Por Rafael Calcines *
«Si no morimos de coronavirus morimos de hambre», rezaba una tela colgada ante a la municipalidad de El Bosque, en Santiago de Chile, por manifestantes que reclaman la entrega de ayudas anunciadas por el gobierno para las familias más humildes.
La disyuntiva planteada en ese mensaje evidencia la grave situación del país, agudizada por la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el cual se ha encargado de confirmar las causas de la crisis económica y social que estalló en octubre de 2019 y que se fue gestando desde mucho antes por las profundas desigualdades de la sociedad chilena.
La crisis sanitaria por la Covid-19 ha alcanzado proporciones muy serias en las últimas semanas. El total de infectados se acercaba a los 74 mil, pero esa cifra aumenta cada vez más rápido porque crecen por día los nuevos contagios, que pasaron en menos de dos semanas de 400 a más cuatro mil diarios y también se incrementa en cada jornada la lamentable lista de fallecidos.
Otro dato relevante por sus consecuencias es que la cantidad de nuevos enfermos se distancia cada vez más de la de quienes son dados de alta, lo cual conduce a un incremento de las personas que acuden a los hospitales.
En la misma medida crece el temor entre la gente y las autoridades de que el sistema de
salud, cuya fragilidad ha quedado a la vista con la pandemia, pueda colapsar de un momento a otro.
Este preocupante panorama desvaneció el triunfalismo del gobierno que hablaba de que se había llegado a una meseta con tendencia a aplanar la curva de contagios, y la estrategia del presidente Sebastián Piñera de «retorno seguro a la normalidad» se transformó en medidas drásticas para tratar de contener la expansión de la pandemia.
A Piñera no le quedó más remedio que declarar la cuarentena total en toda la capital y varios municipios adyacentes, lo cual implica a más de siete y medio millones de personas, aproximadamente el 42 por ciento de la población del país.
También en otras ciudades, medida a la que se había negado a pesar de los insistentes llamados de los alcaldes, del Colegio Médico y personalidades políticas y sociales.
La crisis hace estragos en la economía, y en apenas dos meses alrededor de millón y medio de trabajadores han quedado sin empleo o perdieron parte de su salario.
Según reconoció el Ministerio de Trabajo, el paro podría pasar del siete al 18 por ciento, aunque centros de estudios y fundaciones dedicadas a temas económicos y laborales hablan de un porcentaje «real» alrededor del 25 para mediados de año.
Ese pronóstico tan negativo obedece a que en las cifras oficiales no se incluye el alto número de trabajadores informales existentes en Chile, que no poseen contrato ni previsión social.
Datos de la Dirección del Trabajo indican que más de 600 mil personas quedaron en pocas semanas bajo la Ley de Protección del Empleo, recibiendo solo parte de su sueldo, pero en empresas que no pudieron acogerse a esa legislación unos 100 mil corren peligro de despido.
Más de 90 mil empresas se acogieron a esa legislación por no poder pagar los salarios a sus trabajadores, la mayoría de ellas micros, pequeñas y medianas entidades, que concentran a más del 70 por ciento de la fuerza laboral del país.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que «esta es una crisis económica que nos va a golpear con mucha fuerza, va a haber un aumento muy importante del desempleo, van a haber empresas que van a quedar en el camino, y ambos elementos significan pérdidas de ingreso para las familias».
En medio de la crisis el gobierno ha ido «goteando» medidas para proteger a determinados sectores entre los estratos más vulnerables, pero en todos los casos, aunque esas disposiciones son positivas, resultan calificadas como insuficientes, tardías e incluso mezquinas en amplios sectores sociales y de la oposición.
Estos sacan en cara al gobierno que no osa tocar a los grandes capitales y mucho menos cambiar el modelo neoliberal que sustenta las inequidades en el país, y a pesar de las ayudas hace cargar a la gran mayoría de la población los efectos de la crisis.
Uno de los ejemplos más evidentes es la entrega a partir de fines de mayo de un Ingreso Familiar de Emergencia, una de las medidas más importantes en esa dirección, que según ha dicho el gobierno deberá llegar a cuatro millones de personas.
Sin embargo, ese ingreso, de unos 65 mil pesos chilenos (cerca de 80 dólares) establecido solo por tres meses, desde el propio gobierno se reconoce como insuficiente, pues se queda muy por debajo del nivel de pobreza y no alcanza para cubrir necesidades básicas, pero las autoridades del país alegan que no pueden hacer un esfuerzo mayor por falta de recursos.
Sin embargo, parlamentarios de oposición ingresaron al Congreso un proyecto de acuerdo que propone establecer un impuesto de 2,5 por ciento a las fortunas superiores a 10 millones de dólares, con lo cual sería posible crear una Renta Básica de Emergencia para las familias chilenas.
Con el dinero recaudado a los más ricos, se podría aportar un monto mensual de por lo menos 420 mil pesos chilenos (poco más de 500 dólares) para un grupo familiar promedio de tres personas, por seis meses.
Ello va en línea con lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que propuso un ingreso básico de emergencia por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares que se encontrarán en situación de miseria en 2020 en los países de la región.
La mejor prueba de la insuficiencia de las ayudas anunciadas -algunas de las cuales no han llegado todavía a sus destinatarios- han sido precisamente las protestas de vecinos en comunas pobres de la capital, clamando por comida.
Muchos incluso aseguran que no tienen dinero ni para saldar las cuentas de luz, gas, agua y teléfono, las cuales siguen llegando a pesar de los llamados a las empresas para que no corten el servicio y pospongan los pagos.
Como respuesta al hambre que toca a las puertas de miles de familias, Sebastián Piñera anunció con gran despliegue mediático la campaña «Alimentos para Chile«, consistente, según dijo, en la entrega gratuita de 2,5 millones de cajas de comida que beneficiarían al 70 por ciento de las familias más vulnerables y que llegarán «a todas y cada una de las comunas del país».
Sin embargo, más tarde el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aclaró que las familias beneficiadas con esas dos millones 500 mil canastas, son «más o menos, el 70 por ciento del 40 por ciento de los hogares más vulnerables de Chile«.
Ello indica que esa ayuda, reclamada por muchas familias desesperadamente, no estará al alcance de decenas de miles de chilenos, que aumentarán mientras las filas de los más vulnerables se nutran con la creciente cifra de personas perdiendo sus empleos o recibiendo sueldos más bajos.
Además, algunos alcaldes han aclarado que la caja de comida, que según lo previsto hasta ahora se entregará por una sola vez, solo alcanza para diez días a una familia promedio de cuatro personas, por lo cual muchos se hacen una pregunta de momento sin respuesta: ¿Y después qué?
*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 27 de mayo 2020
Crónica Digital/PL
