El régimen golpista de Bolivia lanzó hoy una orden internacional de detención del expresidente Evo Morales, en medio de una ola represiva que afectó a otros dos exministros de la administración del líder indígena.
El fiscal general, Juan Lanchipa, convertido en instrumento de la represión, envió a Interpol -un mecanismo de cooperación policial internacional- la llamada «notificación roja», que pide la detención y entrega de Morales por «terrorismo y sedición».
La medida fue adoptada al día siguiente de que Lanchipa la negara y la acusación se basa en una grabación de audio en la que una voz similar a la de Morales coordina con un activista del territorio del Chapare, bastión de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), protestas contra el golpe de Estado de noviembre pasado.
La orden de captura ignora la condición de refugiado político que tiene Morales en Argentina, por la que, según la legalidad internacional, de ninguna manera puede ser entregado al país que lo persigue y obliga a mantenerse en el exilio.
Por otra parte, fuentes del Ministerio Público consideraron inminente la detención del exministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, citado a declarar por la Fiscalía, tras negarle un juez garantías contra un grupo de seguidores del régimen que asedian su casa, impidiéndole salir a él y su familia y abastecerse de alimentos.
Romero es objeto de vagas acusaciones de supuestas irregularidades en la policía antidrogas y en la operación policial contra un comando de mercenarios extranjeros y locales, cuando en abril de 2009 se aprestaba a asesinar al presidente Morales.
Además, la policía detuvo al Jorge Rendón, a quien sindicó como empleado del Ministerio de Gobierno y supuesto informante de Romero, aunque otras fuentes señalan que en realidad fue apresado cuando visitaba al exministro llevándole víveres.
En la ciudad central de Cochabamba, la policía allanó la casa del exministro de Obras Públicas y exgerente de la Empresa estatal de Telecomunicaciones (Entel), ûscar Coca, acusado de daño económico al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.
El precandidato presidencial Andrónico Rodríguez advirtió que el gobierno de Jeanine Áñez persigue a sus opositores y llega al extremo de fabricar pruebas para acusarlos de sedición, terrorismo y corrupción.
Señaló que debido a la ola represiva no hay garantías democráticas para la realización de las nuevas elecciones convocadas para el 3 de mayo, mientras el gobierno anunció que investiga a casi 500 funcionarios designados durante los 13 años de gobierno del MAS.
La situación es tan grave que el comentarista Fernando Molina, crítico del gobierno de Morales, advirtió sobre la afectación de la democracia y puso ejemplos como la amenaza del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a Andrónico Rodríguez.
«Varios bolivianos están siendo procesados por delitos de opinión, en flagrante afrenta a las garantías constitucionales. A unos se les reclama judicialmente por su «animadversión contra el Gobierno»; a otros, por «llamar a la violencia», no por cometerla», señaló Molina.
Agregó que a ello se presta la justicia, «convertida en instrumento de represión del Gobierno».
La Paz, 10 de enero 2020
Crónica Digital/PL
