Exigen en Chile conmutar prisión preventiva a más de dos mil jóvenes

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Fotografía Radio Cut

La conmutación de prisión preventiva para más dos mil 500 personas presas en cárceles de Chile, la mayoría jóvenes e incluso menores de edad, exigieron al gobierno cincuenta organizaciones sociales, de derechos humanos y personalidades.

Todos han permanecido bajo arresto durante meses por su participación en las multitudinarias protestas populares ocurridas en el país a raíz del estallido social del 18 de octubre de 2019, y su salud corre peligro ante la expansión de la pandemia de Covid-19 en esos recintos.

En carta dirigida a los ministros del Interior y de Justicia y otras figuras del gobierno, esas organizaciones denuncian que mantener a esas personas en prisión preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin ejemplificador.

Asimismo advierten que «organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos -como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación».

La misiva señala que las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en las cárceles de Chile propician el contagio masivo de Covid-19, y llama a evitar el riesgo que ello supone.

Apunta en ese sentido que recientemente el gobierno aplicó una ley de Indulto Conmutativo a mil 700 condenados, pero que ello resulta insuficiente y que el pase de esas más de dos mil 500 personas a arresto domiciliario, ayudaría a descongestionar las prisiones.

Además -puntualiza- sería consecuente con su derecho a la presunción de inocencia, pues, en muchos de los casos, no se han esgrimido pruebas contundentes que justifiquen as acusaciones.

Entre los firmantes figura diputados, artistas, académicos y organizaciones como el Capítulo Chileno de la Red Internacional de Intelectuales en defensa de la Humanidad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos,  la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de Argentina, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, entre otros muchas.

Santiago de Chile, 13 de mayo 2020
Crónica Digital/PL

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