Covid 19, el descontento social y la vulnerabilidad de Latinoamérica

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Antes de que la pandemia de la Covid-19 se ensañara con América Latina, varios países atravesaban por una serie de protestas en contra de un modelo neoliberal que sembró en la región una mayúscula desigualdad.

 

De manera casi premonitoria, las manifestaciones de miles de latinoamericanos en Chile, Ecuador y Colombia, alertaron sobre la crueldad de modelos políticos insostenibles para el ciudadano promedio.

Ahora, cuando la terrible enfermedad exhibe crudamente el saldo de décadas de una fatal desigualdad, se impone la necesidad de pensar cómo construir una zona continental con mayor inversión e inclusión social y más resiliente.

Desde hace varios años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alerta acerca de la necesidad de acabar con la llamada ‘cultura del privilegio’, esa capaz de acuñar las bondades para unos pocos en detrimento de la mayoría.

‘¿Hasta cuándo la cultura del privilegio, de la corrupción y de la desigualdad? El desencanto, el enojo se encuentra en un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo que se asocia a tres décadas de concentración de la riqueza y deterioro ambiental con insuficiente crecimiento’, declaró hace pocos meses la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.

No hay legitimidad hoy del modelo de desarrollo que estamos viviendo y los jóvenes lo saben, por eso están en las calles manifestándose, sentenció además.

Según el organismo, para lograr la reducción de la inequidad, que por demás resulta ineficiente en términos económicos a largo plazo, es preciso socavar todo un sistema de patrones preestablecido y al que ya varias generaciones ven como normal.

Señala la Cepal que la cultura del privilegio es un sistema de valores que ordena prácticas establecidas, en el que es aceptable que un grupo de la población, caracterizado jerárquicamente por su adscripción étnica o racial o de género, por su posición socioeconómica, por su pertenencia a élites políticas o culturales, por su estatus de clase o por su filiación sanguínea o de herencia, tenga ventajas sobre el resto de la sociedad.

Pero, ¿cómo empezar a transitar hacia ese camino en el que todos seamos un poco menos desiguales? En este punto, algunos expertos hablan de la necesidad de aplicar una reforma fiscal y otros incluso defienden la urgencia de establecer, por ejemplo, un impuesto a la riqueza.

Así, el economista chileno Ricardo Martner, exjefe del departamento fiscal de la Cepal, aclara que los paquetes económicos aplicados en la región priorizaron rebajas de impuestos que benefician a las corporaciones, lo que a la postre redujo ‘la disponibilidad fiscal de estos países para enfrentar la actual pandemia’.

El problema con las rentas, aclara, es que se disipan en múltiples mecanismos, como los paraísos tributarios y las subdeclaraciones, que hacen muy difícil generar recursos significativos por esa vía, advierte el entendido.

Al tomar en cuenta esto, añadió, se retoma entonces el debate sobre la renta patrimonial, específicamente sobre el impuesto a las propiedades, que ya existe en la región, pero con fuertes déficits administrativos y distinguido por registros e informaciones insuficientes que dificultan el pago proporcional.

Uruguay, Argentina y Colombia son los únicos tres estados latinoamericanos que tienen implementado un impuesto a la riqueza, mientras otros como Perú solo aplican impuestos ciegos al consumo, según alertó la organización sin fines de lucro Oxfam.

No obstante, ningún país de esta zona continental escapa de un modelo que busca tallar en piedra los beneficios a unos pocos.

Según Bárcena, una de las manifestaciones más elocuentes de la cultura del privilegio es la evasión fiscal, que en América Latina asciende al 6,3 por ciento del Producto Interno Bruto y equivale a 335 mil millones de dólares, mientras que el gasto en programas de protección social no contributiva apenas alcanza el 1,47 por ciento de ese indicador.

Todo ello, advirtió, con más de 70 por ciento de los latinoamericanos viviendo con ingresos que están por debajo de tres líneas de pobreza. Una vía para volver más eficiente la gestión del Estado frente a una contingencia como la que hoy plantea la Covid-19 podría descansar sin dudas en el fortalecimiento y el perfeccionamiento de los regímenes tributarios en el área.

A esto también ayudaría el convencimiento de que el mayor rigor debe recaer sobre aquellos que disfrutan de abultados patrimonios como medio para revertir la tendencia, tanta veces aplicada y que en el periodo postpandemia podría no resultar diferente, de castigar con paquetazos neoliberales a los que poco o casi nada tienen.

Por Ivette Fernández

La Habana, 21 mayo 2020
Crónica Digital/PL

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