Los colegios metropolitanos de Matronas y Químicos Farmacéuticos presentaron esta mañana a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia para que indague en las últimas compras del Estado en elementos de protección personal (EPP), que fueron adquiridos durante la emergencia del Coronavirus.
Esta acción busca que el organismo, en uso de sus facultades legales de investigación, reúna antecedentes que permitan determinar la posible existencia de ilícitos que afectan la libre competencia y, por ende, puedan producir un daño en la salud de la población y de los trabajadores y trabajadoras del área.
La denuncia se basa en una revisión que hicieron los propios gremios a las órdenes de compra y licitaciones por concepto de EPP, antes y después de la crisis sanitaria. La comparación de ambas adquisiciones reveló que, a partir de marzo de 2020, las empresas proveedoras subieron de forma generalizada los precios de insumos como mascarillas, guantes, lentes protectores, alcohol gel o escudos faciales, que en algunos casos, incrementaron su valor hasta en un 4.000%.
Así, una mascarilla desechable que en noviembre de 2019 costó 12 pesos la unidad, en marzo de 2020, y vía trato directo, tuvo un valor de 500 pesos cada una. Lo que, multiplicado por 2 millones 208 mil unidades, tuvo un costo total de 1.104 millones de pesos. O, por ejemplo, un guante talla L, que a fines del año pasado costaba 13 pesos la unidad, en medio de la mayor pandemia del siglo XXI le está costando al Estado 23 pesos.
Junto con esto, se detectó una baja presencia de oferentes post crisis, en contraste con la diversidad de proveedores que postularon a las licitaciones públicas de fines de 2019, por lo que se estima que es posible que las empresas proveedoras hayan celebrado acuerdos colusorios para “repartirse” este mercado.
Para sostenerlo, primero se analizaron las características actuales de la oferta y demanda por este tipo de bienes, con foco en las barreras de entrada de nuevos proveedores y la ausencia de bienes de reemplazo o alternativos (dado que éstos deben cumplir cierta certificación y estándar). En el caso de la demanda, esta es 100% inelástica (es decir, insensible al precio), pues el Estado igual debe comprar los bienes sanitarios, generando así un escenario en que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) tiene un poder de negociación cercano a cero.
Esta situación, a juicio de las entidades gremiales, podría explicar el alza de precios de los EPP adquiridos por la Cenabast, lo que impacta en la cantidad de unidades disponibles para los diversos servicios de salud y, sobre todo, en la protección de los trabajadores de la salud que día a día ponen en riesgo su integridad física y psicológica para garantizar la atención de los chilenos y chilenas durante esta contingencia.
La presidenta del Colegio de Matronas de Santiago, Katiuska Rojas, estima que se podrían estar configurando dos ilícitos anticompetitivos, tipificados en las letras a) y b) del artículo 3 del Decreto Ley Nº211. “En el fondo acá se está negociando con la vida de las personas, por lo que corresponde que la Fiscalía Nacional Económica conozca esta denuncia y, por consiguiente, disponga una investigación que esclarezca estas situaciones que, a nuestro parecer, son irregulares”, indicó.
Santiago de Chile, 20 de abril 2020
Crónica Digital
