ODA-Chile hace un llamado al Gobierno, a unir esfuerzos para prevenir el riesgo de crisis alimentaria vinculada a la pandemia.

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ODA-Chile, red académica que integra a diversas universidades chilenas1 bajo el acompañamiento técnico de FAO- Chile, que es parte del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA ALC)2 y que tiene como objetivo promocionar, educar e investigar sobre el derecho a la alimentación a nivel subnacional, nacional y regional, acuerdan la siguiente declaración en el contexto sanitario nacional e internacional por COVID-19.

Considerando la situación de crisis sanitaria que aqueja al mundo y a nuestro país, hemos sido testigos no sólo de la grave situación de salud sino de las dificultades económicas que se comienzan a presentar. Si bien los ministerios de Agricultura de América Latina nos informan que la oferta de alimentos se ha mantenido estable en el mundo y en nuestra región, advierten que si la pandemia se extiende en el tiempo las cadenas de producción y abastecimiento podrían afectarse (ver declaración).

Recordamos que todas las instituciones del Estado se encuentran vinculadas por la Constitución y la ley, así como por las obligaciones internacionales que haya contraído, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, el Estado se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de la población bajo su jurisdicción, especialmente, de los grupos más vulnerables, incluido, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua potable, el derecho al acceso al saneamiento, el derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, el derecho a la vivienda, el derecho a gozar del nivel más alto de salud, el derecho al trabajo decente, así como otros derechos económicos.

Advertimos que es urgente aunar esfuerzos y anticiparse a una crisis mayor, para lo cual exigimos que se realicen acciones preventivas y de fomento de la seguridad alimentaria para acceder a una alimentación saludable. Instamos a la concreción de esfuerzos conjuntos entre el Gobierno, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) las universidades y otras instancias que busquen vincular acciones emergentes de apoyo a la producción local, la distribución en mercados locales comprometiendo medidas preventivas para la salud de la población ante el COVID-19 y el fomento al consumo saludable.

Adherimos a la propuesta que realizó el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, llamando a no desatender la lucha contra el hambre y la malnutrición en todas sus formas durante la pandemia de COVID-19, atendiendo a que no todos cuentan con los medios necesarios para alimentarse adecuadamente en un estado de cuarentena y en situaciones de crisis económica. Para tal efecto es muy relevante que el Estado de Chile, aborde medidas de emergencia para evitar que la inseguridad alimentaria se incremente, considerando que un 13,6% de la población sufre de inseguridad alimentaria, orientadas principalmente a poblaciones prioritarias en salud como son niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores; población con mayor vulnerabilidad social como es la población rural, indígenas, migrantes; y aquellos que se encuentran desempleados o perciban menores ingresos.

Consideramos que es necesario que el Estado adopte medidas legislativas y administrativas, de forma urgente y prioritarias, para evitar el alza en los precios de los alimentos, y fortalecer a los pequeños productores agrícolas y pesqueros, favoreciendo que puedan abastecer de alimentos frescos, sanos y nutritivos a nuestra población, promoviendo prácticas productivas sustentables y de cadenas cortas de distribución y comercialización, y fortalecer ferias libres, transferencias condicionadas y otros canales alternativos de venta de alimentos como el canal electrónico, tanto para la producción nacional como internacional.

Apelamos a que las instituciones gubernamentales de nuestro país, especialmente los Ministerios de Agricultura, Salud, Economía y Desarrollo Social y Familia, con énfasis en el Sistema Elige Vivir Sano por su rol coordinador de los distintos órganos de la Administración del Estado, para que aborden esta emergencia de una manera constructiva y se articulen para garantizar la seguridad alimentaria en nuestra población.

Exhortamos a articular acciones con actores del sector público, privado y sociedad civil, para lo cual ponemos al servicio nuestro conocimiento, experiencia, investigación y vinculación con el medio, en pos de garantizar el derecho a la alimentación sana y segura a pesar de la crisis sanitaria y económica.

OBSERVATORIO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN CHILE

Santiago de Chile, 22 de abril 2020
Crónica Digital

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