“Guerra interna” de Piñera, amenaza la democracia

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Obra de Claudio Caiozzi

Por Marcel Garcés Muñoz*

Tras su regreso a La Moneda, luego de  su periodo de vacaciones de verano 2020, el presidente  Sebastián Piñera  notificó  al país el 24 de febrero  que incrementará su determinación de enfrentar la voluntad democrática del pueblo chileno, intensificando su estrategia de “guerra interna”.

Y pretende que lo acompañen en esta riesgosa ofensiva no solo su bloque gobernante, la derechista Alianza por Chile, sino que incluso algunos titubeantes opositores,  junto a las instituciones  militares y policiales, los gremios empresariales y los medios de comunicación  subordinados.

El escenario de su vuelta al trabajo  el lunes  24 de febrero fue elegido para anunciar una “nueva” iniciativa política, presentado con el nombre de fantasía mediática, como “Acuerdo por la Democracia, contra la violencia y por la Paz”.

En realidad no fue, en su contenido, objetivo y forma, nada nuevo.

La iniciativa que se presentó en  La Moneda no solo tenía como estrategia  intensificar la represión, militarizar el país, y lanzar unas cuantas frases demagógicas sobre la democracia y la “reformas sociales”,  sino que el objetivo inmediato de dividir a la oposición, atrincherarse comprometiendo al empresariado en su plan político de mantenerse en el poder,  protegerse con la acción represiva de las Fuerzas Armadas y las policías y  criminalizar a la izquierda política (PC y FA), chantajear y amenazar  a sectores  de los restantes partidos de la ex Nueva Mayoría.

El anuncio  presidencial fue seguido, ciertamente no por mera coincidencia por una declaración pública de 231 personeros  autocalificados   de “independientes progresistas, exponentes  de la centroizquierda democrática”, y titulado “Es tiempo  de un Acuerdo Nacional” , firmando entre otros,  Soledad Alvear, José Miguel Insulza, Pepe Auth, Felipe Harboe, Oscar Guillermo Garretón, Viviane Blanlot, Sergio Bitar, Fulvio Rossi, Ignacio Walker.

Piñera acogió con beneplácito el documento, aunque durante el  Consejo de Gabinete donde  “relanzó” su estrategia violentista, en realidad presentada ya en noviembre del año pasado con el título de  Acuerdo por la Paz y por la Democracia , el lenguaje fue  más duro, apremiante, brutal.

El primer proyecto de “acuerdo”, donde presentó su programa de militarización de la represión durante manifestaciones sociales (noviembre de 2019) asignaba a las Fuerzas Armadas la protección de las “infraestructuras críticas” y les prometía eximirlas de  responsabilidad en las consecuencias por sus actuaciones contra  “conflictos internos”, alteración del “orden público”,  y “alteraciones de la paz social”.

El nuevo reglamento, publicado en el Diario Oficial autoriza el uso de las armas, contenido en el  RUF (Reglas del Uso de Fuerza) para “preservar el Estado de Derecho y el Orden Público”, (lo que introduce a las Fuerzas Armadas y sus tropas armada en definiciones de claro carácter político y le otorga carácter de poder judicial, según precisó en declaraciones a Las Ultimas Noticias (26 de febrero), el almirante en retiro de la Armada y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Kenneth Pough.

De acuerdo a la versión del diario “La Tercera”,  en La Moneda,  el Mandatario junto con insistir que una de las prioridades del año sería “recuperar el orden público”, y el acuerdo planteado ante el país tiene no solo la misión de “condenar la violencia y defender la democracia, tiene que condenar a los que condenan la violencia y a los que no defienden la democracia”.

La publicación agrega, atribuyéndolo a fuentes  de Gobierno, que en cuanto  a la posición del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, la opinión que “también hay pasividad, por lo menos en sectores de oposición democrática cuando avalan acusaciones constitucionales”, y que “hay sectores que aún no han condenado la violencia”.

Incluso en personeros cercanos al Mandatario se planteó que los que voten a favor de acusaciones contra personeros de gobierno por los excesos de la represión  a los manifestantes serían “cómplices” con la violencia, demandando que por el contrario “aíslen y condenen” tanto al PC como al Frente Amplio por “avalar la violencia”, dejándolos incluso fuera de la franja electoral por el “Apruebo” el cambio de la Constitución, que es sometido al plebiscito el 26 de abril de 2020.

De manera que el empeño prioritario del Mandatario y de sus asesores más cercanos es no solo intensificar la guerrilla política contra la oposición y los sectores sociales  (estudiantes, mujeres, trabajadores, funcionarios públicos, ecologistas y otros sectores populares), que han protagonizado el mayor cuestionamiento al poder económico y político, sino que abrir un conflicto político insalvable, en la oposición.

De esta manera, suponen los estrategas de La Moneda, lograrían impedir su derrota en la consulta ciudadana, y  hacer imposible que los ciudadanos puedan votar por una Nueva Constitución Política para Chile.

Y sobre todo que puedan aprobar los cambios reclamados en la institucionalidad política y económica, democrática del país.

Para que quede claro, a través de sus declaraciones públicas, de sus medios de comunicación, del accionar de sus partidos,  del chantaje político, están amenazando la institucionalidad democrática, restablecida tras los años de la dictadura de Pinochet, a quien muchos de ellos intentan resucitar y proclamar poco menos que como benefactor de la Patria.

Se trata de una de las mayores amenazas para el país y la estabilidad de su sistema democrático, que aunque a veces titubeante, claramente incompleto y por lo mismo  perfectible, significa un avance por sobre la dictadura cívico-militar instaurada por la alianza de los intereses de la Casa Blanca y la Derecha política nacional en 1973.

Las fuerzas democráticas del país,  si no quieren repetir el escenario que llevó al país a la criminal dictadura  de Pinochet y la Derecha política y económica, y las trágicas consecuencias para la convivencia nacional  con los miles de  asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados, no deben eludir la condena y un decidido accionar ante los intentos antidemocráticos de hoy, y mantenerse alertas ante las fuerzas  criminales revanchistas que desde la sombra y no tanto- lo expresan públicamente a través de la prensa subordinada.

El presidente, y los que siguen y amplifican sus conceptos, a través del coro de una prensa subordinada, no solo ha dividido el país entre “patriotas” y antipatriotas”, entre “vándalos” y los “buenos ciudadanos”, descalificando  como “violentistas”, “subversivos”,  terroristas”, a quienes legítimamente disienten de sus  delirios de grandeza, o rechazan que Chile sea caracterizado como un “oasis”, o caigan en la trampa de los “buenos” y malos”, en la escena política y social del país.

Sin importarle el rechazo y condena social a su política, que la ciudadanía ha descalificado al darle un 7 por ciento de  la aprobación ciudadana y un rechazo de un 80 por ciento,  el presidente ha replanteado que la contradicción fundamental del país es el “orden social” versus la protesta ciudadana y las demandas sociales.

En realidad se trata de la contradicción entre el modelo neoliberal y las demandas o las necesidades sociales y políticas de la ciudadanía.

Y así como  el año pasado instaló en el discurso oficial el falso dilema entre “reformas”- las que se vio obligado a reconocer como demandas validas tras el 18 de octubre – y la “violencia” (concepto bajo el cual busca desnaturalizar y caricaturizar y descalificar las demandas y la protesta  masiva de los chilenos).

Su lucha, el que suman los empresarios y propagandistas de la Derecha, no es contra los saqueos, incendios, y la vilipendiada  “primera línea”,  o los rayados en que se expresan las demandas y la legítima reacción  ante la violencia policial y los apaleos o violaciones  de manifestantes, en particular, de muchachas estudiantes, modelo represivo infame -oficialmente le llaman “protocolo” sino contra la fuerza organizada y en lucha de las masas populares chilenas, de los demócratas, de la legítima oposición política y social.

Este año vuelve con la cantinela de los buenos y malos chilenos, un primer paso mediático para luego justificar la  “guerra interna”, persecución, y hasta el asesinato de los demócratas.

Harían bien los “ingenuos”, o los que caen en la trampa de un extremismo más bien verbal que real y efectivo, a tener en cuenta la propia experiencia chilena de los años 70.

Es por todo ello, que la responsabilidad de partidos y líderes políticos y sociales se acrecienta, cuando el país vive días, meses, trascendentales.

En la perspectiva histórica está el proceso constitucional, el cambio del rostro y las perspectivas democráticas del país y ello debe inspirar la acción política y social, cada movilización, la perspectiva de cada día.

Cada quien debe asumir su rol y su responsabilidad. La unidad de objetivos y la cohesión programática es la única estrategia posible.

Marzo va a señalar el horizonte político del año, marcado por el proceso significativo del inicio del proceso constitucional, que es el nuevo escenario político abierto, tras el proceso de movilización social, desatado con la movilización detonada el 18 de octubre del año pasado, que  removió el escenario , cambió la agenda político social,  replanteó las prioridades para el gobierno  del presidente Sebastián Piñera, constató la ceguera  y escasa capacidad de previsión de los partidos políticos y destruyó las certezas  largamente concebidas como verdades absolutas.

Pero hay gente, sectores políticos, sobre todo pero no  solo, que siguen desconociendo la lección que dio la calle, la voluntad de lucha social mostrada en las calles, por cientos de miles – unos dos millones en la capital y muchos cientos de miles a lo largo de cada ciudad del país, y las demandas  que movilizaron a jóvenes , estudiantes, a cesantes, a dueñas de casa, a la mayoría femenina del país, a diversas organizaciones sociales, a trabajadores, a funcionarios públicos, incluso a los hinchas del fútbol, deportistas, artistas e intelectuales, profesionales, profesores y otros sectores de una sociedad.

Lo cierto es que están brotando nuevos liderazgos, nuevos protagonismos colectivos, hastiados de arreglines, olvidos, desprecios, y sobre todo indolencia, aprovechamiento político electoral de nuestras demandas, esperanzas, sueños e ilusiones.

Y como es lógico hay que sumar voluntades, sueños, determinaciones y esperanzas para un Chile del siglo 21, para –no hay que temerles- los nuevos conflictos y decisivas circunstancias que la historia está poniéndonos como metas.
(Fin)

*Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 28 de febrero de 2020

 

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