El pasado 7 de mayo cumplí un año en prisión preventiva. Ese mismo día se vio mi caso en la Corte Suprema por un amparo. Una vez más perdí el derecho a salir con libertad provisional porque los jueces y ministros se hacen cargo, una y otra vez, de los dichos del fiscal de la causa en el sentido que mi libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Aburrido y cansado de la actitud temerosa y displicente de los jueces, que solo defienden la justicia en términos formales, pero que no preguntan ni profundizan –pudiendo hacerlo- en los argumentos de los abogados defensores que han expuesto, denunciado y reiterado en todas las audiencias que las acusaciones del fiscal en mi contra no tienen respaldo en pruebas (una fórmula elegante entre abogados para decir que el fiscal miente).
Insisto: lo único que me liga a esta causa es haber conocido al fallecido en el frustrado asalto a un banco en Talca y a quien gestionó el arriendo de la casa que ocupó la familia del grupo que participó en dicho ilícito -quien ignoraba el destino que se le daría al inmueble-. Conocía a ambos de la misma forma en que conocía y conozco a otras decenas de personas por mi profesión de abogado.
En uno de los teléfonos celulares encontrados a la persona que falleció, celular legal -no el “operativo”-, había un mensaje mío enviado días antes desde mi teléfono, cuyo número tengo contratado hace más de 10 años con la misma empresa de telecomunicaciones. Ese mensaje decía: “mañana nos juntamos y ahí decidimos”. Ese texto tiene relación con una causa de violencia intrafamiliar que el finado tenía en su contra y en la cual yo lo asesoraba como abogado ante su inminente formalización, de la misma forma en que lo hice antes en un proceso de compra y venta de una propiedad familiar.
Debo agregar que al momento en que envié el mensaje de texto citado, el grupo que participó en el frustrado asalto se encontraba en Talca y ya había arrendado la casa. A esas alturas, ¿qué cosa podía definir yo? La única explicación es que el mensaje no tiene relación con el ilícito en el que el fiscal insiste en vincularme.
Tras el frustrado asalto, fui contratado por un conocido, la persona que gestionó el arriendo del inmueble, para que lo devolviera y diera las explicaciones a la dueña y arrendadora. También para que concurriera a la Fiscalía correspondiente para poner a mi cliente a su completa disposición para la investigación de los hechos. Para realizar esas gestiones, viajé desde Santiago a Talca con el mandato legal correspondiente.
Quince meses después de mi concurrencia a Talca y a la Fiscalía, el fiscal del caso ordena mi detención por parte del OS-9, detención ejecutada en un operativo desproporcionado y violento.
A esa fecha, el 7 de mayo de 2019, habían transcurrido 15 meses desde el frustrado asalto, período durante el cual tuve intervenido mi teléfono celular y estuve con seguimiento policial en mis traslados. Lo anterior, más el peritaje a mi celular y al notebook incautado al momento de mi detención, solo arrojaron lo siguiente: mi vida gira en torno a mi familia y a mi trabajo.
Nota al margen: según informó el fiscal nacional, Jorge Abott, al Congreso en mayo de 2019 las intercepciones telefónicas en Chile aumentaron de 18 mil a 24 mil en el período 2014 – 2018, con un total de 106 mil grabaciones.
Una vez trasladado a Talca se me formalizó, materializándose las primeras mentiras del fiscal, ¿cuáles?…
Las mentiras del fiscal
1. El fiscal dijo que la persona que gestionó el arriendo (Carlos R.), viajó a Talca a elegir el objetivo. FALSO: Esta persona nunca viajó a Talca.
2. El fiscal dijo que Carlo R., entró a la sucursal bancaria para chequearla. FALSO, si nunca estuvo en Talca, ¿cómo iba a entrar a la sucursal?
3. El fiscal dijo que Carlo R., tiene su licencia de conducir falsificada o adulterada. FALSO, según peritaje dicha licencia es legítima.
4. El fiscal dijo que el grupo que participó en el asalto frustrado era de ex subversivos. FALSO, solo yo participé en un grupo así calificado por el sistema imperante en la época, me refiero al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que se opuso a la dictadura genocida de Augusto Pinochet… Y esa, creo, es la verdadera razón por la que estoy preso.
5. El fiscal dijo que el grupo tenía un alto poder de fuego. FALSO, los hechores contaban con 4 armas cortas (pistolas o revólveres), dos de ellas a fogueo.
6. El fiscal dijo que al grupo se le estaba investigando por otros 8 asaltos, por el “modus operandi”. Según el fiscal ese modo de operar consistía en que los asaltos tenían dos cosas en común: primero, usaban overoles (sin comentario). Segundo, por cómo actuaban al interior, “olvidando” que en el caso del banco en Talca nunca se redujo al guardia como sí ocurrió en los otros casos que maliciosamente intenta vincular.
7. El fiscal dijo en audiencias posteriores que, tras la detención del grupo, se habían detenido los asaltos…. Sin comentario.
8. El fiscal ha dicho que mi rol en esta asociación ilícita era llamar a la dueña de la casa arrendada y a la fiscalía para saber del caso e informar al grupo. FALSO.
En primer lugar, yo no conocía y por tanto nunca pude haberme juntado con los integrantes del grupo imputado -también consta en la investigación que ninguno de ellos me conocía-.
Segundo, la arrendadora en declaración ante el OS-9 dice que la llamé solo el día que devolví la casa. Nunca antes, nunca después. Y a la Fiscalía llamé sólo una vez. Dicha llamada fue grabada y dice en términos generales: “Me llamo Santiago Montenegro. Soy abogado y represento a Carlo R. Solicito una entrevista con el fiscal de la causa, pues mi cliente quiere aclarar su relación con el arriendo de la casa”. Nunca fuimos llamados. Nunca más llamé. Nunca pregunté por el estado de la causa.
9. El fiscal dijo en audiencia del 27 de noviembre de 2019 que yo había enviado mensajes a la hija de la dueña de casa para arrendarla. Ese día le grité en su cara al fiscal que mentía, que era un mentiroso y le exigí que especificara el número de celular desde el cual se enviaron los mensajes. Demás está decirlo, no fui yo quien los envió ni fueron enviados desde mi celular -el único que tenía y que he tenido-. Ante esto, el fiscal aseguró al juez que se había equivocado, que era “un error”.
La estrategia del fiscal es evidente: quería ubicarme temporalmente antes de los hechos que se investigan.
¿Qué hizo el juez ante esta mentira flagrante del fiscal? nada! Me mantuvo en prisión preventiva por no haber nuevos antecedentes en la causa.
10. El OS-9 en la investigación dice que como profesional solo tengo una causa en el sistema. FALSO. Lo que hicieron sus investigadores fue revisar solo las causas laborales que he representado, no las causas en materia penal (que es mi especialidad como abogado), donde tengo decenas de causas activas… tenía, pues por esta injusta prisión se ha declarado abandonada la defensa de las causas que llevaba y he sido sancionado por los tribunales donde estaban radicadas dichas causas, perjudicando además a mis representados.
El mismo OS-9 hizo un tour por Santiago buscándome en distintos edificios, dando a entender con esto junto a la falsa acusación anterior, que yo era un tránsfuga, que no trabajaba y que no tenía oficina. “Olvidó” el OS-9 buscarme en calle Huérfanos 1160, of. 601, Santiago, donde concurrí diariamente hasta el día anterior a mi detención. Este domicilio laboral está registrado en el pie de firma de todos mis correos, incluyendo uno que envié a la Fiscalía poniendo por segunda vez mi cliente a su disposición en esta causa.
Por todos estos “errores” del fiscal sigo preso, pues con esos antecedentes y otros que no vale la pena mencionar, se me niega la libertad por considerárseme un peligro para la seguridad de la sociedad.
Debo reconocer, en todo caso, que ha habido algunas honrosas excepciones: Una jueza, la misma que nos formalizó y que, por ende, es quien mejor conocía la causa estuvo en dos oportunidades por cambiar mi prisión preventiva por una caución al estimar que de ningún modo se me podía considerar un peligro para la seguridad de la sociedad. El fiscal apeló de inmediato y la Corte de Apelaciones de Talca, una vez más, lo respaldó.
Olvidan los otros jueces y ministros que consta en autos que vivo de mi trabajo, que nunca he sido condenado, que tengo un evidente arraigo familiar, social y laboral. Olvidan también las mentiras del fiscal y, por sobre todo, que me beneficia la presunción de inocencia, pilar fundamental del modelo judicial vigente elegido para administrar justicia en nuestro país
Como se han dado las cosas en estos ya más de 12 meses, al parecer no tengo otra opción que esperar al 7 de agosto -fecha programada para el juicio oral de la causa en la que el fiscal intenta vincularme-, para demostrar mi inocencia y salir absuelto… Anhelo que llegue el momento del juicio para terminar esta pesadilla que afecta a toda mi familia, a mis clientes, a mis amigos… pero, a todas luces con la actual crisis sanitaria que nos afecta, eso no ocurrirá el 7 de agosto y se postergará.
Como dije, yo debo demostrar que soy inocente y en este mundo al revés que se vive en Talca, no es la Fiscalía la que debe demostrar mi inventada culpabilidad, como sí debería ocurrir en el sistema judicial chileno si aquí funcionara.
¿Por qué el fiscal quiere que esté preso para el juicio oral? Pantalla y aplausos efímeros, aspirar a mostrarse como ganador, ser quien llevó a un integrante del FPMR al banquillo de los acusados. En el mundillo de este remedo de sherif eso vende y vende bien… Pero, ¿qué pasará cuando el Tribunal me absuelva? el fiscalito dirá: “Yo hice mi pega. Los tribunales, muy garantistas, no hicieron lo suyo”. Sabemos que no será ni lo uno ni lo otro la causa de mi absolución sino mi completa inocencia, pero eso es más menos lo que dirá el tinterillo talquino.
Seguiré luchando y clamando la verdad de este caso. Sé que el asalto al banco en Talca solo es una excusa para mantenerme preso. Las verdaderas razones las sabe el fiscal y, algún día no muy lejano, las tendrá que decir frente a una Corte, que no será la de sus conocidos de Talca.
¿Epílogo?
Ayer se confirmó que el virus Covid-19 está al interior de la cárcel de Talca. Esta situación, aunque previsible, echa por tierra el argumento dado cuando hace unos días se me negó por enésima vez el cambio de prisión preventiva por reclusión domiciliaría.
«Gendarmería ha tomado todos los resguardos para que el virus no entre a las cárceles» argumentaron. El fiscal incluso ironizó diciendo que yo estaba más seguro aquí encarcelado que afuera viviendo en cuarentena junto a mi familia. Omiten estos «funcionarios de la justicia» que el verdadero problema de enfermarse en la cárcel es la disponibilidad de tratamiento. Omiten que si en nuestro país no se respeta ni trata adecuadamente a un trabajador, menos se hace con un preso. Omiten también que en las cárceles ni siquiera se ha podido erradicar la tuberculosis (que adquirí en otra cárcel, en otra época, pero que aún hoy resiento sus secuelas). Tal vez estos funcionarios saben que el virus es solo un factor… un factor menos peligroso, tal vez, que el abuso que unos cometen y que otros permiten, creo yo.
“El virus no es peligroso”, dijeron desde sus lejanos, protegidos y cómodos sillones… y por video conferencia, por supuesto, no se vayan a contagiar!
Talca, 22 de mayo de 2020.
Santiago Montenegro M. Abogado Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal Ex Preso Político FPMR Cárcel Pública Temuco 1986 Penitenciaría – Cárcel Pública Santiago 1987 – 1990 Actualmente detenido en forma injusta en la Cárcel de Talca.
Santiago de Chile, 25 de mayo 2020
Crónica Digital
