La Contraloría General de la República (CGR), tras una investigación especial solicitada por la concejala por Santiago Rosario Carvajal y la dirigente vecinal Paola moreno, resolvió que el municipio tuvo irregularidades en la administración. Pues no se veló por la eficiente administración de recursos públicos ni se ajustó a los principios de control de eficiencia y eficacia, con respecto a las actividades realizadas en el Parque O’higgins de Lollapalooza y la Fórmula E, desarrolladas el pasado año.
En conversación con Crónica Digital, Rosario Carvajal denunció: “La Municipalidad de Santiago otorgó el permiso de uso del Parque O ́Higgins para la realización del festival Lollapalooza 2019, sin que la empresa organizadora del evento contara con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales”. Agregó que: “El municipio no elaboró el Plan de Manejo Integral de la Zona Típica, con la participación de la comunidad relacionada con el Parque O ́Higgins y con el apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales, instrumento que fue requerido por dicha institución, en atención a que verificó intervenciones discordantes -sin la autorización de ese organismo- que afectaban el carácter ambiental y propio de zona típica del parque: Por lo tanto, la municipalidad deberá́ acreditar la elaboración del Plan de Manejo, para regular las intervenciones y mantención del arbolado, áreas verdes, pavimentos, cercos, seguridad, uniformidad de mobiliario urbano, aseo, ornato, entre otros aspectos informando de ello en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final.”
Según el informe final de investigación especial de la contraloría, la entidad estatal reveló que: «La evaluación realizada de los daños producidos con motivo de los eventos Formula E y Lollapalooza 2019, la totalidad de los deterioros confirmados aún no han sido compensados por las empresas Fórmula E Chile Operations SpA., y Lotus Festival SpA, quedando pendientes las sumas de $ 47.001.500 y $90.316.500, respectivamente.»
En consecuencia para Carvajal la municipalidad deberá́ aclarar las razones por las cuales no se exigieron las sumas, por un total de $ 137.318.000, determinadas para la reposición del parque en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
La dirigente vecinal Paola Moreno confirma, en este sentido, lo señalado por la CGR, que: «la autoridad comunal debe velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos, y ajustarse a los principios de control, eficiencia y eficacia. Además, instruye aplicar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas a los funcionarios involucrados y determinar si existió daño al patrimonio municipal». Según la entidad fiscalizadora, las graves irregularidades como: el no cobro de las boletas de garantía, el no hacer efectivo el pago, ni las reparaciones de los daños efectuados por la Formula E y Lollapalooza, ha significado un considerable y acumulado deterioro, destrucción y falta de mantenimiento de una Zona Típica: «El pronunciamiento de la contraloría sienta un precedente sobre como la actual y las próximas autoridades comunales deben fijar criterios y planes de acción, tendientes a recuperar en conjunto con las comunidades interesadas en la conservación y protección de un parque patrimonial histórico y protegido, como es el Parque O’Higgins”, apuntó Paola Moreno.
En tanto, la concejala Carvajal sostuvo que:«No sólo hablamos de la recuperación de hectáreas de las áreas verdes y especies naturales, sino de construir y recuperar un nuevo Parque O’Higgins, abierto a la comunidad, a los vecinos y visitantes, no pensando sólo en el hoy, sino en el futuro del parque que heredaremos a las futuras generaciones, en un escenario de crisis climática, de escasez hídrica, falta de áreas verdes de la ciudad y expansión inmobiliaria”. Por último, Carvajal denunció que el uso del Parque O’higgins por parte de la administración municipal, “debe abandonar el modelo privatizador del centro de eventos, que ha desvirtuado su carácter público”, agregó.
Por Charlene Schipmann
Santiago de Chile, 12 de mayo de 2020
Crónica Digital