El 19 de noviembre del pasado año, luego del golpe de Estado asestado a Evo Morales, la población junto a organizaciones sociales y políticas comenzaron a manifestarse contra los golpistas en diversas localidades del país.
En El Alto bloquearon la salida de camiones cisternas con combustibles hacia La Paz y exigíeron la salida inmediata de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
Áñez ordenó reprimir a los manifestantes por tierra y aire, mientras policías y militares tomaron la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicada en Senkata.
Luego de la fuerza y la represión desde la planta, salieron convoyes de pipas cisternas con combustibles hacia La Paz fuertemente resguardados por efectivos armados, tanquetas, y medios aéreos.
Usando agentes químicos, los uniformados desbloquearon la carretera y taparon las zanjas que abrieron los manifestantes para evitar el paso.
La autoproclamada mandataria firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares desplegados contra las movilizaciones.
‘El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exentos de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad’, señalaba.
La orden fue promulgada el viernes 15 de ese mes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fueron asesinados por uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba que, igual sigue en la impunidad.
La Paz, 19 mayo 2020
Crónica Digital/PL
