con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó parte de la agenda de seguridad propuesta por el gobierno, la cual busca agravar penas y tipificar como delito hechos de alteración al orden público y saqueos. Su votación contó con la aprobación de gran parte de la oposición incluido el Frente Amplio, abriendo una polémica al interior de dicho conglomerado.
Al respecto, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, cuestionó la decisión del poder legislativo y señalo que «para el gobierno el problema central es de orden público y parte importante de la oposición aún no se convence de otra cosa, olvidando además que las instituciones a las que dan más atribuciones violan los DD.HH.»
Respecto a la violencia en el marco de las manifestaciones, el dirigente juvenil del PC también marca una diferencia. «Yo rechazo a toda acción que tenga por finalidad causar daño fisico o material, como lo son las provocaciones o saqueos, pero lo diferencio del derecho que tiene el pueblo a contener la violencia policial cuando esta atenta contra los derechos humanos», indica Sánchez.
Al respecto, señaló estar convencido que «sin la primera línea de contención a la violencia desmedida de Carabineros, la manifestación pacífica de cientos de miles no sería posible» y que, por lo mismo, «la autodefensa ante la violación sistemática de los DD.HH. no puede encarcelarse».
Si bien la mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio aprobaron la iniciativa del gobierno, durante esta jornada, algunos personeros como Gabriel Boric realizaron una autocrítica señalando este último que “se ha entendido como una criminalización a la movilización”.
Respecto a dicha situación, Camilo Sánchez hizo un llamado a que «con el FA al menos logremos un mínimo de entendimiento en torno a priorizar las demandas del movimiento social y frenar la agenda criminalizadora del gobierno»
Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019
Crónica Digital