Los últimos estallidos sociales que han ocurrido en América Latina tienen disímiles causas, muchas de ellas originadas por las características propias de cada uno de los países involucrados.
Sin embargo, las investigaciones más acuciosas demuestran que existe un factor común en la mayoría de esos clímax: el descontento generalizado de la población con el sistema político y económico dominante.
Entre los rasgos coincidentes también figura la influencia de una clase media que ha crecido en número en los años recientes, pero no ha podido realizar sus expectativas de mayor bienestar y vive con la zozobra de volver a la pobreza en cualquier momento, como consecuencia de la depresión que atraviesa la zona.
Los organismos internacionales señalan que América Latina es la región del mundo con menor crecimiento económico en ese lapso.
Como tercer elemento, los estudios apuntan a la poca visión de los gobernantes para entender a las nuevas generaciones y los problemas que los inquietan.
La directora del centro regional Latinobarómetro, la chilena Marta Lagos, hizo un
llamado de alerta al ser entrevistada por la cadena británica BBC: «Vamos a seguir con estas manifestaciones -dijo- hasta que los pueblos tengan la convicción de que se gobierna para ellos y no para un puñado».
Refiriéndose a su país, declaró que el problema mayor es que más de la mitad de la población percibe salarios que no alcanzan para cubrir los gastos de la canasta básica.
Este dato, apuntó la analista, ha estado oculto debajo de las brillantes cifras macroeconómicas de Chile que circulan a nivel global.
UN MILAGRO «MADE IN CHICAGO»
A mediados de los años 70 de la pasada centuria, los medios transnacionales difundieron la propaganda acerca del denominado milagro chileno, sustentado en un trienio exitoso en la aplicación del modelo neoliberal en la nación suramericana.
En esa época, la dictadura militar instaurada en Chile acogió con bombo y platillo al profesor Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, quien asumió el liderazgo de un grupo de sus discípulos, conocidos como los «Chicago boys», para desmantelar la estructura económica de contenido socialista que estableció años antes el Gobierno de la Unidad Popular.
Por cierto, los centenares de miles de estudiantes, trabajadores, jubilados y amas de casa que salieron a las calles del país austral, a finales de octubre, para expresar su protesta por los maltratos recibidos en los últimos 30 años, según dijeron, fueron benévolos en esa cifra, porque en realidad han cargado sobre sus espaldas el peso de 45 años de exclusión y marginalidad.
Chile es, consignan los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el país con mayor desigualdad en la región.
Los elevados niveles de inequidad que existen hoy, afirma el historiador Javier E.Rodríguez en su libro Desarrollo y desigualdad en Chile, se obtuvieron en «un contexto político represivo, con prohibición y represión de partidos políticos, sindicatos y, en general, cualquier tipo de oposición, y resultado de una transformación radical del sistema económico».
La receta neoliberal para desarrollar la economía, refieren sus gestores, apela al
mecanismo de shock cada vez que quiere imponer un paquete de medidas fiscales de severo impacto en la población, y a la reducción de impuestos aduaneros para reforzar lo que llaman el régimen de libre mercado, así como el traspaso de las empresas del Estado al capital privado, incluyendo las de sectores vitales de salud, educación y asistencia social.
A propósito de la privatización de los servicios públicos, las que se consideran las instituciones más polémicas de esta nueva versión capitalista son las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya sigla AFP se ha convertido en sinónimo de repudio popular, sobre todo entre las personas de la tercera edad.
Las críticas han sido tan contundentes que hasta los gobernantes de línea conservadora, incluidos los de Chile y algunos otros países latinoamericanos,
reconocen que este sistema previsional no ha cumplido las expectativas por
las cuales fue creado. Y no faltan los que optaron por la seguridad social de estructura cooperativa o gremial.
EL CASO ARGENTINO
En Argentina, el modelo neoliberal fue introducido, como en Chile, por una dictadura militar a mediados de la década de los años 70 del siglo XX y, al igual que en el país vecino, se impuso en medio de graves y numerosas violaciones de los derechos humanos.
Con el retorno de los Gobiernos civiles, la mayoría de estos convalidaron y hasta
ampliaron la vigencia del sistema, salvo en los periodos presidenciales de Néstor
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
En 2015 ocupó la Casa Rosada un activo partidario del neoliberalismo, Mauricio Macri, quien se estrenó con un criticado acuerdo con los «fondos buitres», que aceptó todos los reclamos de los acreedores más usureros, y tres años después contrajo la astronómica deuda de 57 mil millones de dólares, correspondientes al mayor préstamo aprobado en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, y que la oposición denunció como el «salvavidas» de Washington para que su Gobierno no cayera en la quiebra.
La situación económica que ahora recibe su sucesor, el peronista Alberto Fernández,muestra una larga lista de índices negativos. Estos son los rubros principales:
Pobreza (2018) 32%
Desempleo (2018) 9.1 %
PIB (2019) 1.6 % estimado
Precio del dólar (2019) 57 pesos*
Inflación (2019) + 50 %
* En el año 2015 era de 9.75 pesos por dólar.
Fuente: Estadísticas de organismos oficiales.
La derrota de Macri en las urnas, en octubre pasado, significó uno de los reveses más duros infligidos a la política neoliberal en el hemisferio, no solo por representar Argentina uno de los países con mayor poder económico en América Latina, sino porque simboliza la reivindicación popular al programa de transformaciones sociales emprendido por Kirchner y Cristina Fernández en los primeros tres lustros de este siglo.
BOLSONARO APLAZA REFORMAS NEOLIBERALES
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, el aliado más obsecuente en la región del Ejecutivo norteamericano Donald Trump, anunció a principios de diciembre que esperará al año venidero para enviar al Parlamento su proyecto de reforma
administrativa, la primera de una serie de medidas de corte neoliberal que pretende implantar.
Por su parte, el ministro de Economía, Paulo Guede, fue más explícito que su jefe en una entrevista concedida al diario O Globo, cuando dijo: «Habrá reforma administrativa, solo que presentarla en este momento daría pretexto para que otros monten batahola».
Presuntamente, con el fin de tranquilizar a seguidores como Bolsonaro, el secretario de Estado norteño, Mike Pompeo, prometió días después en su cuenta Twitter que la Administración que preside Trump trabajará junto con «los Gobiernos legítimos (no los identificó, pero es fácil deducirlo) para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia».
Al respecto, es indiscutible que los actos de rebeldía registrados en muchas ciudades chilenas, en el transcurso de los primeros días de la movilización popular, fueran desvirtuados en las semanas siguientes por excesos y desmanes, presumiblemente perpetrados por elementos antisociales que aprovecharon la alteración del orden público para cometer tales fechorías.
Por otro lado, se han dado a conocer los informes de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que investigaron los sucesos, y denuncian que agentes policiales y militares están implicados en graves violaciones de la integridad física de las personas detenidas durante las manifestaciones.
En el recuento de las víctimas, los casos más dramáticos lo constituyen más de 200 ciudadanos que sufrieron lesiones oculares y al menos tres de ellos perdieron la vista, debido a disparos con perdigones por parte de uniformados.
A las puertas del nuevo año, la lucha contra el status quo implantado por el neoliberalismo continúa en varios países latinoamericanos y, aunque es difícil pronosticar cómo será su desenvolvimiento en lo adelante, no hay duda de que a fines de 2019 alcanzó en Latinoamérica una fuerza sin precedente.
(Tomado de Negocios en Cuba)
La Habana, 14 de enero 2020
Crónica Digital/PL
