Por Florencia Lagos Neumann: “3 MESES DE ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE”

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La marcha más grande de Chile.

Invitada a participar en el Seminario Internacional de Derechos Humanos, organizado en Chile por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside el senador Alejandro Navarro, nuestra corresponsal en Cuba, Florencia Lagos Neumann, envió una ponencia a este evento internacional, que a continuación publicamos.

El Gobierno de los Estados Unidos se caracteriza por aplicar prácticas brutales en contra de los Pueblos del mundo.

Como señaló el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su ponencia titulada “El papel de Venezuela en la defensa del multilateralismo” realizada en los espacios del Instituto de Estudios Internacionales (CIIS) en su reciente visita a China: “Estados Unidos realizó acciones de injerencia para frenar el avance de procesos independentistas a principios del siglo XIX en Suramérica. Y a través de la “Doctrina Monroe”, aquella de “América para los Americanos”, abrió el paso para los conflictos con los países de la región”.

La “Doctrina Monroe” tiene plena vigencia hoy y este hecho reconocido públicamente por las autoridades del Gobierno de EE.UU.

Esta vez el gobierno de los Estados Unidos, envía a Chile a su emisario para América Latina, Luis Almagro.

En el marco de sus primeras acciones de campaña para continuar en el cargo de Secretario General de la OEA, Almagro entrega absoluto respaldo y blinda al gobierno de Sebastián Piñera al afirmar: Ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos.

Almagro niega las violaciones a los derechos humanos del Gobierno de Chile, niega los informes recientes de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que en su reporte del día 15 de enero del presente año ratifica que desde el 17 de octubre hasta el 15 de enero de 2020 se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, crímenes que comprenden 1.080 acciones judiciales, de las cuales 770  corresponden a querellas por torturas y tratos crueles, 158 por violencia sexual, 842 por uso excesivo de la fuerza, 405 personas afectadas por heridas oculares, 2.063 personas heridas por disparos y 253 personas heridas por bombas lacrimógenas.

Además, Almagro vuelve a reiterar la tesis de la supuesta “intervención” extranjera en las protestas en Chile: “Usted tiene nada más que hacer un poco de seguimiento de las redes sociales y va a ver de dónde vienen muchos (mensajes)”. De esta manera da continuidad al relato que instala en su entrevista del día 15 de diciembre de 2019 al diario “El Mercurio”: “Definitivamente tiene un componente de coordinación evidente, y hay que ver cómo eso se retroalimenta con estos actores internacionales, Cuba y Venezuela….”

Esta acción es consecuente con el mensaje que entregó el secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo el día 2 de diciembre a CNN a propósito del estallido social en Chile y otros países de la región: “Donald Trump apoyará a los países que intenten evitar que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas… Trabajaremos con los gobiernos legítimos para prevenir que las protestas deriven en violencia y disturbios que no reflejan la voluntad democrática de sus pueblos”.

El gobierno de los Estados Unidos, Almagro y Piñera, niegan todos los hechos que generan el descontento social y aprovechan la ocasión para generar un relato que ayuda a EE.UU a justificar intervenciones militares en América Latina.

Como lo anunció al inicio de su mandato el “Nerón Contemporáneo” Donald Trump, sus principales objetivos por ahora son Venezuela, Nicaragua y Cuba.

EE.UU necesita construir una matriz de opinión para la activación del Tratado Interamericano  de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que ha sido invocado históricamente para legitimar intervenciones militares en nuestra región.

El TIAR es un acuerdo firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947, para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la letra de ese pacto, un ataque armado a un Estado americano sería considerado como una agresión contra todos los países de la región y, en consecuencia, cada una de las partes contratantes se comprometía a hacerle frente en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocida en el artículo 51 de la carta de la ONU.

El súper objetivo del Gobierno de EE.UU: intervenir militarmente nuestra región y preservar su hegemonía mundial a costa de los recursos de Nuestra América.

En relación al relato sobre la supuesta “intervención extranjera” cuya directriz se encuentra en EE.UU, idéntico mensaje repiten los medios de comunicación locales en Chile, el 99% en manos de las grandes corporaciones que pertenecen a EE.UU y sus aliados y que al servicio del gobierno actual, distorsionan la realidad, tergiversan los mensajes y son incapaces de mostrar y condenar los crímenes que se cometen: atropellos, secuestros en manos de civiles armados, ataques con ácidos de color amarillo de “extraña procedencia” que queman el cuerpo y producen vómitos a las y los chilenos que se manifiestan pacíficamente para exigir lo que se les ha arrebatado por 30 años: sus derechos, su dignidad.

No es de extrañar que  la línea editorial del 99% de los medios de “comunicación” (desinformación) en Chile, radicada en Miami, incluso marca la línea de algunos medios mal llamados “independientes” o “alternativos”.

Casi simultáneamente ocurre otro hecho trascendental para el destino de Nuestra América, México asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos  y Caribeños (CELAC), organismo internacional al cual Chile pertenece.

En el actual cuadro de correlación de fuerzas la CELAC surge como un esperanzador espacio de integración regional.

La CELAC es por excelencia el organismo de convergencia multilateral de nuestra región que hoy se fortalece producto de los procesos progresistas de Argentina, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua entre otros, y que en 2014 en su II cumbre en La Habana anunció la Proclama de América Latina como Zona de Paz:

“América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”

Hoy es imprescindible que Chile respete dicha Proclama y que la CELAC adquiera un rol protagónico en la solución de los conflictos de nuestra región.

América Latina y el mundo ven violentada su paz producto de los brutales mecanismos de dominación del Imperio que opera a través de sus “gobiernos locales”, élites nacionales que obedecen a los intereses del mercado internacional siempre en beneficio de ellos mismos y el caso chileno es un ejemplo.

“El 50% de los hogares más pobres posee el 2,1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% más rico concentra dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%. Dicho de otro modo, Chile es 68% más desigual que el promedio de los países de la OCDE”.

“La pobreza infantil también se encuentra en niveles altos, ya que, según cifras de la OCDE, Chile se ubica como el 4to país con más niños y niñas viviendo en pobreza con un 21,1% de pobreza infantil”.

El laboratorio del capitalismo salvaje, Chile el “Oasis de América Latina” era un espejismo que se instaló violando derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Tras 3 meses de estallido social ninguna de las demandas del Pueblo ha sido planteada en una instancia de diálogo real con la ciudadanía.

Se impuso por la fuerza el “Acuerdo de Paz”, mecanismo establecido por la cúpula dominante, que no contó con la participación del Pueblo movilizado en las calles, ni con los movimientos sociales y descartó desde un inicio la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente soberana.

El “Acuerdo de Paz” desconoce que se han realizado más de 15.000 cabildos auto convocados, verdaderas asambleas populares, mecanismos legítimos en los cuales las y los chilenos han discutido el futuro del país.

No se toma ni un ápice en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el plebiscito municipal y expresaron que un 92,4% de los chilenos quiere una nueva constitución y un 73,1% muestran su adhesión porque el mecanismo para redactar esa Carta Magna sea a través de una Asamblea Constituyente.

Las demandas de la ciudadanía cada vez son más nítidas, fin al sistema neoliberal, educación gratuita y de calidad, salud gratuita y de calidad, derecho a una pensión digna, trabajo y salario digno,  el derecho a la vivienda, el derecho a nuestros recursos naturales, el derecho a la cultura, el derecho de todos y todas desde los estudiantes hasta la tercera edad para ejercer la política desde los territorios y participar de las decisiones importantes del país, el derecho a la vida, el derecho de vivir en paz.

Sin embargo, el 1% que gobierna Chile, las 7 familias, se resguardan en las leyes que dieron cuerpo a la Constitución de Pinochet, realizada bajo un régimen autoritario y asesino. Una minoría que ostenta casi todos los poderes del Estado y decide por la mayoría de las y los chilenos.

La actual Constitución permite que un presidente gobierne Chile con un 6% de aprobación. En cualquier Democracia digna debería llamarse a elecciones urgente de todos los poderes del Estado.

Hoy esas élites pretenden preservar el modelo económico que ha denigrado al Pueblo, a través de la fuerza y los mismos métodos de dominación muy bien aprendidos en la década de los 70 en los períodos de las Dictaduras en América Latina, donde se implementaron métodos de tortura.

La tortura, ya sea física o psicológica, viola la Convención de Ginebra, que prohíbe “cualquier forma de tortura o de crueldad”.

La Ley Anti Saqueos que aprobó el Senado de Chile es el instrumento para dar aún mayores facultades para reprimir a un Gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos desde la Dictadura cívico militar hasta hoy.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó en 2014 a Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista contra personas mapuches.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en diciembre de 2019 sostuvo que: “Existe un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional”.

El Estado de Chile sigue teniendo una deuda profunda con las y los detenidos desaparecidos; los ejecutados; las y los torturados bajo la dictadura cívico militar de derecha.

El Estado de Chile reprime de manera cruel a los actores de la sociedad que se rebelan ante las causas de un problema estructural del sistema.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la resolución 22/10, promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas subraya: “La necesidad de abordar la gestión de las concentraciones, como las manifestaciones pacíficas, a fin de contribuir a su pacífica celebración, prevenir muertes o lesiones entre los manifestantes, los transeúntes, los responsables de supervisar las manifestaciones y los funcionarios de las fuerzas del orden, y evitar cualquier tipo de violación o abuso de los derechos humanos”.

Es necesario que Sebastián Piñera sea juzgado por tribunales internacionales como responsable político de la masacre en Chile.

Se llame a elecciones presidenciales y se de solución a las demandas de las chilenas y los chilenos, las demandas tienen solución inmediata si se hace una redistribución de los ingresos y se toca al 1% rico a través de una reforma tributaria, esta medida no afecta a la macroeconomía, según cifras del Banco Mundial.

La fuerza del Pueblo en las calles como principal protagonista exige construir otro sistema de vida para Chile, que se respeten los derechos humanos, no exista más impunidad, participación real, una distribución equitativa de las riquezas, calidad de vida para todas y todos.

Florencia Lagos, es estudiante del Magister en Historia y Relaciones Internacionales, en la Universidad de La Habana, actriz de teatro, analista internacional y corresponsal de Crónica Digital en La Habana, Cuba.

La Habana, Cuba, 23 de enero 2020
Crónica Digital

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