El país está enfrentado a quizás la más grave crisis sanitaria de su historia.
Cabe por lo tanto un esfuerzo nacional, que defienda a su población, en particular, la que presenta el mayor nivel de riesgo- los adultos mayores y enfermos crónicos-, así como a la población que presenta los mayores niveles de carencias económicas, de atención médica, seguridad social y miseria.
Las consecuencias fatales y perjuicios sociales y económicas que representa la pandemia de Coronavirus- Covid-19 se van a concentrar en la población de los niveles más carenciados de la población, sobre todo por las consecuencias sociales y económicas que conlleva, tanto por el modelo que representa la ideología del gobierno de la Derecha y sus orientaciones políticas de gestión, e incluso de las respuestas a la presente emergencia.
No es casual que los alcaldes de Las Condes, Vitacura y La Reina, intenten dramatizar la situación de sus acomodados habitantes demandando poco menos que una frontera respecto de las comunas del poniente de la Región Metropolitanas.
Sin duda se hacen urgentes medidas de protección efectiva a la población de todo el país, para evitar la propagación de la pandemia, una de las cuales puede –o debería ser- la cuarentena total y el mejoramiento sustancial del sistema nacional de prevención sanitaria y de eficiencia de los servicios de salud nacionales, incluyendo las obligaciones exigibles al maligno sistema de salud privada.
La discusión no es sobre la oportunidad y conveniencia de una medida de esas proporciones, sino sobre el sesgo clasista de la petición de los municipios “cuicos”, que buscan poner un muro para evitar que los pobladores de las comunas más pobres, para que no contaminen “las casitas del barrio alto”, incluyendo el alejamiento parcial y momentáneo del personal de servicio.
Lo más importante es, sobre todo, cómo el Gobierno protege los intereses de las grandes empresas, y deja caer el efecto perverso de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la epidemia sobre los sectores medios y pobres de la población.
El gobierno, sin embargo, sigue impertérrito – en particular el “superministro“ Jaime Mañalich, asegurando que La Moneda lo ha hecho todo bien, y permitiéndose criticar a España e Italia, donde, afirmó, con autosuficiencia y altanería, las medidas sanitarias y de diagnóstico “se tomaron tardíamente respecto de lo que ya se veía venir de esta enfermedad”, o “no se tomaron en serio esto”.
En cambio en Chile, argumenta el ministro, criticado por el Colegio Médico nacional, destacados epidemiólogos, académicos, Municipios y trabajadores del sector salud, todo se ha hecho bien, se aprobaron planes y se resolvió un plan de acción, que la ciudadanía no conoce, pero que ellos-La Moneda- se ufanan de estar cumpliendo rigurosamente.
Lo que no dice el ministro es que la planificación gubernamental, su llamada “estrategia”, contempla o parte, en su base doctrinal, de implantar- o amenazar- con el uso de la fuerza militar, considerando que ellas deben imponer el “orden público”, como lo dijo el Presidente Piñera, al justificar el “estado de catástrofe”.
El gobierno deja de lado que la pandemia del cronavirus es el más grave desafío de salud pública que recuerde el país en su historia, que precisa en primer lugar de respuestas médicas, sanitarias Y sociales, donde todos, particularmente los ciudadanos están llamados a ser protagonistas.
Definitivamente no es un problema de orden público que se resuelva a metralla.
Si el gobierno deja de actuar como si estuviera en “guerra” creando mediáticamente a un supuesto “enemigo interno”, podrá aspirar a tener la consideración, contribución y apoyo ciudadano.
Sin embargo, los demasiados frecuentes discursos del Presidente y el mensaje de sus ministros, mantienen como argumento político e ideológico, la división de los chilenos entre “ buenos” y “malos”, y busca sacar dividendos políticos y hasta electorales, utilizando el chantaje, desprestigiando a los poderes políticos y legislativos, y sembrando el temor como mecanismo de dominación frente a la inquietud social y las legítimas demandas ciudadanas por la salud, la educación, las pensiones, la carestía, la cesantía.
Con el pretexto de la lucha contra el coronavirus, lo que se oculta y disfraza, es en definitiva, la suspensión de los derechos democráticos de la ciudadanía, acallar o sofocar mediante la fuerza militar, las legítimas protestas ciudadanas, en definitiva suspender los derechos democráticos de los chilenos.
El ya monótono discurso presidencial insiste en amenazar a la ciudadanía, a los partidos políticos, al poder legislativo- incluyendo sus parlamentarios- y buscan restarle autoridad y representatividad a sus propios alcaldes, y la calidad representativa y profesional a los críticos -incluyendo a la presidenta del Colegio Médico, a científicos y académicos, y solo recurre a ellos cuando se enfrenta a la realidad de su ineptitud para enfrentar la crisis.
El gobierno sigue anunciando sus “iniciativas” con la pretensión de mejorar los niveles de aprobación en las encuestas, que le siguen siendo claramente desfavorables, y que constatan un rechazo ciudadano y una desconfianza ciudadana, no solo en su discurso sino en su política.
Así, para los chilenos, y los partidos democráticos, sigue siendo la hora de defensa de sus derechos esenciales, y mantener firme sus demandas de una política sanitaria eficaz que se preocupe de manera preferencial por los sectores mas modestos de la población, en primer lugar de la tercera edad, la demanda de sistema de salud que asegure la atención de todos los chilenos.
La defensa de la salud de la población, seriamente amenazada por el coronavirus no es contradictoria con la preocupación y lucha por el futuro democrático de Chile, que pasa obligatoriamente por una Nueva Constitución. De ninguna manera entra en conflicto con la lucha social y política y las demandas por justicia y defensa de las los derechos sociales, económicos y laborales, derechos humanos, por una educación gratuita y de calidad y una pensión digna.
Por el contrario, la crisis humanitaria que vive el país a consecuencia de la pandemia, que ha hecho evidente los efectos malignos de un modelo injusto, que es urgente cambiar, hace más evidente la justeza y necesidad de los cambios para garantizar los derechos humanos, sociales, sanitarios, que demanda la ciudadanía.
Y hace falta que en el discurso y la acción política de los demócratas -que no deben sentirse presionados o chantajeados por los cantos de sirena o amenazas oficialistas-, estén presentes estos contenidos.
Por Marcel Garcés
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 23 de marzo 2020
Crónica Digital
