Por Jaime Insunza B: Derecha, violencia, constitución

La derecha ha sido la fuerza política más violenta en la historia de Chile. Nunca ha dudado de hacer uso de ella, de las formas más brutales, para mantener la dominación de la minoría oligárquica sobre la mayoría e impedir cambios democráticos y de justicia social.

Los momentos de cambios constitucionales en nuestro país siempre han sido procesos complejos y en ellos la violencia política derechista ha sido significativa para evitar cambios que van en contra de sus intereses.

Resulta evidente que la derecha no quiere cambiar una conducta repetida una y otra vez: la de acusar a otros de violencia aunque es evidente que ella ha sido la única que ha hecho uso de ella para imponer y salvaguardar su visión de sociedad. Una sintética mirada a nuestra historia constitucional así lo demuestra.

La Constitución de 1833 fue el resultado de una guerra civil que significó la derrota de los sectores más progresistas y la victoria de la oligarquía hacendal, que la redactó para mantener su dominación y privilegios. La Constitución de 1833 impuso un sistema económico y político presidencialista, autoritario y centralista que se estructuró a través de una abierta intervención electoral por parte del ejecutivo y de la oligarquía, lo que le permitió renovarse en el poder y anular cualquier oposición.

Esta situación fue provocando creciente malestar en los sectores intelectuales, sociales y políticos, que significó nuevas guerras civiles (1851,1859) hasta estallar en la guerra civil de 1891, en la que la derecha oligárquica se alió al capital británico para impedir las reformas políticas, sociales y económicas que impulsaba el presidente Balmaceda.

La derrota de Balmaceda, dio origen a un régimen pseudo-parlamentario, que permitió a la derecha mantener el poder total y, en ese marco, reprimir violentamente al naciente movimiento social a través de las masacres de Valparaíso en 1903, Santiago en 1905, Antofagasta en 1906, Santa María de Iquique en 1907, Punta Arenas en 1920, San Gregorio en 1921, Marusia y La Coruña en 1925, por sólo mencionar las más violentas, que significaron miles de trabajadores asesinados, y acusados de usar “violencia” por la osadía de pedir reducción de la jornada laboral, mejores salarios, seguridad laboral y social, educación…

La violencia y los crímenes de la derecha, no impidieron el desarrollo de la organización y la lucha social. El pseudo-parlamentarismo, derivó rápidamente en una crisis del sistema político, social, económico impuesto. La solución fue la promulgación de la Constitución de 1925, la más democrática que ha conocido nuestra historia.

Su implementación no fue fácil: la resistencia oligárquica y la disputa entre distintos proyectos sociales, significaron un periodo de gran inestabilidad política. Más de diez gobiernos en menos de una década fueron expresión de ello. Desde una dictadura militar encabezada por el coronel Carlos Ibáñez del Campo y otros diez gobiernos, incluida una «República Socialista», que duró 12 días, marcaron la resistencia del viejo poder a la formación del nuevo sistema político.

Sólo a partir de 1932, se fue conformando un sistema democrático relativamente representativo de las grandes masas ciudadanas, que fue perfeccionándose con los años: voto femenino, derecho a voto de los analfabetos, disminución de la edad para ser ciudadano, legislación laboral, educación obligatoria para todos, sistema público de salud, entre otras conquistas.

El proceso de la actual constitución del 80 es conocido: La derecha, al igual que en otros momentos, la impuso en medio de la violencia más brutal que ha conocido la historia de nuestro país. Miles de muertos, desaparecidos, torturados, presos políticos, exiliados son la base de la constitución que hoy nos rige. Hecha solo para reconocer los derechos de su grupo social y para negar los de la mayoría y convertirlos en negocios, corrupción, saqueos.

Hoy, intenta algo similar. Para mantener sus privilegios se reprime con violencia extrema la manifestación social ciudadana, violando los derechos humanos como lo han establecido los organismos nacionales e internacionales, intentando crear terror e inseguridad en la población. Con el mismo fin, también utiliza la acción de grupos vandálicos, de narcos, que saquean como dejó en evidencia la detención del Concejal RN de La Calera, Karim Chaguan.

La violencia de la derecha chilena actual ha provocado ya decenas de muertos, centenares de mutilados, violaciones, miles de detenidos, todo ello justificado como “respuesta” a la “violencia” de los manifestantes, que así califica a la exigencia de una nueva constitución que garantice los derechos a una educación de calidad para todos, jubilaciones dignas y salud de calidad con el fin del negocio de las AFP y de las ISAPRES, Equidad de género, el agua como bien público, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios…

Estas exigencias de la inmensa mayoría de los chilenos es lo que la derecha califica hoy, una vez más, como “violencia” que, sin duda, afecta los intereses del Presidente y sus amigos.

La tarea de hoy de quienes luchamos por una vida digna para todas las chilenas y los chilenos, es mostrarles a quienes aún creen en lo que transmiten los grandes medios de comunicación –propiedad de esa derecha- el verdadero origen de la violencia. Ella está radicada en la derecha y no en las justas peticiones del pueblo chileno.

Por Jaime Insunza B.
Profesor de Historia

Santiago de Chile, 1 de febrero 2020
Crónica Digital

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