El Gobierno argentino oficializó hoy un decreto de necesidad y urgencia en el que prohíbe por 180 días los cortes por suspensión de pagos en servicios como la electricidad, gas, agua, telefonía, internet, y televisión.
La medida busca que ciertas personas puedan acceder por unos meses más al servicio por la cuarentena total obligatoria frente la emergencia sanitaria y la situación imperante provocada por el nuevo coronavirus Covid-19.
A través del decreto 311 de 2020, el Gobierno dispuso en medio de la emergencia por la pandemia que las empresas prestadoras de los servicios no podrán suspender los servicios por mora o falta de pago a los sectores vulnerables y pequeñas y medianas empresas.
El decreto apunta que la iniciativa busca así garantizar ?en las actuales circunstancias? el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación) para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
La norma prohíbe la suspensión o el corte de los respectivos servicios a esos usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta ‘tres facturas consecutivas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020’.
Buenos Aires, 25 de marzo 2020
Crónica Digital/PL
Mié Mar 25 , 2020
Mientras el Gobierno aplica de a poco medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19, sectores sociales, políticos y académicos piden decisiones más drásticas para evitar graves consecuencias sociales y económicas. Así, mientras desde la Asociación de Municipalidades piden la gratuidad de los exámenes para detectar el nuevo coronavirus, lo más lejos que llegó el ejecutivo hasta ahora es imponer un precio mínimo a las clínicas y laboratorios privados de unos 30 dólares, que si bien recorta los costos excesivos, sigue siendo una carga para la mayoría. Desde el palacio de La Moneda se insiste en lo contraproducente desde el punto de vista económico de implantar la cuarentena total en el país, sin embargo, académicos, médicos, políticos y organizaciones sociales insisten en que en esa posición parece prevalecer un criterio economicista sobre el interés de salvaguardar la salud de los trabajadores. Una de las medidas anunciadas por el Gobierno en su plan económico para enfrentar la Covid-19 fue la entrega de un bono de 50 mil pesos (unos 60 dólares) por una sola vez, pero la iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados, donde muchos legisladores consideraron insuficiente es cifra y reclaman que se duplique o se aplique por varios meses. Al respecto insisten en que el Estado cuenta con recursos suficientes para soportar esa carga. Incluso mientras en el ejecutivo se habla de forma insistente en los onerosos gastos que provoca la pandemia, se multiplican las críticas por la inversión mensual de más de 800 millones de pesos (superior al millón de dólares) en el alquiler de Espacio Riesco, un centro de convenciones privado, para establecer allí un hospital de campaña. En redes sociales advierten que ello representa un negocio redondo para los propietarios del lugar y un gasto innecesario para el Gobierno cuando tiene facultades por el estado de catástrofe imperante, para ocupar locales como ese sin gasto alguno. En la misma medida tampoco han encontrado respuesta hasta ahora las exigencias de que como han hecho otros países, las cuentas de agua, luz, teléfonos y otros servicios sean suprimidas o postergadas durante varios meses por las empresas para las familias humildes y las pymes. Al respecto La Moneda no ha tomado ninguna decisión hasta hoy. Incluso una ley sobre teletrabajo promulgada la víspera por el presidente Sebastián Piñera y presentada como un paso importante para garantizar la seguridad de los trabajadores ante la pandemia, fue cuestionada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidenta, Bárbara Figueroa señaló que con esa legislación los empleados que se acojan a ella tendrán que laborar 12 horas diarias y sin reconocimiento a las horas extra, lo cual genera condiciones de precariedad. Santiago de Chile, 25 de marzo 2020 Crónica Digital/PL
