Telesur denuncia asedio policial a corresponsal en Chile

Crónica Digital 17 diciembre, 2019

La cadena multinacional Telesur denunció hoy la agresión a su corresponsal en Chile, Paola Dragnic, por parte de efectivos de la policía de Carabineros mientras realizaba un reporte sobre la represión a las protestas.

A través de la red social Twitter, la presidenta del canal latinoamericano de noticias, Patricia Villegas, informó que Dragnic resultó asediada por los funcionarios policiales para impedirle reportar; «la presionan para que no pueda informar. Estamos en vivo», precisó.

Agregó que al momento de la agresión, la corresponsal de Telesur explicaba los detalles sobre los elementos tóxicos añadidos al agua empleada por los organismos represores para disolver las manifestaciones contra las políticas neoliberales del Gobierno de Sebastián Piñera.

La cadena multinacional Telesur publicó además en la red social un material audiovisual en el cual se aprecia el momento cuando los carabineros empujan y maltratan a la joven periodista.

Gas pimienta y soda cáustica en el agua lanzada por las fuerzas policiales en Chile contra los manifestantes resultaron detectados en un estudio presentado este lunes por la organización Movimiento Salud en Resistencia (MSR).

El tema salió a la luz luego de que especialistas del Colegio Médico reportaran un creciente número de casos de personas con quemaduras y reacciones alérgicas tras exponerse a los chorros de los carros lanza agua en medio de manifestaciones.

Tras varias pruebas, se comprobó la presencia del compuesto capsaicina, componente principal del gas pimienta, así como iones de hidróxido de sodio (soda cáustica), muy corrosivo al contacto directo con la piel.

El tema de las ‘armas disuasivas’ empleadas por Carabineros anteriormente provocó una fuerte polémica cuando se descubrió también mediante análisis realizados por al menos tres universidades del país que los supuestos balines de goma lanzados a los manifestantes lo menos que contenían era ese material.

En cambio estaban compuestos en 85 por ciento por metales, incluido plomo, lo que llevó al general Rozas a prohibir, excepto en casos extremos, el uso de esos balines, que han sido los causantes de más de 300 heridos con serias lesiones oculares y al menos dos personas han perdido la vista completamente.

Santiago de Chile, 17 de diciembre 2019
Crónica Digital /PL

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Movilización: dos meses exigiendo cambios de fondo

Mié Dic 18 , 2019

Al cumplirse dos meses del estallido social, para la mayoría de los chilenos están lejos las respuestas efectivas a los cambios profundos que reclaman y solamente aprecian medidas insuficientes y políticas represivas del Gobierno. Las protestas, cuyo detonante fue un aumento en los pasajes del Metro, se multiplicaron de forma explosiva, con millones de personas reclamando aumentos de salarios y pensiones, mejoras en la salud y la educación públicas, y muchas más, y en general un cambio radical al modelo neoliberal imperante. La respuesta del Gobierno ha sido una denominada agenda social que hasta el momento solo ha ofrecido algunas mejoras en los salarios más bajos y las pensiones, a mediano plazo, que se quedan muy por debajo de lo que exige el movimiento social, aglutinado en la Mesa de Unidad Social. Un solo ejemplo: mientras el Ejecutivo ha anunciado un aumento lento y paulatino de salarios hasta unos 300 mil pesos, para el movimiento sindical el mínimo posible para sacar a la mayoría de las familias de la pobreza y el endeudamiento es de 500 mil pesos (unos 650 dólares al cambio actual). No pocos analistas consideran que esas medidas insuficientes, calificadas por muchos como limosnas, solo persiguen calmar el ambiente y ganar tiempo en busca de que el movimiento social pierda fuerza por tantos días de movilizaciones, aunque también conducen a mantener e incluso aumentar el descontento social. Por ello, para los partidos de oposición y el movimiento popular, tales soluciones sólo evidencian la ceguera del gobierno, que no parece aquilatar la real dimensión de la crisis social y política. Al mismo tiempo, Sebastián Piñera lanzó una “agenda de seguridad” encaminada a fortalecer el aparato policial y tramitar con urgencia proyectos de leyes en contra de los encapuchados, los saqueos y las barricadas, iniciativas legislativas que son rechazadas por amplios sectores que acusan al Ejecutivo de criminalizar las manifestaciones pacíficas. Prueba de la violencia policial en estos dos meses son las detenciones muchas veces arbitrarias de miles de personas, incluyendo menores de edad, más de tres mil heridos, entre ellos más de 350 con serias lesiones oculares, torturas, golpizas y hasta agresiones sexuales. Tal situación puso a Chile en la mira de entidades internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que han denunciado graves y reiteradas violaciones y exigido al gobierno detener esos hechos, mientras que evasivas y justificaciones han sido las respuestas desde el palacio de La Moneda. En tanto, ha ido ganando espacio el reclamo de una nueva Constitución, para lo cual la mayoría de la población reclama por una asamblea constituyente, mientras que desde el Gobierno, que aceptó a regañadientes avanzar en esa dirección, se busca también acomodar ese proceso a sus intereses. Los partidos de derecha de la coalición oficialista no ocultan sus esfuerzos por salvar de alguna forma la actual Carta Magna, impuesta en época de la dictadura de Augusto Pinochet, y que sustenta el modelo neoliberal. Ello, en medio de una economía que ya venía […]