Las maniobras judiciales para absolver o rebajar penas a 17 reos vinculados a asesinatos y desapariciones durante la dictadura (1973-1990) multiplica hoy el debate sobre la falta de verdad y justicia en Chile.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) manifestó su más firme rechazo a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió hace pocos días a ocho exmiembros de la tenebrosa Dirección de Inteligencia Militar (DINA), y rebajó las penas a otros nueve.
Todos fueron condenados en primera en instancia en julio de 2017, por 16 secuestros y un homicidio calificado en Villa Grimaldi, en esta capital, por lo cual fueron recluidos en la cárcel de Punta Peuco.
El texto señala que esas personas «no estarán ni un solo día en prisión, esto es lisa y llanamente impunidad», y puntualiza que para las familias de las víctimas el efecto de esa medida ha sido «devastador».
En declaraciones a la prensa, Claudia Godoy, hija de Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, cirujano desaparecido en agosto de 1976, señaló que los magistrados mostraron una actitud «mediocre, profundamente fascista», denotando una tremenda ignorancia, porque Chile ha adscrito convenios internacionales, tratados internacionales, y ellos están soslayando esto».
Mario Juica Vega, nieto de otra de las víctimas, dijo a la web El Desconcierto esperar que el fallo sea revertido porque es una ofensa «no solo para mi familia sino para la historia del país» y lamentó que se use la excusa del coronavirus para liberar a estos individuos «que ni siquiera se han arrepentido de sus crímenes».
El abogado Alberto Espinoza, representante de parte de las familias, consideró vergonzosos los argumentos de los jueces, porque le atribuyen responsabilidades a las víctimas por su detención y desaparición, por el hecho de ser comunistas, lo que resulta insólito.
Espinoza recordó que tratados internacionales establecen castigar con penas proporcionales a la gravedad de los delitos, pero en Chile esas personas fueron condenadas por 16 secuestros calificados de personas que aun no han aparecido, a solo tres años y un día, y encima se les otorga la libertad vigilada.
Pero lo más perverso es que en algunos casos no se desconoció el delito, y aun así se redujo la condena y se deja en libertad a los represores, opinó.
El tema cobra aún mayor relevancia cuando el presidente Sebastián Piñera se ha pronunciado por cambiar penas de cárcel por prisión domiciliaria a presos por delitos de lesa humanidad, «por motivos humanitarios» según alegó.
Esta semana el Congreso debe votar una Ley Humanitaria que no distingue los tipos de delitos y plantea otorgar la libertad a quienes tengan enfermedades terminales.
Al respecto, Juan Ignacio Latorre senador del partido Revolución Democrática, ya advirtió que presentará una indicación para excluir de este beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.
En tanto, el Partido Progresista denunció que se trata de una maniobra del Gobierno destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos y planteó que
recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos para declarar de nulidad absoluta de la ley humanitaria si se aprueba.
Santiago de Chile, 13 de abril 2020
Crónica Digital/PL
