Venezuela denunciará ante las instancias de Derechos Humanos de Naciones Unidas los casos de detenciones arbitrarias de los compatriotas en Bolivia y los de criminalización de la comunidad venezolana en Colombia, afirmó hoy el canciller Jorge Arreaza.
Utilizados como instrumento político por parte de gobiernos de derecha, los venezolanos detenidos en Bolivia y Colombia, son acusados de terroristas y señalados por su supuesta participación en acciones violentas.
En el caso de Bolivia, nueve ciudadanos procedentes de la nación bolivariana fueron detenidos arbitrariamente y trasladados desde el norte del país hacia la Paz para vincularlos a las protestas.
Ante este escenario, Arreaza denunció la víspera la criminalización de la migración de compatriotas por parte de los gobiernos de derecha en América Latina para eludir sus compromisos en lo político y económico.
«La estrategia de los gobiernos de derecha en la región de criminalizar e instrumentalizar la migración venezolana para evadir sus responsabilidades políticas y económicas es tan vulgar, descarada y violatoria de los derechos humanos, que hasta la sesgada BBC lo denuncia», escribió Arreaza en la red social Twitter.
Esta declaración del ministro sucedía luego del artículo publicado por el medio británico BBC, el cual refiere la acusación de los Gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia hacia los inmigrantes venezolanos de generar violencia y participar en saqueos, en medio de las olas de protestas desatadas en la región.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno de Venezuela manifestó también este jueves su indignación y preocupación por la deportación de ciudadanos venezolanos residentes en Colombia, a quienes el Gobierno de Iván Duque pretende responsabilizar de las manifestaciones sociales reportadas en ese país.
Venezuela rechazó asimismo la «conducta irregular y subrepticia» de las autoridades de Colombia, que mediante deportaciones realizadas sin acusación formal ni fórmula de juicio, incurrieron en tratos inhumanos a los ciudadanos venezolanos, en clara violación a sus derechos fundamentales.
Caracas, 29 de noviembre 2019
Crónica Digital/PL