Cuba y Foro de Sao Paulo reclaman fin de bloqueo en medio de Covid-19

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llamó hoy a terminar con los bloqueos y sanciones contra los pueblos en medio de la Covid-19, un reclamo también realizado por el Foro de Sao Paulo.

 

La pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 ‘evidencia las enormes limitaciones que nos imponen’, denunció el titular de la diplomacia cubana en su cuenta en Twitter.

Cuba se suma al llamado del @ForodeSaoPaulo para poner fin a bloqueos y sanciones contra nuestros pueblos. Son tiempos de solidaridad y cooperación, escribió el canciller.

En esta jornada, Rodríguez calificó el cerco impuesto por Estados Unidos como genocida, mucho más en medio de la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

El canciller ratificó en otro mensaje en la red social que ‘los bloqueos y sanciones no tienen justificación ética ni legal’, y criticó que en un contexto donde las naciones deben ayudarse, Estados Unidos ‘intensifica su agresión contra el país solidario’.

Ante la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, varias organizaciones, instituciones y personalidades han pedido al Gobierno estadounidense el fin de las sanciones contra Cuba, Venezuela y otros países.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el Congreso Nacional Africano, el Grupo de Puebla y otros se han pronunciado para solicitar el fin de las medidas coercitivas unilaterales para garantizar el acceso a alimentos, suministros de salud y asistencia.

Durante 28 ocasiones, la Asamblea General de la ONU ha condenado la política hostil de Washington contra Cuba, que solo en el sector de la salud costó al país caribeño más de 104 millones de dólares, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

La Habana, 6 de abril 2020
Crónica Digital/PL

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Una nueva ofensiva para consagrar la impunidad en los casos de condenados por graves violaciones a los derechos humanos en dictadura  es impulsada por la derecha, el gobierno y algunos medios de comunicación, aprovechando la grave emergencia que vive el país producto de la pandemia de carácter mundial.  Ante esta situación, desde Londres 38, espacio de memorias, declaramos: 1.- Conceder beneficios penitenciarios a los responsables de graves violaciones a los DDHH constituye un mecanismo de impunidad. Diversas fuentes del Derecho Internacional de Derechos Humanos señalan la importancia que crímenes tan graves no queden sin castigo efectivo. Así, por ejemplo, lo señala el preámbulo del Estatuto de Roma, la Convención Contra la Tortura, Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad, de la Naciones Unidas, entre otros. 2.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prohibición que pesa sobre los Estados de establecer mecanismos que transformen en ineficaces las sanciones penales impuestas a los condenados por delitos de lesa humanidad. 3.- Los beneficios penitenciarios a quienes hayan sido condenados por graves violaciones a los DDHH constituyen una forma de oportunismo político para efecto de relativizar tales crímenes y con ello justificar la negación histórica de las atrocidades perpetradas por agentes estatales o por aquiescencia de estos. 4.- El recinto penitenciario de Punta Peuco no presenta las graves deficiencias en materia sanitaria que caracteriza al resto de los penales en Chile, no existe hacinamiento y los reos del penal, a diferencia de los demás, tienen la posibilidad de ser trasladados a sus hospitales castrenses cuando su salud se ve afectada. 5.- Se les concedería beneficios a personas que han tenido diversas oportunidad históricas y judiciales para esclarecer los hechos, negándose a señalar el destino final de personas que permanecen desaparecidas. Es por tanto, una forma con la que el Estado ampararía la comisión de los crímenes más graves que recuerde la historia chilena y de negar el derecho a la verdad. 6.- Los beneficios incentivan a los miembros actuales de los organismos de las fuerzas armadas y de seguridad que puedan cometer tales crímenes ya que las sanciones son ineficaces, así la sanción pierde su rol como garantía de no repetición, afectando un derecho que le pertenece a la sociedad en su conjunto.  Disminuye el valor disuasivo de las penas y la eficacia del sistema penal. 7.- Socava el valor de los derechos humanos, la importancia de su respeto y los mecanismos para resguardar a la población civil. Constituye una nueva contienda a la que las víctimas de estos graves hechos deben hacer frente para lograr toda la  verdad, toda la justicia y reparación integral. 8.- No debe olvidarse que las condenas por graves violaciones a los derechos humanos llegaron después de muchos años, y de frecuentes obstáculos judiciales y legales. Asimismo, que en general sus condenas son bajas en comparación a las penas establecidas para los delitos comunes, existiendo incluso numerosos casos de penas remitidas que los condenados cumplen en […]

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