La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva presentó nuevas pruebas que corroboran hoy la inocencia del expresidente brasileño en el cargo sobre supuesta aceptación de una propiedad de la constructora Odebrecht para la sede del Instituto Lula.
Los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Zanin Martins, parte de la defensa del exdirigente obrero, denuncian en una nota que los fiscales de la operación Lava Jato utilizan una presunta copia del sistema MyWebDay (programa de software), que se utilizaría para registrar el pago de cantidades no contabilizadas por Odebrecht y apoyar las imputaciones contra Lula.
Sin embargo, precisan los juristas, ‘además de esta copia del sistema de Odebrecht que no contiene ninguna referencia a Lula, como lo reconoce la Policía Federal (PF), comprobamos que no tiene ningún valor forense’.
Es decir, precisan, ‘esta copia no podría estar siendo utilizada por el MPF (Ministerio Público Federal) para promover acusaciones contra el expresidente o terceros, pues que no fue obtenida y conservada por las autoridades, sino que fue entregada por Odebrecht después de aproximadamente un año de iniciativas destinadas a manipularla’.
Lula está acusado en este causa de negociar con Odebrecht un soborno de unos 2,9 millones para la compra de un terreno en Sao Paulo, donde se construiría una nueva sede para el instituto.
Tal transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la aceptación del cohecho.
En diciembre, la PF presentó una nueva denuncia formal contra el exgobernante por corrupción y lavado de dinero en esta causa y la defensa negó que ‘haya cometido algún delito o recibido algún beneficio a cambio de actos realizados como jefe de Estado y jefe de Gobierno’.
Argumentó que en la época de las donaciones el fundador del Partido de los Trabajadores no ejercía ningún cargo público y los recursos fueron destinados al instituto que lleva su nombre, lo cual no debe confundirse con la persona física del exmandatario.
Tras cumplir 580 días de prisión política, Lula salió en libertad el 8 noviembre después que un fallo del Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada en segunda instancia y antes de que se agoten todos sus recursos en la justicia.
El expresidente rechaza siempre todas las acusaciones en su contra y afirma que resulta blanco de una persecución política y judicial sin precedentes.
Crónica Digital/ PL
Brasilia, 27 de febrero 2020
