En Chile, hemos vivido en una permanente confusión moral. Sabíamos desde hace décadas que somos el país más desigual del continente más desigual del mundo. Y, sin embargo, seguíamos empeñados en llamar mérito a los privilegios heredados de esa desigualdad, redes al uso de esos privilegios, y resentidos, a quienes se atrevían a reclamar.
Una confusión moral celebrada por el mundo, pero que consistía en un Estado irresponsable, que no cumplía ninguno de sus deberes, y una población que debía hacerse cargo de estos, endeudándose individualmente hasta varias veces su sueldo, para mantener ese Estado jibarizado, y al país en números azules en lo macroeconómico. Y en esa confusión, llamábamos “estadista” al ministro de Hacienda que con uñas y dientes cuidaba el superávit estructural, llamábamos irresponsables a las personas que se jubilaban con pensiones de miseria –porque no habían ahorrado lo suficiente–, llamábamos fracasados a los que no habían podido estudiar –porque estudiar es más caro que comprar un departamento en Chile–, y les decíamos “qué pena” a los familiares de los enfermos que se morían en las listas esperando por atención médica.
Por eso, la salida de esta confusión moral tiene que ver con elementos simbólicos, que deben ser ejecutados de manera práctica. Un acuerdo con dos partes es lo que se necesita. La primera parte. Un acto de cese de la represión, justicia y reparación. En Chile, el gobierno de Piñera está violando los derechos humanos, de los mismos que han sostenido al país con sus tarjetas de crédito, y que ahora por fin se han atrevido a salir a reclamar. No saldremos de esta confusión, si no somos capaces de empezar, ahora sí, haciendo justicia por la sangre derramada. El cemento de nuestra sociedad no puede ser, de nuevo, el terror.
La segunda parte de este acuerdo tiene que ver con alcanzar, por primera vez en la historia de Chile, un contrato social que represente e integre a todos y todas. Ese contrato es una nueva Constitución. Pero debe ser una nueva Constitución que necesariamente sea representativa de la sociedad en su composición y voluntad. El símbolo fundamental que debemos relevar en esta parte es el de la dignidad. Chile tiene que entender que de aquí en más la nuestra será una sociedad donde el mérito estará separado de los privilegios. El Chile digno, que las movilizaciones esperan, no es nada más distinto a un país normal. Donde la gente que trabaja no es pobre, donde las empresas pagan impuestos, y donde los padres buscan colegio para sus hijos, en función de la calidad de la educación, y no de las “redes” que pueden obtener en esas escuelas.
Pero, si bien una asamblea constituyente hecha de frente a la ciudadanía, y cuidando su voluntad y representación política, deberá establecer las reglas justas y compartidas sobre deberes y derechos, también es cierto que este estallido obedece a una urgencia social. Luego, en paralelo al trabajo de la Asamblea Constituyente, y para enfrentar esa urgencia, es que debemos dar una señal de ordenamiento de la confusión moral en la que hemos vivido por tanto tiempo, y para eso propongo invertir, por un tiempo y responsablemente, el sentido de la deuda.
Porque si, hasta ahora, frente al Estado irresponsable la gente ha debido pagar con sus tarjetas de crédito este abandono, es de toda justicia que sea el Estado el que ahora se endeude por las personas. Chile puede hacerlo gracias a que tiene una deuda fiscal baja, de las más bajas del mundo, de menos del 30% –hay países con economías sanas que deben 100, 170%–. Pero debe hacerlo no solamente porque se puede. Debe hacerlo porque simbólicamente el Estado debe dar señales a su ciudadanía de su transformación, y de que será, de aquí en más, el responsable de nivelar la cancha desde el bienestar de la población, y no, de nuevo, desde la deuda privada y la mal llamada austeridad, que no es más que pedir sacrificios a unos, para dar privilegios a otros. Este paso es para paliar la urgencia, pero, de mediano plazo, Chile debe necesariamente hacer una reforma a su sistema tributario, aunque esa es harina para otra columna.
La agenda social de Piñera es miserable. Contempla 1.200 millones, y de eso solo 600 son recursos que no corresponden a reasignaciones de presupuesto. Yo propongo que, al menos, se multiplique por 10 ese paquete fiscal propuesto, aunque, para eso, debamos romper la regla fiscal del 3%, y tomar deuda pública de manera responsable. Porque hay deuda responsable. Lo irresponsable es dejar que nuestros viejos se mueran trabajando. Es urgente duplicar la subvención escolar, subir el sueldo mínimo, subir las pensiones, Aumentar las áreas verdes, mejorar el transporte y bajar su precio, y crear un nuevo subsidio a la vivienda. Chile despertó, pero su transformación en un mejor país para todos aún está por venir. El camino está trazado, pero debemos andarlo.
Por: Marco Enríquez–Ominami.
Santiago, 26 de diciembre de 2019.
Crónica Digital
