Centros de estudios de oposición critican nuevo paquete de medidas económicas y piden más inversión para trabajadores y trabajadoras

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En una declaración conjunta, las nueve fundaciones y centros de estudios que componen la comisión de Políticas Públicas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) formulan una propuesta transversal y contundente para enfrentar la crisis que vive el país producto del COVID–19, a través de 19 medidas sanitarias, laborales, sociales y económicas. Una de esas proposiciones es crear una Renta Básica Universal, que beneficie a 4.000.000 de familias, con beneficios promedio de $448.000, impactando positivamente en la vida de 12.000.000 de ciudadanos de ingresos bajos y medios.

En este contexto, los centros de estudios de oposición critican las medidas económicas anunciadas por el gobierno y consideran insuficientes la dirigida hacia los trabajadores y las familias vulnerables del país: “Hoy la gran mayoría de trabajadores tienen miedo a perderlo todo, han sufrido la disminución de sus ingresos, la pérdida de sus empleos y tienen que mantenerse en cuarentena dentro de un ciclo de pobreza, sin la necesaria ayuda de la sociedad”, se señala en la declaración.

Y agregan que “hemos visto que en nuestro país la solución para salvar al sector privado de la economía es que los trabajadores solventen la crisis. Bajo la máxima de que mientras existan empresas existirá empleo, se destruyen las condiciones materiales de las familias trabajadoras, esto se demuestra con el segundo paquete de medidas económicas que crea un fondo mucho mayor para salvar empresas, que para ayudar a las familias”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha declarado que el mundo entró en recesión, la que puede ser la peor crisis económica de los últimos 90 años, haciendo caer el Producto Interno Bruto (PIB) mundial a un –1,5%.

La respuesta de los países ha sido la creación de planes económicos para enfrentar la crisis. En este contexto, Chile presentó un primer plan de US$ 11.400 millones, con un aporte total del 4,5% del PIB de los cuales solo un 1,8% del PIB responde a un desembolso de recursos y un segundo plan de US$3.000 millones y un redireccionamiento de US$2.000 millones, para un aumento de 2% del PIB, en condiciones que España, Estados Unidos y Francia bordean esfuerzos del 20% del PIB e Italia llegó al 40% del PIB.

“Es evidente que el esfuerzo chileno está muy por debajo de la crisis que enfrentamos, por lo necesitamos que el esfuerzo llegue a niveles del 20% del PIB en el corto plazo”, indican.

Señalan que “lo más grave del plan de reactivación del Gobierno es que se ha basado en el despido masivo de trabajadores o, en su defecto, en desvinculaciones temporales a pagarse con el seguro de cesantía. Esta solución ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, desequilibrando aún más la relación laboral a favor de los empleadores, la que solo ha podido ser enfrentada en los lugares donde existe la organización sindical”.

Así, sostienen los centros de estudio, uno de los resultados más probables de esta crisis es el aumento de la concentración de la riqueza, en uno de los países más desiguales del mundo. Sostienen que “las propuestas de redireccionar fondos públicos para crear un fondo paras aquellos trabajadores informales, sigue siendo insuficientes. En el mejor de los casos va a dar paso a una transferencia monetaria de $200.000 por tres meses, desconociendo las reales necesidades de las familias chilenas y el real impacto de la crisis en la economía”.

Otras de las propuestas realizadas por los investigadores de los centros de estudios son: prohibición de los despidos durante el tiempo que dure la crisis sanitaria; medidas que impidan abusos antisindicales; pasar al control estatal todo el sistema de salud, incluyendo el sistema de ISAPRES, el de mutualidades y universitario; congelar y asegurar un efectivo control de los precios de alimentos, fármacos y productos de primera necesidad, para evitar la especulación por parte de los empresarios; suspender el cobro de las cuentas de servicios básicos y propicios de corte de suministro, con cargo a utilidades de las propias empresas; suspensión del cobro de los créditos hipotecarios y otras deudas al sistema financieros, sin que se cobren intereses ni comisiones adicionales.

Los firmantes del documento son los siguientes: Pía Castelli, coordinadora de programas de la Fundación Por la Democracia, (FPD); Felipe Ruiz, sociólogo, investigador del Centro de Estudios de la Fundación Nodo XXI; Luis Villazón, abogado, investigador del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); Patricia Silva, abogada, encargada del programa de trabajo del Instituto Igualdad; Eugenio Rivera, economista, director del Área Económica de la Fundación Chile 21; Martín Pascual, investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA); Fernando Carmona, economista, encargado de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL); Víctor Osorio, director ejecutivo de la Fundación Progresa; y Matías Goyenechea, cientista político, presidente de la Fundación Creando Salud.

También suscriben Pablo Zenteno, abogado y encargado de Diálogo Social de la Fundación FIEL; Hernán Frigolett, economista e investigador del Instituto Igualdad; Osvaldo Badenier, asesor en Recursos Humanos; Bernardo Jorquera, Fundación Por la Democracia (FPD); Raúl De La Puente, director del Programa Laboral de la Fundación Chile 21; Claudio De Negri, director de la Revista Alternativa del Instituto ICAL; Edgardo Lepe, abogado, Programa Laboral de la Fundación Chile 21; y Martín Oyarzo, psicólogo, Fundación FIEL.

Santiago, 9 de abril 2020.

Crónica Digital.

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