Si una nueva Constitución replica el esquema de las élites, sean de izquierda o de derecha, solamente habremos ganado quitar la firma del dictador del texto, pero seguiríamos hundidos y hundidas en su mismo sueño: la desigualdad como esquema y el terror como cemento de lo social.
“Hasta que valga la pena vivir” es, probablemente, uno de los escritos que más me han emocionado durante estas cinco semanas de movilizaciones, porque, creo, logra resumir la profunda humanidad que hay tras estas movilizaciones. Todo esto es un asunto de dignidad. Y es lógico, en el país más desigual, la gente lo que quiere es volver a sentirse valiosa por el simple hecho de ser persona. Eso es la dignidad. La lucha nunca fue, solamente, por el precio del pasaje del metro, tampoco lo es, simplemente, por la necesidad de escribir de nuevo la Constitución. El precio del pasaje y la nueva constitución son importantes en tanto pueden o no, devolver la dignidad a la gente. Es tan fundamental y humano este reclamo, que su legitimidad está consagrado en el primer artículo de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
Por eso, no fue por majaderos, ni tozudos, ni ultrones, ni trotskistas que decidimos no firmar el “Acuerdo de Paz y Nueva Constitución”. Fue porque sentimos y pensamos que, ni en el fondo ni en la forma este acuerdo logra responder a esto que, creemos, es lo esencial de la demanda: la dignidad. Creemos que el nuevo contrato social que se escribirá en el entrelineas de cada renglón de la nueva Carta, debe, necesariamente hacerse cargo de esto, y que, por tanto, es fundamental, para que las personas vuelvan a sentirse personas y parte del Nosotros, sentirse también representadas en las decisiones.
Por eso es que hemos planteado una serie de medidas, que permitan dignificar a las personas en el Acuerdo Constituyente que fue suscrito. El reconocimiento del otro y de si mismo, se juega en la capacidad de representación de las diferencias. Si una nueva constitución replica el esquema de las élites, sean de izquierda o de derecha, solamente habremos ganado quitar la firma del dictador del texto, pero seguiríamos hundidos y hundidas en su mismo sueño: la desigualdad como esquema y el terror como cemento de lo social.
Por eso es que creemos fundamental corregir la capacidad de representación en el acuerdo. Primero, rebajando la edad para sufragar a los 16 años. Esto, porque es necio que una sociedad crea que una persona a los 16 años es imputable penalmente, porque sabe distinguir el bien del mal, pero que al mismo tiempo no tenga capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, y por tanto negarle su derecho a voto. En segundo lugar, debemos definir condiciones -modificando la ley electoral-, que permitan una competencia justa entre militantes de partido e independientes, para la elección de delegados a la Convención, lo que es imposible con el actual acuerdo, que replica la legislación vigente.
En tercer lugar, sostenemos que el quórum de 2/3 establecido en el acuerdo, corre el riesgo de generar una constitución extremadamente minimalista, y, en definitiva, frustrante. No es razonable que 1/3 tenga la posibilidad de bloquear normas fundamentales, que en cualquier constitución democrática resultarían obvias. Se propone, en primer lugar, rebajar a 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos, y que aquellas materias en que no se logre un respaldo de los 3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada, sean objeto de resolución ciudadana en el plebiscito de salida. En este punto, creemos también que no tiene ninguna justificación, salvo un cálculo político subalterno, que sólo el plebiscito de salida considere voto obligatorio. Creemos que es fundamental, debatir al menos, la posibilidad e importancia de considerar voto obligatorio en los dos plebiscitos y en la elección de delegados a la Convención.
Así mismo, es fundamental incorporar mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía y que alimenten la deliberación de la Convención Constituyente, y que el actual acuerdo no considera, así como también, establecer cuotas de género (50% de mujeres), etarias y para pueblos originarios (con padrón propio); La eliminación previa de las restricciones impuestas a los dirigentes sindicales para optar a cargos de representación popular; La extensión a 3 años de la inhabilidad para postular a cargos de representación popular, a quienes participen como delegados de la Convención Constituyente (hoy, el acuerdo restringe solo a un año, lo que seguramente provocará una pugna de lucha de intereses que contaminará el proceso); así como derecho a voto para todos y todas los y las compatriotas que se encuentren en el extranjero para ambos plebiscitos.
Sin embargo, la dignidad no solamente es el reconocimiento político de las personas. También lo es su materialidad. Una cosa es vivir y otra sobrevivir. Y en Chile se sobrevive. Hay una urgencia material que se expresa junto a la demanda de reconocimiento, y puede, perfectamente, al menos, debatirse gracias al contexto al que la lucha de la ciudadanía ha empujado a la clase política. Creemos que la Agenda Social que planteo el Gobierno de Piñera es mezquina. El bienestar del pueblo, que devolverá la legitimidad al Estado (y con ello también el orden), tiene que priorizar, al menos, un aumento del 50% de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario. Un salario mínimo de $500 mil, una fuerte inyección de recursos para enfrentar la crisis hospitalaria y muy especialmente las listas de espera, congelación de las tarifas de los servicios públicos y un subsidio a las compras de medicamentos. Y esto es técnicamente factible, y hoy, gracias a la calle, puede ser políticamente posible.
Y, finalmente, el que debe ser el primer punto de la discusión en un Acuerdo por la Paz, pero que fue olvidado en el tintero por quienes firmaron el acuerdo en nombre de las chilenas y chilenos: detener la violación a los derechos humanos. La práctica de la policía chilena es vergonzosa. Son decenas de muertos, miles de heridos graves, entre estos, cientos sin sus ojos, además de graves denuncias y acusaciones de violaciones, vejaciones y abusos. No podemos permitirnos, si estamos luchando por la dignidad, volver a escribir otro capitulo de nuestra democracia, sobre la sangre derramada de compatriotas que lo han dado todo por dignificarla. La política debe estar a la altura. Esta vez debe estar a la altura. El primer paso es inobjetable: la paz ahora, y un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.
Imagen: Marco Enríquez-Ominami junto a Baltasar Garzón.
Fuente: http://www.marcoenriquezominami.cl/
Por Marco Enríquez-Ominami.
Santiago, 28 de noviembre 2019.
Crónica Digital.
