Conmebol ajusta reglamentos de Copa Libertadores y Sudamericana 2020

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó ajustes a los reglamentos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2020, como parte de las medidas para enfrentar la crisis sanitaria de la Covid-19.

 

Tras una videoconferencia, los miembros del Consejo de la Conmebol establecieron que futbolistas y silbantes tendrán prohibido ‘escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición, ya sea en la cancha o en el banquillo’, explica una nota oficial.

‘Los jugadores tampoco podrán besar el balón antes, durante y después del partido; serán sometidos a controles de temperatura; usarán botellas individuales de agua y no podrán intercambiar o regalar camisetas con rivales, compañeros o cualquier persona’, detalla.

Los directivos determinaron, además, que el uso de mascarilla para atletas y oficiales que estén en el banco de suplentes será obligatorio; los capitanes no podrán intercambiar banderines y si hay conferencia de prensa después del partido, los presentes deberán utilizar protector facial.

El organismo informó que creará un registro médico de control de deportistas y jueces, quienes tendrán que someterse obligatoriamente a pruebas de coronavirus las veces que lo establezca el protocolo médico.

Los organizadores planean reanudar las Copas en septiembre venidero, con el designio de terminar a inicios de 2021, aunque todo dependerá de la situación real de la crisis del nuevo coronavirus.

Asunción, 15 de mayo 2020
Crónica Digital/PL

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Exigen conmutar prisión por arresto domiciliario a jóvenes encarcelados producto del estallido social

Vie May 15 , 2020
La Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) Guacoldas y la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) – OFAPP, dieron a conocer una carta que enviaron a los “Poderes del Estado”, en la cual solicitan “conmutar la Prisión Preventiva por una cautelar menos gravosa – como el arresto domiciliario total – para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del Estallido Social”. Además de ello, solicitan al gobierno  retirar su condición de querellante de todas las causas  y que no se apliquen leyes especiales  en ninguno de los casos (Ley de Seguridad Interior del Estado). En el documento mencionan que se  trata de un poco más de 2.500 personas, todos ellos mayoritariamente jóvenes, incluso menores de edad, quienes fueron detenidos y formalizados por delitos vinculados a los actos de protesta suscitados a partir de la revuelta que se inició a partir del 18 de octubre de 2019. Entre los argumentos destacan que la conmutación de la prisión por arresto domiciliario “contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios, facilitando a Gendarmería el control de la pandemia” y agregan que podría  evitarles quedar expuestos al contagio del Covid-19, reconociendo  las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en las cárceles. En uno de los puntos, expresan además su preocupación por la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, dado que ello implicará acusaciones y dictación de condenas absolutamente desproporcionadas a los hechos en sí. Adhieren a esta carta un total de 82 personalidades del mundo político, académico, cultura, organizaciones locales y territoriales surgidas en torno al estallido social y proceso constituyente. También  destacan agrupaciones de familiares de víctimas de la represión a lo largo de la dictadura militar, y organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de derechos humanos. A continuación, la carta textual fechada en mayo 2020.  CARTA A LOS PODERES DEL ESTADO Señor Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile Señor Guillermo Silva, Presidente de la Corte Suprema Señora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado Señor Diego Paulsen, Presidente Cámara de Diputados Señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos Señor Jorge Abbot, Fiscal Nacional Presente “Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación con respecto a la situación que afecta a los internos del sistema penitenciario chileno, y en especial a los jóvenes encarcelados en el contexto del denominado “Estallido Social”. Según informaciones oficiales, se estima que hay más de 2.500 personas imputadas en este marco. La mayoría son jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Estos jóvenes fueron detenidos y posteriormente formalizados por delitos conectados con actos de protesta en un contexto de gran efervescencia social. Mantenerlos en Prisión Preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin “ejemplificador”. Organismos internacionales de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos –como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación. Todos conocemos […]

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