Con el estallido social, han aflorado una serie de demandas sociales que siempre han existido, pero que todos los gobiernos habían logrado contenerlas o ocultarlas con medidas paliativas o falaces, como el CAE para los estudiantes, el auge en la salud, la pensión básica solidaria en la previsión, o el otorgamiento de diversos tipos de bonos. Con estas medidas tramposas, en estos 30 años, los sucesivos gobiernos pretendieron equivocadamente, que ya no sería necesario abordar las soluciones integrales a las demandas sociales.
Por ello resulta paradojal y extraño, que quienes aparecen liderando comunicacionalmente el estallido social, como la mesa social, los partidos y movimientos de izquierda o de centro, y otros exponentes de la protesta social que aparecen en los medios comunicación, tampoco mencionan siquiera como se van a financiar durablemente las actuales demandas sociales. Por ejemplo, no se ha escuchado o visto a los voceros de las demandas sociales, sostener, por ejemplo, que el cobre es el sueldo de Chile, y que basta con recuperar el cobre para financiar absolutamente todas las demandas sociales, como vamos a demostrarlo.
En los últimos 3 años de la dictadura, Codelco aportaba alrededor del 25% de los ingresos del presupuesto nacional, porcentaje que si lo trasladamos a la actualidad equivaldría a US$ 15 mil millones de los ingresos fiscales, que hoy se sitúan en alrededor de US$ 60 mil millones. Sin embargo, en los últimos 3 años, sumando los excedentes de Codelco y la tributación de las 10 mayores mineras, son alrededor de US$ 3.500 millones, lo que equivale al 6% solamente de los actuales ingresos fiscales, pero, ahora se producen 4 veces más cobre que en 1989, y 10 veces más que en 1971, cuando el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre.
En 1989, al terminar la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial de cobre, con 1,6 millones de toneladas, de las cuales solo 204 mil toneladas, el 12,5% del total, lo producían dos únicas mineras extranjeras, La Disputada de Las Condes y Mantos Blancos SA. Todo el resto, lo producía el Estado, Codelco y Enami. Actualmente, según el Anuario de Cochilco 2018, Chile produjo 5, 8 millones de T. de cobre, de las cuales 4.15 millones lo produjeron mineras extranjeras, lo que es 21 veces más que lo que las mineras extranjeras producían en 1989, mientras que, en ese mismo periodo de tiempo, Codelco bajó su participación en lña producción, de 83% en 1989, a solo 27% el 2018.
El colosal crecimiento de la producción minera por empresas privadas extranjeras, ha sido considerado por “expertos” y los medios de comunicación, como un gran éxito de nuestros gobernantes que lograron atraer tanta inversión extranjera, y además, que dicho colosal crecimiento, estaría siendo muy beneficioso para Chile. Pero, desgraciadamente, la inversión extranjera en la minería, ha sido nefasta para nuestro país, como lo comprobaremos con las siguientes cifras.
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Años |
1990-2003 |
2004-2010 |
2011-2016 |
TOTAL |
US$ * Ton. |
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Codelco Exced. |
11.553 |
40.585 |
19.388 |
71.526 |
2295 |
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Trib. GMP10 |
1.380 |
15.864 |
12.688 |
29.932 |
465 |
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Prod. Codelco |
8.133 |
12.122 |
10.905 |
31.160 |
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Prod. Privadas |
24.560 |
17.650 |
22.120 |
64.330 |
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Nacionalización |
147.666 |
210.093 |
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Mitad Codelco |
74.623 |
94.565 |
Fuentes: Codelco, S.I.I. y Cochilco
Como podemos observar, entre 1990 y 2016 (columna TOTAL), Codelco aportó al país US$ 71.526 millones y produjo 31,2 millones de T. de cobre, es decir, 2.295 dólares por tonelada producida. Mientras que las 10 GMP(10 mayores empresas de la Gran Minería Privada), produjeron casi el doble que Codelco, 61,6 millones de T. de cobre, y pagaron en total US$ 29.932 millones, incluyendo Impuesto de Primera Categoría, Impuesto Adicional a las remesas y Impuesto Específico a la Minería, conocido popularmente como royalty, lo que da apenas 465 dólares por tonelada de cobre producida, es decir, 5 veces menos que Codelco, sin tomar en consideración el molibdeno, renio, oro, plata, etc.
En base a estas cifras podemos proyectar lo que las 10 GPM si hubieran estado nacionalizadas o administradas por el Estado, habrían podido aportar. En ese caso hubieran aportado los mismos excedentes que Codelco de 2.295 dólares por tonelada, los que multiplicados por 61,6 millones de T. que produjeron hasta el año 2016, tendrían que haber aportartado US$ 147.666 millones, es decir US$ 117.734 por sobre los US$ 29.932 millones que estas mineras pagaron desde 1990 al 2016. Estas proyecciones demuestran la importancia que la gran minería del cobre sea nacionalizada, porque habríamos tenido más de US$ 100 mil millones, que hoy ya no los tenemos y que se perdieron para siempre, porque el cobre no se siembra.
Además, si bien las cifras de producción y tributos, presentadas en este cuadro son oficiales, de Cochilco, el S.I.I. y Memorias de Codelco, sin embargo, estas cifras no reflejan exactamente la realidad de lo que debieran ser la producción y los aportes al Estado, por las siguientes razones.
En lo que respecta la producción de las 10 GMP, esta debería ser aumentada entre 20 a 30% de lo exportado, porque Aduanas no fiscaliza la exportación de concentrados, porque “no tendría personal y medios técnicos para hacerlo”, sin embargo, si tiene los medios para subcontratar dicha fiscalización con empresas externas, que a su vez trabajan para las mismas mineras que tienen que fiscalizar, e incluso, algunas de estas empresas son filiales de esas mismas mineras. Es como el gato cuidando al ratón. En los hechos, se acepta lo que las mismas mineras declaran respecto a la cantidad de toneladas de concentrados exportados, y también su contenido de cobre, oro y plata, y todos los restantes subproductos, como el molibdeno, renio, cobalto, ácido sulfúrico, etc., Aduanas y Cochilco permiten que no se declaren. Por lo tanto no es exagerado deducir que las exportaciones de concentrados pueden ser superiores en 30% a lo que figura en los informes de Aduana y Cochilco.
En lo que respecta a los aportes de Codelco, la cifra de US$ 71.526 millones de excedentes hasta el año 2016, tampoco es real porque deberían ser superiores en más US$ 20 mil millones, puesto entre el año 2005 y 2007, Codelco perdió, fraudulentamente, US$ 5 mil millones en operaciones en mercados de futuro, perdió otros US$ 1.500 millones en el contrato con la minera estatal china Minmetals, y además, desaparecieron más de US$ 15 mil millones de los ingresos por ventas, a contar del año 2010 en adelante. A pesar de este cuantioso fraude y malversación en Codelco, (que hasta el momento el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se niegan a investigar), de todas maneras, la minería en manos del Estado es varias veces más beneficiosa para los chilenos, que el desastre que significa la gran minería privada, que además es extranjera.
Ahora, si sinceráramos todas las cifras, respecto de la efectiva exportación de las 10 GMP, y de los reales excedentes de Codelco, los aporte al Estado serían superiores a US$ 200 mil millones, desde 1990 al 2016, si las 10 GMP hubieran estado nacionalizadas. Ahora, en el año 2018, produciendo más de 4 millones de toneladas, si las 10 GMP estuvieran nacionalizadas habrían aportado al Estado más US$ 15 mil millones. Recordemos, que el año 2006, Codelco aportó al Estado US$ 9.215 millones, produciendo solamente 1,7 millones de toneladas. Además, los beneficios de las 10 GMP nacionalizadas, no se expresarían solo en aportes al Fisco, sino también se crearían miles de puestos de trabajo calificados, porque todo el cobre se fundiría y refinaría en Chile.
A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que lideran la protesta, se han pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización.
Por otro lado, si nadie de los actores políticos y sociales, se atreven a propiciar la nacionalización, de todas maneras podrían solicitar que se legislara para que las grandes mineras, sin que sean necesariamente nacionalizadas, aporten varios miles de millones de dólares al año, solamente impidiendo, por ley, que estas empresas sigan evadiendo sus utilidades y por ende su tributación. Esto se puede hacer inmediatamente con leyes ordinarias de quórum simple. Si se legisla para impedir la evasión tributaria de las empresas extranjeras, sobrarían los recursos para financiar todas las demandas sociales que el estallido social ha visibilizado. Pero tampoco, aparecen proposiciones en ese sentido.
Las mineras extranjeras evaden impunemente de tributar en Chile, declarando pérdidas en sus resultados, y de esa manera no pagar impuesto a la renta, lo que quedó acreditado por un informe del S.I.I., presentado en el Senado el año 2003, en el que se muestra que hasta el año 2003, todas las demás mineras declararon pérdidas y no pagaron un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Minera Escondida, sin embargo, hasta esa fecha se habían llevado del país alrededor 25 millones de T. de cobre. Y en los últimos 4 años, la mitad de estas mineras han vuelto a declarar pérdidas, para no pagar impuesto a la renta.
Esta cuantiosa evasión tributaria no hubiera ocurrido, si no se hubiera cambiado con la Ley 18.985 de junio de 1990, la renta presunta (el impuesto de pagaba en base a las ventas) que regía para toda la minería, por renta efectiva para las grandes mineras, que permite que el impuesto se pague solamente si estas mineras declaran utilidades. ¿Qué hicieron las grandes mineras? Llegaron en masa a Chile porque les quedó claro con la Ley 18.985, que se podrían llevar todo el cobre y subproductos que quisieran, sin pagar impuestos, porque bastaba con que declararan pérdidas.
La inversión extranjera en la minería, a partir de 1990, es lo más negativo y desastroso que ha existido en la economía chilena en toda su historia. Es hora de terminar con eso, sin embargo la Mesa Social y los líderes de la protesta, quieren una solución rápida para satisfacer las demandas sociales, pero no proponen medidas para financiar esas demandas, ni menos se les ocurre demandar la nacionalización de la gran minería, o por lo menos legislar para que todas las empresas extranjeras que evaden sus utilidades y por ende sus impuestos, paguen lo que corresponde. ¿Qué esperan para hacerlo?
Julián Alcayaga O.
Economista y abogado
Santiago de Chile, 23 de diciembre 2019
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