 años. Esto, porque es necio que una sociedad crea que una persona a los 16 años es imputable penalmente, porque sabe distinguir el bien del mal, pero que al mismo tiempo no tenga capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, y por tanto negarle su derecho a voto.  En segundo lugar, debemos definir condiciones -modificando la ley electoral-, que permitan una competencia justa entre militantes de partido e independientes, para la elección de delegados a la Convención, lo que es imposible con el actual acuerdo, que replica la legislación vigente. En tercer […]

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