Exigen conmutar prisión por arresto domiciliario a jóvenes encarcelados producto del estallido social

La Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) Guacoldas y la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) – OFAPP, dieron a conocer una carta que enviaron a los “Poderes del Estado”, en la cual solicitan “conmutar la Prisión Preventiva por una cautelar menos gravosa – como el arresto domiciliario total – para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del Estallido Social”. Además de ello, solicitan al gobierno retirar su condición de querellante de todas las causas y que no se apliquen leyes especiales en ninguno de los casos (Ley de Seguridad Interior del Estado).

En el documento mencionan que se trata de un poco más de 2.500 personas, todos ellos mayoritariamente jóvenes, incluso menores de edad, quienes fueron detenidos y formalizados por delitos vinculados a los actos de protesta suscitados a partir de la revuelta que se inició a partir del 18 de octubre de 2019.

Entre los argumentos destacan que la conmutación de la prisión por arresto domiciliario “contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios, facilitando a Gendarmería el control de la pandemia” y agregan que podría evitarles quedar expuestos al contagio del Covid-19, reconociendo las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en las cárceles.

En uno de los puntos, expresan además su preocupación por la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, dado que ello implicará acusaciones y dictación de condenas absolutamente desproporcionadas a los hechos en sí.

Adhieren a esta carta un total de 82 personalidades del mundo político, académico, cultura, organizaciones locales y territoriales surgidas en torno al estallido social y proceso constituyente. También destacan agrupaciones de familiares de víctimas de la represión a lo largo de la dictadura militar, y organismos nacionales e internacionales de defensa y promoción de derechos humanos.

A continuación, la carta textual fechada en mayo 2020.

CARTA A LOS PODERES DEL ESTADO

Señor Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile
Señor Guillermo Silva, Presidente de la Corte Suprema
Señora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado
Señor Diego Paulsen, Presidente Cámara de Diputados
Señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Señor Jorge Abbot, Fiscal Nacional

Presente

“Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación con respecto a la situación que afecta a los internos del sistema penitenciario chileno, y en especial a los jóvenes encarcelados en el contexto del denominado “Estallido Social”.

Según informaciones oficiales, se estima que hay más de 2.500 personas imputadas en este marco. La mayoría son jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Estos jóvenes fueron detenidos y posteriormente formalizados por delitos conectados con actos de protesta en un contexto de gran efervescencia social. Mantenerlos en Prisión Preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin “ejemplificador”.

Organismos internacionales de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos –como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación.

Todos conocemos las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en estructuras penitenciarias, propicias para un contagio masivo de la pandemia del Covid-19, tanto de los internos como de los funcionarios de Gendarmería. Es urgente evitar el riesgo vital al que se expone a estos jóvenes, prisioneros dentro de un contexto social y político específico.
La reciente ley de Indulto Conmutativo ha incluido a 1.700 personas condenadas. Es un avance, pero no es suficiente para la realidad carcelaria del país.

Las prisiones se verían descongestionadas si estos 2.500 jóvenes imputados pasaran a arresto domiciliario, medida consecuente con su derecho a la presunción de inocencia. Puesto que, en muchos de los casos, no se han esgrimido pruebas contundentes que justifiquen as acusaciones. Por todo esto es que proponemos y solicitamos al Estado de Chile que se facilite y se materialice lo siguiente:

– Que el Gobierno se retire como querellante de todas las causas alusivas al Estallido Social y que no se apliquen leyes especiales fuera del derecho penal para facilitar el cambio de medida cautelar,

– Que el Gobierno de Chile presente o apoye en el Parlamento una ley que permita conmutar la Prisión Preventiva por una cautelar menos gravosa – como el arresto domiciliario total – para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del Estallido Social. Esto contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios, facilitando a Gendarmería el control de la pandemia, y permitiría a estos jóvenes permanecer en sus hogares, a la espera del desarrollo normal de sus juicios.

Esperamos que estas proposiciones, que preservan el derecho de los imputados a un debido proceso, garantizando juicios justos, y protegiendo la vida a 2.500 jóvenes de nuestro país, tengan una buena acogida de vuestra parte”.

Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) Guacoldas
Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) – OFAPP

Adhieren a esta carta:

Agrupación Ciudadanos por la Memoria; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Agrupación de Mujeres Democráticas; Asamblea Territorial Peñalolén Alto; Asociación Mutual Ex-presxs políticxs MIR y la Resistencia Popular; Capítulo Chileno de la Red Internacional de Intelectuales en defensa de la Humanidad (REDH); Colectivo Historias Desobedientes; Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares-Chile; Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Ética contra la Tortura; Coordinadora Nacional ex-presas y ex-presos Políticxs “Salvador Allende”; Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU; Derechos en Común; Foro por la Asamblea Constituyente; Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas; Movimiento Salud en Resistencia; Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia; Observatorio de cierre a la Escuela de las Américas; ONG CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos; Sobrevivientes de Tejas Verdes; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina; Asociación Pro Derechos Humanos de España; Fundación Internacional de Derechos Humanos; Hands off Latin America, Saskatoon, Canadá; Mesa Nacional Chile Despertó, Suecia; Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa; Sask 4 Chile, Saskatoon, Canadá; Alberto Espinoza, Abogado defensor DD.HH; Alejandro Goic, actor; Alicia Lira, defensora DD.HH; Amaro Labra, Diputado República de Chile; Boris Barrera, Diputado República de Chile; Camila Vallejo, Diputada República de Chile; Carmen Hertz, Diputada República de Chile; Daniel Núñez, Diputado República de Chile; Daniela Cicardini, Diputada República de Chile; Diego Ibáñez, Diputado República de Chile; Emilia Nuyado, Diputada República de Chile; Gastón Saavedra, Diputado República de Chile; Guillermo Teiller, Diputado República de Chile
-Haydee Oberreuter, Dirigente de Derechos Humanos; Hugo Gutiérrez, Diputado República de Chile; Isabel Gallardo Moreno, familiar de 5 ejecutados políticos en 1975; Jaime Naranjo, Diputado República de Chile; Javiera Toro Cáceres, Presidenta Partido Comunes; Jorge Arrate; Juan Mena, Licenciado en Ciencias Jurídicas; Juan Santana, Diputado República de Chile; Karol Cariola, Diputada República de Chile; Leonardo Soto, Diputado República de Chile; Lorena Pizarro Sierra, defensora DD.HH; Luis Rocafull, Diputado República de Chile; Magdalena Garcés Fuentes, defensora DD.HH, abogada Londres 38; Malucha Pinto, actriz; Manuel Monsalve, Diputado República de Chile; María Inés Ruz Zañartu, periodista y profesora de Relaciones Internacionales; Marisela Santibáñez, Diputada República de Chile; Maya Fernández, Diputado República de Chile; Mercedes Maldonado Herrera, Presidenta Coordinadora Nacional ex-presas y ex-presos Políticxs “Salvador Allende”; Rafael Urrejola, periodista; Raúl Saldívar, Diputado República de Chile; Romina Ampuero Pérez, Investigadora DD.HH; Sergio Grez Toso, Historiador, profesor titular de la Universidad de Chile; Sonia de los Reyes, Artista Visual; Tomás Hirsch, Diputado de la República de Chile; Yeny Álvarez, Diputada República de Chile; D. Edgardo Gabriel Abramovich, Vicepresidente Fundación Internacional de Derechos Humanos; D. Gilberto Ángeles Galicia, Delegado en México, Fundación Internacional de Derechos Humanos; D. Jaume d’Urgell i Rubió, Secretario Fundación Internacional de Derechos Humanos; D. Luis Francisco Sánchez Cáceres, Presidente del Consejo Consultivo, Fundación Internacional de Derechos Humanos; Dª Soledad Parada, Delegada en Chile, Fundación Internacional de Derechos Humanos; Dr. Román Reyes, Presidente de honor Fundación Internacional de Derechos Humanos; Dra. María Claudia Cambi, Presidenta Fundación Internacional de Derechos Humanos; Emb. Dr. Ramiro Tapia Sáinz, Alto Representante para América Latina, Fundación Internacional de Derechos Humanos; Federico Pagliero abogado de la APDH, Argentina; Fernanda Poblete Cofré, Coordinadora de la Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa; Jorge Hurtado, sindicalista Cupe4400, Toronto, Canadá; Jorge Magasich, Historiador, profesor en el Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas; Luis Gálvez, Halmstad, Suecia, sobreviviente del 73
-Marcelo Gauthier, Presidente Association RELMÛ – PARIS; Néstor Vega, Presidente Association Terre et Liberté pour Arauco – FRANCE; Pascale Cognet, madrina francesa de un Prisionero Político de la Revuelta Social en Chile; Patricia Parga-Vega, Coordinadora de la Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa.

Por Myriam Carmen Pinto
Periodista – Communty Manager

Santiago de Chile, 14 de mayo 2020
Crónica Digital/ http://gritografiasenred.org/

Por Raúl Acevedo: El saber basado en conocer

Vie May 15 , 2020

Una política pública sobre la información contenida en los registros administrativos de las reparticiones estatales es un imperativo de marca mayor que ha venido eludiéndose o postergándose en numerosos países, en su mayoría subdesarrollados, Chile también. Por eso, entre otras razones, un grupo de instituciones internacionales del más alto nivel como Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial formaron la Asociación de Estadísticas para el Desarrollo del Siglo XXI (Paris 21). Ellos entregan lineamientos sólidos para mejorar la producción de estadísticas, incluyendo las de registros administrativos. Hoy en nuestro país, sin embargo, connotados científicos claman públicamente por los datos sobre los pacientes que se hicieron el test PCR, con los campos (variables) mínimos de todo paciente que permiten caracterizar al sujeto. El gobierno responde señalando la inexistencia de tal información. Debemos colegir, acaso, que la gestión de la autoridad sanitaria está sustentada en modelos de otras patologías o de otras naciones, o en la ausencia de modelo que guíe o encauce el accionar gubernamental. Cualquier manejo de un asunto complejo (donde intervienen simultáneamente múltiples variables que interactúan) requiere, en el mundo moderno, o de un esquema explicativo robusto, armado con una masa de datos amplia (alternativamente con datos menos numerosos pero de muy buena calidad) o se precisa de un equipo muy bien afiatado donde haya una persona con vasta experiencia y sabiduría sobre la problemática específica. ¿Posee el equipo gubernamental de salud algunas de esas características? En casi todos los países de la OCDE hay un sistema estadístico nacional donde entre otras materias sedefinen criterios para la correcta explotación de los datos guardados en los sistemas de información de los servicios públicos. Los criterios definidos en uno y otro caso son diferentes, pero en todos ellos hay ciertos principios que no se pueden trasgredir, uno de ellos es el resguardo de la información sensible de las personas registradas en las bases de datos. Hay variadas formas de hacerlo, pero en todos los casos hay un compromiso del estricto resguardo, por quienes hacen uso de los registros, de la confidencialidad de la información contenida. La calidad de la materia prima (datos) se basa en la certeza de que el criterio para realizar un nuevo registro es el mismo que los anteriores. Si llega a cambiar el criterio, lo adecuado es primero saber cuándo se produjo la nueva forma de contabilizar y si todos los funcionarios llevaron a efecto simultáneamente la modificación. Segundo, se requiere saber en qué consiste el cambio de criterio y cómo afecta a los datos anteriores, para encontrar un método de comparación de ambos momentos del tiempo. Tercero, informar clara y pormenorizadamente a los usuarios de los datos los cambios y sus implicancias, para que puedan tomar decisiones de buena calidad. La semana pasada el gobierno cambió el criterio de lo que entiende por un caso confirmado de Covid-19. Si se observa con detención en los informes epidemiológicos de antes y después de la modificación, los datos anteriores al cambio de […]