Denuncian amenazas contra la paz en América por políticas de Administración Trump

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Por su interés general, reproducimos la siguiente declaración del Capítulo de Uruguay de la Red en Defensa de la Humanidad.

La Paz del continente amenazada por el Imperialismo norteamericano

Para el Capítulo Uruguay de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH–Uruguay), los pilares de nuestro accionar se inspiran en principios humanistas como la defensa de la paz, el respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia extranjera en sus asuntos internos y el respeto al derecho de los pueblos a elegir sus propios destinos, la plena vigencia de la democracia y el orden institucional, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, la búsqueda de equidad y la lucha por la justicia social.

En tal sentido, nos preocupa profundamente y nos alarma el nivel de violencia y opresión que ejercen los Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, mediante la imposición de sanciones y represalias contra los pueblos que se resisten a sus mandatos dispuestos en forma unilateral –con la complicidad de sus gobiernos aliados en el grupo de Lima–, y cuyas consecuencias impactan directamente sobre la gente.

Las acciones injerencistas y belicistas de los gobiernos de Estados Unidos, en particular de la Administración Trump, mantienen constante tensión a un continente que, con absoluta claridad y en distintos organismos internacionales, se ha pronunciado en favor de la Paz.

Nuestra América experimenta una fuerte ofensiva del imperialismo norteamericano, cuyo propósito es aumentar su dominio en América Latina y el Caribe, y su hegemonía a nivel mundial, desarticulando los instrumentos de integración regional, a la vez de restablecer el neoliberalismo, desmantelando los avances que en distintos niveles han alcanzado muchos países de la región, en materia de derechos, justicia social, fruto de la lucha de los pueblos.

Tuvo sus antecedentes más recientes en los golpes de Estado en Honduras (2009) y en Paraguay (2012), seguidos de procesos electorales viciados de irregularidades y denuncias de fraude. El tercer caso de ruptura institucional fue el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff (2016), disfrazado en el marco de un proceso de “impeachment” que, al igual que el caso de Fernando Lugo, careció de las mínimas garantías de transparencia y respeto del derecho a defensa. Más recientemente, el golpe militar contra el Presidente Evo Morales en Bolivia (2019), instalando un gobierno ilegítimo el cual, al igual que los casos anteriores, se ha impuesto valiéndose de la represión y persecución a los opositores.

Paralelamente, en Argentina 2015 y en Uruguay 2020, los proyectos políticos alternativos sufrieron reveses políticos, luego de una guerra mediática que contribuyó a su derrota electoral, rumbo retomado por Argentina con el triunfo de Alberto Fernández en octubre pasado.

En síntesis, asistimos a un proceso de desplazamiento de gobiernos legítimamente electos por los pueblos, en el marco de una estrategia imperialista sobre el sur del continente americano, llevada adelante por Estados Unidos, con el fin de instalar otros al servicio de los intereses trasnacionales, en especial del capital financiero y de los intereses imperiales de control geopolítico y dominio mundial.

Esta agresión contra los pueblos del continente ha sido una constante de las políticas de Estados Unidos, de las que, sin subestimar otras, mencionamos algunas de sus expresiones más infames:

Por un lado, los bloqueos y agresiones militares.

Cuba se mantiene y recrudece un bloqueo económico y político por más de 60 años consecutivos, que año tras año es condenado por el mundo entero; agravado por la pretensión de aplicar íntegramente la Ley Helms Burton, con la intención explícita y descarada de afectar a su población. Restricciones económicas que arrecian en tiempos de pandemia con incautación de una donación de material sanitario, así como la compra y cese de venta de una empresa que vendía respiradores a Cuba. Toda esa barbarie, se produce mientras brigadas de médicos cubanos participan heroica y solidariamente en la lucha contra la pandemia en múltiples países, como Italia y China, por citar los ejemplos más reconocidos.

Venezuela, donde el bloqueo y sanciones de Estados Unidos, más la usurpación de fondos colocados en el exterior, tienen consecuencias nefastas para el pueblo venezolano que, además de la crítica situación que vive, sufre la amenaza constante y latente de una agresión militar. En el último mes, una flota de la marina de guerra de los Estados Unidos se encuentra rodando Venezuela y desembarcaban tropas en Colombia. A la vez que Trump ofrece millonarias recompensas para que asesinen al Presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, el gobierno de Iván Duque en Colombia, participa de la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y ha incumplido flagrantemente los Acuerdos de Paz con las FARC, mientras cada semana se suman nuevos asesinatos de exguerrilleros y luchadores sociales.

Por otro lado, guerras propagandísticas y guerras jurídicas.

La primera, batalla propagandística, recurriendo a campañas mediáticas que se apoyan en armas conocidas como la “pos–verdad”, que consiste en la construcción de percepciones de la realidad diferentes de los hechos verdaderos (en definitiva, mentiras disfrazadas); y las “fake news”, lisa y llanamente mentiras y calumnias.

La segunda, la guerra política mediante su judicialización (conocida como “lawfare” o “guerra jurídica”), apoyándose en los medios masivos de comunicación y abusando de artilugios y mecanismos de excesiva discrecionalidad y sesgo, sin las garantías del debido proceso, para desprestigiar, perseguir e inhabilitar a opositores a su modelo económico y político.

Tales armas están inspiradas en el Plan Sharp (de Gene Sharp), quien admite sin pudor la intención de desestabilizar gobiernos que no sean afines a los intereses norteamericanos.

En tercer lugar, los nuevos gobiernos –sean golpistas o formalmente electos– afines a la restauración neoliberal, recurren al terrorismo de Estado para disuadir, perseguir y reprimir a la resistencia social y/o política del movimiento popular.

Chile, con la anuencia del gobierno criminal de Sebastián Piñera, ha impuesto el modelo neoliberal a fuerza de salvaje represión, torturas, mutilaciones y asesinatos, con descarada impunidad.

Ecuador, el gobierno represor de Lenin Moreno –que ha abandonado al pueblo y, en particular, a la Alcaldesa de Guayaquil en el peor momento de contaminación del coronavirus– ante la inminente reelección próxima de Correa, desata contra él acusaciones y condenas (al mismo estilo que se hizo contra Lula en Brasil, y que desembocara en el triunfo electoral del ultraderechista de Jair Bolsonaro), y persigue a importantes referentes del Partido Revolución Ciudadana.

En este contexto, la aparición de la pandemia del virus COVID–19 y su expansión en las Américas tienen consecuencias difíciles de dimensionar, pero que pueden llegar a niveles catastróficos, donde seguramente el mayor costo recaerá sobre los sectores sociales más vulnerables.

Por ello, hacemos un urgente llamado a todas las instituciones y organismos internacionales y a la sociedad civil a fin de –en nombre de la Paz, la Justicia Social y la defensa de los Derechos Humanos– denunciar estas barbaridades.

Rechazamos enérgicamente las políticas belicistas y criminales desatadas por Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, y convocamos a enfrentarlas alzando la voz de los pueblos en clave de Paz.

Capítulo Uruguay de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH–Uruguay)

Montevideo, 4 de mayo 2020.

Crónica Digital.

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