El agua y los votos de las transnacionales

Fotografía: Gentileza de Chile sustentable
Hace pocos días se aprobó en el Senado el proyecto que permite que el agua siga siendo propiedad de empresas transnacionales y de grandes capitales chilenos. Con una minoría que solo lo permite la Constitución de Pinochet, aún vigente, la derecha (UDI y RN) logró evitar que el agua fuera declarada como un servicio público.
En tanto, las noticias nos indican que con votos de la Democracia Cristiana se aprobó la iniciativa de ley que mantiene el negocio de las AFP. Por su parte el gobierno, insiste en privilegiar políticas centradas en medidas y proyectos de orden y seguridad sin asumir  que el país pide justicia social y no más abusos ni corrupción.
La situación para la administración neoliberal es difícil. Así lo demuestran diversos estudios de opinión que le otorgan niveles de apoyo mínimos históricos al gobierno pro empresarial y su imagen internacional cada vez se ha visto más afectada luego de categóricos informes de organismos internacionales que confirman las graves y generalizadas violaciones a Derechos Humanos que se cometen en el país.
La crisis social que se ha agudizado desde octubre pasado también deja en evidencia el signo ultra conservador del gobierno, así como su evidente incapacidad para procesar las demandas de la mayoría. Se mantienen así las características de un modelo concentrador que da pie a todo tipo de desigualdades y los consiguientes abusos. Los costos de la educación, de los medicamentos, las pensiones, las tarifas de los servicios básicos, el transporte, etc., etc. son solo algunos ejemplos.
Pero el gobierno lejos de responder a  las demandas sociales expresadas en permanentes protestas, se atrinchera y le ordena a sus partidos atacar a través de proyectos que solo proponen más represión. Lamentablemente, existen sectores de la llamada centro izquierda que se hacen eco de estas maniobras.
Al parecer atrás ha quedado el ánimo gobiernista que se plasmó en un acuerdo en favor de una nueva Constitución. Después de la consulta que hicieron los municipios en la que más de un 80 por ciento de los habitantes de esas comunas se manifestó en favor de una nueva Carta Fundamental, la derecha ha echado pie atrás y se apresuró para alinearse en torno de una férrea defensa de la Constitución de la dictadura, no obstante que ésta tiene una más que evidente ILEGITIMIDAD DE ORIGEN. Para los partidos de gobierno un plebiscito o una nueva Constitución son del todo peligrosos para la estabilidad del modelo económico impuesto desde 1973.
Como se ha constatado en distintos estudios, la mayoría de los chilenos demanda cambios de fondo y no adecuaciones cosméticas que dejen todo intacto. Sin embargo, frente  a las demandas populares  el gobierno y  su modelo no tiene las respuestas que requiere la crisis. Intenta negociar a cuenta gotas y busca que se aprueben medidas dirigidas fundamentalmente a la represión y que no apuntan a los problemas centrales de los chilenos.
Desde octubre pasado Chile ya no es el mismo y no volverá a la calma mientras no se asuman las justas demandas de trabajadores, pensionados, estudiantes y todos los sectores marginados del actual modelo económico neoliberal.
Será necesario estar preparados para las odiosas y añejas campañas del miedo que ya prepara la derecha para seguir manteniendo los privilegios que le otorga la Constitución de Pinochet.

Por Osvaldo Zamorano
lagua

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