Con un desgaste difícil de superar, el gobierno de Chile busca reforzar las medidas represivas y otras encaminadas a apaciguar el descontento social, ante el anunciado reforzamiento de las protestas populares.
El propio presidente Sebastián Piñera, que llega a marzo arrastrando un rechazo a su gestión que supera el 80 por ciento, dijo que «el Gobierno se ha preparado para resguardar el orden público e impulsar un marzo de acuerdos, para aumentar las pensiones, crear el ingreso mínimo garantizado y mejorar la salud. Acuerdos y no violencia es el camino».
El lunes, en reunión con el gabinete, insistió en que la principal prioridad del gobierno para las próximas semanas será la recuperación del orden público en el país.
Asimismo anunció que impulsará un acuerdo nacional para condenar los hechos de violencia que según consideró se recrudecieron durante enero y febrero en el marco de la crisis social.
También llamó al Congreso a aprobar con celeridad proyectos de ley para modernizar el cuerpo de Carabineros y el sistema nacional de inteligencia, y permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de lo que se considera infraestructura crítica.
Incluso, al término de esa reunión, en una breve alocución desde el palacio de La Moneda, el mandatario insistió en el tema de la seguridad y lanzó una no muy velada amenaza sobre la necesidad de lograr la calma en el país como condición para la realización del plebiscito constituyente previsto para el 26 de abril.
El gobierno busca además la aprobación por el Congreso a lo largo de marzo de varios proyectos contenidos en la denominada «agenda social», sobre aumento de pensiones, del salario mínimo y mejoramiento del sistema público de salud, que para muchos son solo paliativos para calmar dentro de lo posible el descontento popular.
Gran parte de la oposición y el vasto movimiento social, afirman que esas iniciativas están muy por debajo de satisfacer las reales necesidades de la mayoría de los chilenos, y dejan intacto el modelo que ha hecho posible las profundas desigualdades imperantes.
Pero no pocos analistas advierten que aun con esas insuficiencias, tales proyectos son resultado de la gran protesta popular, porque de lo contrario los bajos salarios, las pensiones miserables y las enormes deficiencias de la salud pública, por ejemplo, hubieran seguido igual, lo cual -aseguran- justifica la movilización social.
Y esta se anuncia con grandes manifestaciones de amplios sectores, encabezadas por las convocadas por el potente movimiento feminista para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Otro resultado de la crisis es el posible cambio de Constitución, que el gobierno antes del 18 de octubre pasado nunca tuvo en sus planes, y cuya campaña electoral deberá cobrar mayor fuerza en marzo y agudizar también la polarización política en el país.
Porque si bien la amplia mayoría de los ciudadanos parece partidaria de una nueva Constitución para Chile, poderosas fuerzas de la derecha apuestan por la opción Rechazo, con el deseo de mantener la actual carta magna, que sustenta el modelo neoliberal.
Incluso, los partidarios de lo que se ha denominado como la campaña del miedo, insisten en que el plebiscito previsto para el 26 de abril no será válido en medio de un ambiente de protestas, aunque sin mencionar que la actual constitución fue impuesta en medio de la violencia y la represión de la dictadura de Augusto Pinochet.
Santiago de Chile, 29 de febrero 2020
Crónica Digital /PL
