Diputado Diego Ibáñez presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso y disponibilidad de la población al agua en situaciones de pandemia, crisis sanitaria y desastres naturales

La iniciativa orienta legalmente las atribuciones del Presidente en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, para evitar riesgos sanitarios como enfrentan actualmente los habitantes de zonas azotadas por la sequía y/o donde se prioriza el uso del recurso para actividades productivas

Por medio de un artículo único, el proyecto de ley crea un nuevo cuerpo normativo que implica que el Presidente de la República, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, podrá utilizar las facultades que este le otorga para asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad adecuadas al contexto de calamidad pública que hubiese motivado la declaratoria. Dentro de los siete días corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto que declara el estado de catástrofe, el Presidente deberá informar sobre el empleo de esta facultad y las medidas que adoptará.

Según la iniciativa, el Ministerio del Interior será el que informará cuáles son las zonas declaradas bajo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública que no cuenten o estén en riesgo de no tener  agua en cantidad y calidad suficiente para consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. En tanto, será la Dirección General de Aguas quien informe respecto a aguas, corrientes o detenidas, naturales o artificiales, que se encuentren en condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades de las zonas afectadas durante la declaratoria de estado de catástrofe.

“Ante situaciones como la que se vive actualmente en el país con la Pandemia el Presidente debe asegurar el agua para la población, ya sea expropiando o requisando el vital elemento de ser necesario. No puede ser que el constante lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, sea un imposible en aquellos lugares donde este recurso no es suficiente y no se provee de forma regular, como el caso de las cooperativas de agua potable rural o de quienes se abastecen mediante camiones aljibe” aseguró el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, autor del proyecto de ley.

El parlamentario, miembro de las comisiones de Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, agregó que “ este proyecto de ley busca instar a adoptar medidas excepcionales de emergencia, orientando legalmente las atribuciones del Presidente de la República en materia de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, con el fin que las medidas del Presidente garanticen en situaciones de pandemia, crisis sanitaria y desastres naturales, el acceso y disponibilidad en cantidades suficientes de agua a la población afectada, que esto sea una realidad, un derecho, porque está en juego la salud de la población y no se pueden omitir facultades constitucionales para distribuir el agua entre las comunidades”.

Santiago de Chile, 6 de abril 2020
Crónica Digital

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La discusión esta semana en el Congreso de un proyecto de ley que permitiría conmutar las penas a presos por delitos de lesa humanidad por crímenes de la dictadura, enfrenta hoy al gobierno de Chile y la oposición.   La semana pasada el Congreso rechazó un proyecto para conmutar penas de cárcel por prisión domiciliaria, a presos de la tercera edad y mujeres con hijos pequeños o embarazadas, entre otros, para reducir el hacinamiento en las cárceles y frenar la expansión de la Covid-19 en esos recintos, al brindar ese beneficio a más de mil 300 reclusos. La propuesta fracasó porque legisladores de derecha pretendían que fueran beneficiados también los reclusos de la cárcel de Punta Peuco, que cumplen penas por crímenes durante la dictadura (1973-1990) y al no conseguirlo votaron en contra por considerarla ‘discriminatoria’. Ante esa situación, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará esta semana al Congreso un ‘veto aditivo’ para poder sacar adelante la iniciativa, pero también pondrá máxima urgencia a un proyecto de ‘ley humanitaria’, presentado en 2018, para que mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, puedan solicitar el beneficio conmutativo. Consultado sobre si esta ley incluiría a presos por violaciones a los Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que en ésta ‘no se excluyen a las personas por haber cometido un delito determinado’, lo que para muchos es un espaldarazo a los presos por crímenes de la dictadura. Este domingo el mandatario se pronunció claramente por brindar ese beneficio ‘no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile’, y apeló al argumento humanitario de que todas las personas ‘deben morir con dignidad’. Pero sus palabras de inmediato fueron respondidas y la senadora demócrata cristiana Yasna Provoste señaló que ‘junto a la memoria de tantos que han quedado en el camino, con firmeza rechacemos cualquier intento de que exista indulto para los violadores de derechos humanos en nuestro país’. En tanto, desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido por la Democracia calificaron de graves las palabras de Piñera, por insistir en la impunidad de ‘quienes no tuvieron clemencia con miles de chilenos y chilenas durante la dictadura’. Incluso, el Partido Progresista (PRO) por su parte, denunció en un comunicado que ‘se está en presencia de una maniobra del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos’. Víctor Osorio, vicepresidente del PRO, recordó que los pactos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos son categóricos al plantear que esos delitos son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables. Asimismo advirtió que si es necesario, ese partido recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos para declarar de nulidad absoluta la ley humanitaria si se aprueba. Santiago de Chile, 6 de abril 2020 Crónica Digital/PL

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