El Partido Comunista de Chile (PC) rechazó hoy la ordenanza del gobierno al retorno de los empleados públicos en medio de la pandemia de Covid-19, la que califica como un autoritarismo irresponsable.
El PC emitió una declaración que se suma a las expresiones de rechazo que esa directiva ha generado en amplios sectores, y advierte que con esa medida se pretende dar la sensación de normalidad cuando el contagio está en pleno desarrollo, y adelantar así los procesos productivos sin considerar las consecuencias graves que esto puede acarrear.
Añade la declaración que con ello se sigue descargando el costo de la crisis económica asociada a la pandemia, en las espaldas de los trabajadores, y recuerda que ya hay más de 250 mil despidos que se suman a otros 500 mil cesantes estructurales.
Junto a ello, un enorme porcentaje ha visto rebajados sus sueldos, junto a otros tantos que se posicionan bajo la línea de la pobreza.
Al respecto señala que el empobrecimiento de millones de chilenos contrasta con la situación de las 10 personas más ricas de Chile, entre ellas el presidente Sebastián Piñera, cuyas fortunas personales suman en conjunto 37 mil millones de dólares.
Considera la declaración que si a esas personas se les aplicara un impuesto del dos por ciento, el Estado tendría a disposición 746 millones de dólares anuales, y si ese gravamen pesara sobre el uno por ciento más rico del país entonces el erario recibiría dos mil 600 millones.
Con estos fondos podría dispensarse un ingreso mínimo a los sectores del 40 por ciento más pobre y a la gran masa trabajadora informal, a empleados de empresas sin contrato, a feriantes, comerciantes ambulantes, despedidos y cesantes, temporeros, taxistas y otros, por tres o más meses, lo que facilitaría medidas más drásticas de confinamiento, puntualiza.
Denuncia el PC que el 70 por ciento de los trabajadores se ven obligados a laborar de forma presencial, so pena de no tener alimentos o servicios esenciales, y mientras las grandes empresas refinancian o contraen deudas a costo cero en la banca estatal, más de 600 mil pequeñas empresas no tendrán esa posibilidad.
Subraya el PC que en ese cuadro de defensa cerrada de los intereses de los más ricos y de sacrificio generalizado del resto, el Presidente llama al sector público a reintegrarse al trabajo presencial, sin que establezcan disposiciones de protección adecuadas ni las medidas económicas de protección integral de la ciudadanía.
Agrega que «esta defensa de intereses minoritarios, privilegiados, que se ha hecho de forma institucionalizada, mediática y fáctica, se está trasformando en la instalación de un autoritarismo irresponsable del gobierno, que no mide las consecuencias sociales de su proceder».
Santiago de Chile, 19 abril 2020
Crónica Digital/PL