Diputados PPD piden fiscalizar a la banca por FOGAPE y soluciones «caso a caso» de créditos de consumo e hipotecarios

La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD oficiará al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con el objeto de solicitar información y pedir que se fiscalice la implementación del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que busca respaldar las operaciones crediticias de las Pymes, garantizando en parte los créditos, leasings u otros mecanismos de financiamiento obtenidos frente a las entidades financieras, sin necesidad de cumplir las altas exigencias de la banca.

El beneficio para las Pymes es que paguen una tasa no superior a 3,5% que, considerando las proyecciones de la inflación anual, determine un costo 0% para los pequeños empresarios.

“Sin embargo, lo que debiera ser una ayuda a las empresas que se verán más afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus, finalmente se convierte en un cúmulo de dudas respecto a los montos finales que las pymes deben pagar. Lo que queremos saber es si los bancos están cumpliendo con lo estipulado en la ley, y no se están cobrando intereses o se están pidiendo requisitos adicionales, ya que esta es una importante medida que puede evitar la quiebra de pymes”, sostuvo el Jefe de la Bancada del PPD, Raúl Soto.

El parlamentario indicó que “también nos preocupa que hay muchos bancos que están ofreciendo a las personas una renegociación de sus créditos de consumo e hipotecarios, generalmente por la vía de postergar las cuotas a través de un nuevo crédito. Sin embargo, éstas se gestionan «caso a caso» o entregando “una tasa preferencial”, en lugar de que se establezcan estas reprogramaciones de manera pública y con reglas claras para todos. Llamamos a los bancos a estar a la altura de la crisis que estamos viviendo como país, y que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia sean garantes de aquello”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que «hay dudas respecto a la aplicación del FOGAPE. No queda claro si los bancos están cobrando gastos o intereses adicionales, o requisitos no contemplados en la Ley. Algunas entidades financieras, además, han declarado que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aún no dicta una normativa relacionada al tratamiento de provisiones, que retrasa la asignación del FOGAPE. Hago un llamado al Gobierno para que agilice sus gestiones y garantice que estos fondos que van directamente al sector más dañado social y económicamente en nuestro país».

Asimismo, la diputada Carolina Marzán, señaló que también es necesario que Dicom no sea considerado cuando las Mipymes postulen a créditos o ayudas del Gobierno. «Presenté un proyecto de ley en ese sentido, ya que es necesario evitar todo obstáculo que deje fuera a este tipo de empresas de las ayudas que está disponiendo el Gobierno a través de los bancos con garantías del Estado”.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, pidió al Ejecutivo patrocinar proyecto de ley que presentó junto a la Bancada del PPD que beneficia a personas naturales y PYMES, mediante la suspensión del pago de dividendos de créditos hipotecarios, de cuotas de créditos de consumo y de cuotas de leasing inmobiliario y mobiliario, además de la renegociación de deudas por tarjetas de crédito en cuotas fijas y sin interés. “Los bancos que han ofrecido estos beneficios otorgan entre 3 y 6 meses de gracia, pero exigen estar al día en los pagos, o cobran intereses excesivos, lo que implica que muy pocas personas y PYMES puedan tener una real solución”, concluyó el legislador.

Santiago de Chile, 5 de mayo 2020
Crónica Digital

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“Con la firma del Ministro de Hacienda Ignacio Briones, ha llegado al Senado un oficio que busca advertir y prevenir sobre el Artículo 21 de la recientemente aprobada Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “el Ministerio de Hacienda además presentó una indicación para modificar el Artículo 21 en el Proyecto de ley que cambia la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo que se está debatiendo en la Comisión Mixta de Trabajo, y que de aprobarse, significará que miles de trabajadores suspendidos laboralmente, deberían pagar sus créditos comerciales y deudas de tarjetas, no operando los seguros de cesantía”. “Es decir”, continuó, “además de tener que financiarse su sueldo con sus propios aportes, tendrían que pagar con esos recursos las deudas comerciales. Esta es la presión de los aseguradores. Solo en el retail hay más de 2.500.000 pólizas de seguro que potencialmente se activarían con lo vigente”. “Por lo que si se aprobara la modificación del Artículo 21, el impacto sería muy grande para miles de trabajadores y trabajadoras suspendidos de sus relaciones laborales”, aseguró. Navarro aseguró que “esto es una vergüenza del Gobierno, y el particular del Ministro de Hacienda Ignacio Briones. Los bancos en Chile obtuvieron ganancias por US$ 3.403 millones durante el año 2019, esto es, un 7,9% más que el año previo, mientras el trabajo se ha precarizado y ya tenemos un 8.2% de desempleo en Chile, la mayor cifra desde el 2010”. “Y si eso fuera poco, fue el mismo Briones quien tildó de inentendible que Cencosud repartiera miles de millones entre sus inversionistas, mientras los trabajadores deben costearse sus propios sueldos con el seguro de cesantía; una contradicción por donde se le mire”, aseguró. Alejandro Navarro finalizó recordando que “cuando esto impacte directamente en la gente y se den cuenta que no pueden activar sus seguros de cesantía, será otra razón para que la gente junte rabia en torno a un nuevo estallido social. Esto es una vergüenza, el Gobierno sigue defendiendo a bancos y sus dueños en desmedro de los trabajadores, y no lo vamos a permitir”. Santiago de Chile, 5 de mayo 2020 Crónica Digital

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