Por su evidente interés reproducimos el siguiente trabajo, elaborado en el contexto del Observatorio de Crisis que ha puesto en marcha la Fundación Progresa en colaboración con la Fundação Perseu Abramo, vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
- Nuestra Propuesta
Los Progresistas proponemos a los Estados de América del Sur que concuerden en una reducción coordinada y acompasada del 40% de su gasto en Defensa, a lo menos para los Años Fiscales 2020 y 2021, para redestinar esos recursos a la Inversión Pública en Salud y a la Inversión Social como uno de los caminos para acometer el enfrentamiento a la crisis provocada por la pandemia del COVID–19.
Ello es viable tomando en consideración las particularidades administrativas y legislativas de cada país, pero la clave para su materialización es la voluntad política. En el caso de la realidad chilena, en lo que se refiere al Año Fiscal 2020 se podría concretar a través de una reasignación de las partidas presupuestarias y, respecto al Año Fiscal 2021, incorporando la redistribución en el diseño del Presupuesto de la Nación para el próximo período.
La enorme envergadura de la crisis sanitaria y económico–social provocada por el COVID–19 requiere soluciones audaces en materia de políticas públicas y puede ser acometida por dos caminos principales. En primer lugar, en el caso de Chile, un incremento de inversión pública del 10% del PIB (tres veces lo que ha propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera). Es el paso que ha dado Perú, con una inyección de más de 25 mil millones de dólares, lo que equivale a un 12 por ciento del PIB del país, en condiciones macroeconómicas similares a Chile. El segundo camino, complementario, es la reasignación de recursos ya disponibles en el presupuesto fiscal, con el criterio básico del buen gobierno de otorgar prioridad a lo fundamental: en este caso, se considera prioritario garantizar la vida, la salud y el bienestar de la población, particularmente de los más vulnerables, así como del conjunto de los trabajadores y de la clase media.
Los Progresistas de Chile presentamos nuestra propuesta a los Estados de SurAmérica, y además anunciamos que la compartiremos con el Grupo de Puebla, así como con todas los foros y plataformas de diálogo regional e internacional en que participamos, procurando que sea una iniciativa que además sea apropiada por la ciudadanía, los movimientos sociales y las fuerzas políticas democráticas y progresistas.
- La Crisis de la Salud Pública
Es indudable que la pandemia del COVID–19 ha devenido en todo el mundo en una crisis de salud pública sin precedentes y una crisis económico–social de enorme envergadura, cuyo desarrollo creciente se encuentra aún en evolución. En el caso de América Latina ello tiene una gravedad aún más significativa.
En “The New York Times”, el politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) de Brasil, en que sostiene que “América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID–19”. Señala: “La región no está preparada para la propagación del virus y se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo (…) e incluso volverse la mayor víctima del COVID–19, si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no solamente es cuestión de inversión sino de un agresivo y eficaz redireccionamiento de los recursos existentes para disminuir sus efectos”.
Al respecto, indica que América Latina destina un porcentaje de su presupuesto a la salud pública muy por debajo de los países de la OCDE, cuyo promedio es un 6,6 por ciento. “Si se toma en cuenta la inversión total en salud (pública y privada) por habitante, vemos que la región es una de las que menos invierte en salud: 949 dólares per cápita, casi cuatro veces menos que los países miembros de la OCDE e incluso menos que el promedio de los países de Medio Oriente y el norte de África”.
“Un estudio reciente del IEPS proyecta que solo los costos con unidades de cuidados intensivos (UCI) de pacientes de COVID–19 pueden llegar a consumir el equivalente al gasto total del gobierno brasileño en hospitalizaciones en 2019. Según el estudio, con cada punto porcentual de la población infectada de esta nueva cepa de coronavirus habrá que gastarse 1 billón de reales (equivalente a 250 millones de dólares) en hospitalización. Si un 20 por ciento de la población se infecta, el costo de hospitalización de estos pacientes sería equivalente al 98 por ciento del costo total de la producción hospitalaria cubierto por el gobierno en todo 2019”.
A ese respecto, cuestiona el probable camino de “un redireccionamiento de la oferta de salud para enfrentar la nueva emergencia sanitaria”, lo que significaría que los gobiernos movilizarían recursos financieros o asistenciales suplementarios solamente para tratar a los pacientes de COVID–19 y “podrían dejar sin esos recursos a otros pacientes”. Entonces, señala, “si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del COVID–19 o a los portadores de todas las otras enfermedades. Tal escenario es dramático y convertiría a América Latina en la mayor víctima del coronavirus”.
- El nuevo ciclo de recesión económica
El cuadro crítico en materia de salud debe insertarse en la profunda crisis económica y social en desarrollo. En diálogo con la BBC de Londres, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, advirtió que se avecina una recesión global que hará que el PIB de la región decrezca, que el desempleo aumente y millones de personas se sumen a los índices de pobreza.
Se trataría, señaló, de un ciclo recesivo mayor a la de 2008, “porque se nos avecina una recesión profunda que seguramente tendrá un costo de dos dígitos en los próximos dos trimestres de la economía (…) Nosotros hemos hecho unas proyecciones preliminares y hemos visto que, simplemente calculando el impacto en China y Europa, que son dos de los principales socios comerciales de la región, ([el PIB de] América Latina caerá un 1,8%. Y en términos de consecuencias internas de las economías locales, esto puede alcanzar el –3%”.
Explicó que “si la economía cayera un 1,8%, ello tendría una repercusión de una subida del desempleo de 10 puntos porcentuales. Esto impactaría fuertemente en las familias más pobres y en la desigualdad. De hecho, también estimamos que, con esta caída del PIB y este aumento del desempleo, el número de personas que viven en pobreza se incrementaría de 185,9 millones a 219,1 millones. Y en pobreza extrema, aumentarían de los 67,5 millones a los 90,7 millones. Es decir, sí, estamos hablando de un impacto muy fuerte en los hogares, las personas, las pequeñas y medianas empresas y en quienes trabajan por cuenta propia”.
Subrayó que, en ese cuadro, “nos enfrentamos a sistemas de salud fragmentados, donde lógicamente hay una serie de problemas porque hay grandes brechas en el acceso a estos. De las personas empleadas de 15 años o más, el 57,3% de la población tiene una cobertura de salud. Y en los niveles más bajos, los más pobres, tan solo el 34% tiene una cobertura de salud. Entonces estamos enfrentando una de las crisis más fuertes en sistemas de salud”.
El contexto general del ciclo recesivo de la economía que se instala, empujada por el COVID –19, y los impactos que tendrá en materia social y de salud pública, pueden ser enfrentados a través de un proceso que articule: i) integración regional; ii) políticas contraciclicas (es decir, de aumento de la presencia del Estado en la economía, como agente inversor, y de incremento de la inversión social); y iii) mediante la destinación de los recursos fiscales ya disponibles.
- El Gasto en Defensa
Los países de Latinoamérica gastaron en capacidades estratégicas de defensa nacional en el año 2018 aproximadamente 55.600 millones de dólares, lo que significó un aumento en 3,1% respecto al año anterior, superando la media global que se situó en un 2,6% (Instituto Internacional de Estudios para la Paz). Dicha tendencia durante 2019 reportó una caída del 0,9%. No obstante, Chile, Brasil y Colombia mantuvieron su crecimiento sostenido.
Según el Banco Mundial, el año 2018 el gasto en defensa significó un gasto en la región de: Argentina: 2,1% del PIB; Bolivia: 3,9% del PIB; Brasil: 3,9% del PIB; Chile: 7,4% del PIB; Colombia: 11,6% del PIB; Ecuador: 6,4% del PIB; y Perú: 5,6% del PIB. Como se puede apreciar, muy por encima de todo el gasto que la región está realizando hoy en enfrentar la crisis de COVID–19.
En Chile se promulgó la Ley Nº 21.174 que estableció nuevo mecanismo de financiamiento de capacidades estratégicas de la defensa nacional y derogó la Ley Reservada del Cobre, que había reportado a las Fuerzas Armadas un aporte aproximado de 14.000 millones de USD en el periodo 2004–2017, periodo en el cual el gasto alcanzó un 50% de ese monto, lo que permitió generar un remanente a favor del nuevo sistema de financiamiento, el que considera además un aporte basal (vía Ley de Presupuesto), además de los intereses que devenguen las inversiones del fondo y los demás aportes que establezca la Ley.
La crisis desatada por el COVID–19 amerita que el Estado asuma que el cierre de fronteras no debe restringir la colaboración internacional y que Latinoamérica debe reaccionar en términos económicos ante la peor crisis planetaria de las últimas décadas. Para enfrentar esta pandemia el gasto de Brasil y Argentina no ha superado 2% del PIB y Chile un 4.7%. Sin embargo, no es lo mismo movilizar recursos que gastar en la gente y es justamente el caso chileno, donde el acento no se ha puesto en mitigar los efectos económicos familiares de la crisis sino de ir en ayuda del modelo, colocando liquidez en la economía.
La prolongación de esta crisis impone endeudarse a los Estados latinoamericanos. Una forma de mitigar los efectos adversos del crédito es reorientar el gasto interno de cada país, lo que permitiría aumentar los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Ello fundamenta la necesidad que la región alcance un acuerdo latinoamericano para que la región reduzca su gasto en capacidades estratégicas de defensa nacional, lo que permitiría disponer de recursos propios para enfocarlos en mitigar los efectos económicos y sociales, y para elevar la disponibilidad de recursos para enfrentar la pandemia.
El acuerdo entre los Estados de la región en torno a la reducción del gasto en defensa, nos permitiría redoblar esfuerzos, evitar endeudarnos, poner liquidez en la economía y gastar en la gente. Pero esto requiere de voluntad política, como señalamos, y que los gobiernos se tomen en serio que enfrentamos la batalla más importante de todas.
Por Jonatan Díaz (Administrador Público, Licenciado en Seguridad y Defensa de la ANEPE, y Director Ejecutivo Foro Latinoamericano de Derechos Humanos) y Víctor Osorio (Periodista, Ex Ministro de Bienes Nacionales 2014-2016 y Director Ejecutivo de la Fundación Progresa).
Santiago, 21 de abril 2020.
Crónica Digital.
